Una semana después de la rebelión popular que derrocó a Lucio Gutiérrez, ningún gobierno del continente reconoció al nuevo gobierno de Ecuador.

 

Perú reclamó un “voto de censura”, Chávez lo calificó como “un gobierno de facto”, Brasil asiló al derrocado Gutiérrez y la OEA envió una “misión de estudio”. Detrás de todos ellos, Estados Unidos rápidamente entró en choque con el nuevo gobierno.

 

Las razones de la oposición norteamericana son “comprensibles”. Bush no sólo perdió uno de sus más incondicionales subordinados en la región sino que, además, el gobierno encabezado por el hasta hace poco vicepresidente Alfredo Palacio está constuido por reconocidos opositores a los Estados Unidos. El ministro de Interior, Mauricio Gándara, es “un político conocido por su postura antiestadounidense (y) coordinador del independiente Grupo por la Dignidad y la Soberanía, creado el 28 de septiembre último para la defensa del país ante la injerencia de Estados Unidos en territorio ecuatoriano a través del Plan Colombia” (Ambito Financiero, 22/4). Por su parte, el ministro de Economía, Rafael Correa, es “calificado por muchos sectores productivos e industriales como ‘terrorista económico’, por sus posiciones críticas contra la dolarización y el pago de la deuda externa” (La Nación, 22/4).

 

En sus primeras declaraciones, Gándara anunció que el nuevo gobierno se propone “recuperar la base de Manta”, entregada por Gutiérrez al imperialismo, y que no otorgará inmunidad a las tropas norteamericanas que actúan en Ecuador. Correa, por su parte, anunció que el petróleo no será privatizado, que dará “prioridad a la deuda interna sobre la externa”, y ordenó la eliminación del Feirep, el fondo al que van a parar los excedentes petroleros y que es utilizado para el pago de la deuda externa. Por esta razón, la Standard and Poor's “degradó” la deuda ecuatoriana y en Wall Street ya comienzan a agitar “el riesgo de un nuevo default”. El propio Palacio declaró que Ecuador sólo firmará el Tratado de Libre Comercio (TLC) “en condiciones de igualdad con los Estados Unidos” y, en particular, se opuso a las concesiones hechas por Gutiérrez en el terreno del respeto a la biodiversidad (el saqueo de la Amazonia ecuatoriana por los monopolios norteamericanos) y la propiedad intelectual (leyes de patentes).

 

Por su personal y por su programa, el nuevo gobierno ecuatoriano ensaya una salida nacionalista a la crisis.

 

Los gobiernos de América Latina que se declaran centroizquierdistas y nacionalistas, y que dicen resistir al imperialismo, se niegan a reconocer a un gobierno surgido como consecuencia de una rebelión popular que derrocó a un títere yanqui en la región, que esboza un programa nacionalista y que, por esas razones, entra en choque contra el imperialismo.

 

Estos gobiernos hicieron lo mismo en la crisis boliviana (donde actuaron de manera sistemática para sostener al entreguista Mesa), en Venezuela (donde actúan para “contener” a Chávez) y en Haití (donde enviaron sus tropas a sostener al gobierno puesto por los yanquis).

 

Claro que Kirchner y Lula no actúan sólo por cuenta de los norteamericanos. Lula actúa por cuenta de Petrobras (parcialmente privatizada) y Kirchner por cuenta de Repsol-YPF, que tienen amplios negocios en Ecuador. Es que Palacio anunció que no privatizaría el petróleo.

 

En una mezcla de caracterización y deseo, Kirchner calificó a Palacio como “otro Rodríguez Saá”. En Ecuador, dice La Nación (22/4), crecen los rumores de un golpe militar. Lula y Condoleezza Rice exigieron, en Brasilia, nuevas elecciones para echar a los “intrusos”.

 

El movimiento popular

 

El movimiento popular que derrocó a Lucio Gutiérrez estuvo dominado por las clases medias de Quito. Un papel fundamental lo jugaron los estudiantes universitarios, en particular de la Universidad Católica y del Politécnico Salesiano. La composición social del movimiento llevó a varios observadores, algunos tan encumbrados como el propio Hugo Chávez, a ver “similitudes” entre la movilización de los “forajidos” ecuatorianos y la de los “escuálidos” venezolanos que en abril de 2002 protagonizaron el golpe contra Chávez (Venezuelanalysis.com, 25/4). Esta caracterización esconde una posición proimperialista.

 

Estas clases medias superaron, en el curso de la movilización, el encuadramiento de los partidos patronales, cuyo objetivo no era el derrocamiento de Gutiérrez sino la disolución de la Corte Suprema oficialista y un nuevo “reparto” de sus cargos. Esto quedó en claro cuando el Parlamento, dominado por la oposición, votó junto con el oficialismo la disolución de la Corte. Para la oposición burguesa se habían alcanzado los objetivos; para el pueblo en la calle, en cambio, la disolución de la Corte era un síntoma de la debilidad de Gutiérrez y entonces redobló su movilización. Las marchas desde la disolución de la Corte hasta la caída de Gutiérrez fueron las más numerosas y combativas. “¡Vamos ecuatorianos, que hoy lo botamos!”, era su consigna. La caída de Gutiérrez no estaba en los planes de la oposición burguesa.

 

“Ni siquiera los sectores de la socialdemocracia y aquellos que se designaban a sí mismos ‘participación ciudadana’ entendieron el mensaje (…) La autodenominada ‘Asamblea de Quito’ (una veintena de organizaciones, entre ellas partidos como la Izquierda Democrática y ONGs como Participación Ciudadana) presuntuosamente se asumió la representación del conjunto de la población, y lo peor fue que entró en negociaciones con el propio Ejecutivo y los bloques parlamentarios para ‘recobrar la institucionalidad’. La demanda de la población ‘Lucio fuera’ para ellos era mero radicalismo verbal, algo así como un ‘exabrupto de la masa’…” (Francisco Hidalgo Flor, en Rebelión, 24/4).

 

La movilización no cesó con la caída de Gutiérrez. Sus blancos fueron la embajada de Brasil, para repudiar el asilo que Lula le otorgó a Gutiérrez, y la embajada norteamericana.

 

En este cuadro, aparecen nuevas organizaciones que se asignan la función de “controlar” al nuevo gobierno, al que califican como “provisorio” y “temporal”. Una de ellas es la Asamblea Popular, que se formó en el edifico del Ciespal el día que cayó Gutiérrez. En el Ciespal se registró uno de los momentos clave de la rebelión popular: “Los sucesos del miércoles 20 fueron tan escalofriantes que a las 18 horas y 10 minutos los dos protagonistas —el anterior y el nuevo gobernante— yacían, por igual, en los sótanos. Lucio en el parqueadero del edificio España —sede de la embajada brasileña— (…) y Palacio en un subterráneo de Ciespal”, donde una multitud había ido a exigirle la inmediata disolución del Congreso (El Comercio, 24/4).

 

Esta Asamblea Popular del Ciespal estableció un “programa mínimo”: moratoria por diez años de la deuda externa, expulsión de los marines de la base de Manta, desvinculación del Plan Colombia, eliminación de las subvenciones a los partidos políticos (¡muy 'gorila' y 'escuálido' todo esto!), similar a los votados en las asambleas universitarias. Además, plantea la conformación de una Asamblea Popular Nacional, con delegados de las provincias para redactar el “nuevo marco legal” de una convocatoria a elecciones, en las que no podrían participar “todos aquellos que desempeñaron cargos públicos en los últimos 25 años”, es decir ni el oficialismo derrocado ni la oposición patronal (El País, 23/4). En forma unida a la Asamblea Popular trabajan los “Comités por la refundación de la república”, otra organización surgida al calor de las movilizaciones callejeras.

 

Los indígenas

 

El movimiento indígena, centralizado en la Conaie, el movimiento sindical y los partidos de la izquierda ecuatoriana estuvieron política y hasta físicamente ausentes de la pueblada que derrocó a Gutiérrez. El vicepresidente de la Conaie, Santiago de la Cruz, reconoció públicamente que “no protagonizamos la movilización” (El Comercio, 23/4).

 

Lucio Gutiérrez ascendió con el activo apoyo de la Conaie, del movimiento sindical y de la mayoría de las organizaciones de la izquierda ecuatoriana, lo que le valió que algunos de sus más altos dirigentes fueran designados como ministros. Hace dos años, la mayor parte de la izquierda latinoamericana celebraba la victoria de Gutiérrez como “una nueva derrota del neoliberalismo”.

 

Este apoyo entró rápidamente en crisis por los acuerdos de Gutiérrez con el FMI y Bush y por el hambreamiento a que sometía al pueblo para pagar la deuda externa. Gutiérrez cooptó a una parte de la dirección de la Conaie y desarrolló una sistemática política para fracturar al movimiento indígena. Como ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, presidente de la Conaie, gastó millones de dólares para crear su propia base. Vargas fue, posteriormente, declarado traidor y expulsado de la Conaie, pero antes había logrado armar su propia “red”, con las organizaciones indígenas del Amazonas y otros grupos menores como los evangélicos. En ellos encontró Gutiérrez su último respaldo.

 

La crisis ecuatoriana se extiende a las organizaciones populares integradas al Estado a través de sus direcciones centroizquierdistas y nacionalistas.