Es simplemente una tontería caracterizar lo ocurrido en Ecuador como un acontecimiento político aislado, una rebelión policial circunscripta a los salarios, aunque más no sea porque cualquier sublevación de una institución de seguridad, con sus jefes incluidos, constituye un principio de quiebra del aparato estatal. Que lo ocurrido haya tomado una forma política definida, según algunas opiniones, como consecuencia de la aparición de Correa en el ámbito de la policía, es un asunto circunstancial: si se hubiera recluido en su despacho, podía haber arriesgado una escalada mayor. De acuerdo con Hernán Ramos, de Clarín (1/10), “la policía ecuatoriana, a través de una larga y silenciosa expansión, se ha diseminado en muchas áreas que no son de su exclusiva competencia: tránsito, aduanas, migración y narcotráfico”. Si esto es así, ha pasado a igualar en importancia a las fuerzas armadas. “La entidad policial, prosigue el periodista, tiene fuertes conexiones -financieras, tecnológicas y operativas- con Estados Unidos y se apoyó en sectores de la derecha tradicional… La sublevación policial no es ingenua…; la policía se volvió un actor político. ¿Qué intereses defiende? Las respuestas categóricas… están en algunas embajadas”. En un informe oficial, difundido en octubre de 2008, el ministro de Defensa de Ecuador había denunciado operaciones de cooptación de la policía y fuerzas armadas por parte de Estados Unidos (Jean-Guy Allard, 1/10). El canciller de Cuba, a su vez, destacó, en un comunicado, que el vocero de Obama había declarado que “sigue de cerca la situación” en lugar de rechazar la acción policial. El enviado especial de Clarín (4/10) señala algo más: “El viernes, cuando aún no se habían disipados lo vahos de pólvora y gases lacrimógenos arrojados por policías y soldados durante las batallas registradas el jueves por la noche (los comandantes de las tres armas) se reunían con el ministro de Defensa para asegurarse que no se les iban a recortar los incentivos económicos como a la policía. Fue una reunión rápida… Salieron con la garantía de que tienen una partida de dinero para seguir pagando los bonos extras por ascensos y condecoraciones (…), las fuerzas armadas están teniendo una gran influencia en el aparato del Estado. Por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se adjudicó obras civiles por 800 millones de dólares (en un presupuesto de obras de 5.000 millones)”. O sea que para dominar la asonada policial, Correa tuvo que someterse a una extorsión del ejército, que dejó sin base a los sublevados. En lugar de deshojar la margarita sobre si hubo golpe o no, la crisis dejó en claro una tendencia potencialmente golpista que se conjuró por medio de una negociación con los árbitros militares de la situación. Esta constatación es suficiente para justificar una movilización contra la sublevación, independiente del gobierno, y la denuncia de la capitulación de Correa frente al alto mando militar. Cualquier otra cosa constituye una pasividad sectaria y una complicidad con la capitulación oficial.

Una ojeada a la situación de conjunto de Ecuador es suficiente para caracterizar que la sublevación de la Policía forma parte de un contexto de crisis más amplio. Más allá de su demagogia bolivariana y de las repetidas promesas de producir una moneda del Alba, la economía ecuatoriana está dolarizada. Esto significa que Ecuador no tiene otras fuentes de financiación que las que encuentre en el mercado internacional -que solamente halla en China. A pesar de carecer de moneda propia, Ecuador registra un déficit fiscal enorme -dos mil millones de dólares. El nivel internacional de costos y precios constituye un obstáculo absoluto para desarrollar un mercado interno sobre la base de fuerzas productivas nacionales. Esto explica las concesiones cada vez mayores de Correa a las multinacionales de la minería, el petróleo y la madera, y su auto-obligada política de ajuste. Por otro lado, el acercamiento de Correa a Colombia, para desarrollar ‘la seguridad democrática’ en la frontera común, ha reforzado la posición política de las fuerzas armadas y de seguridad. Debido a la entrega del agua a las mineras y petroleras, y al ajuste del gasto social, Correa enfrenta desde hace tiempo una oposición popular y la fractura de su bloque parlamentario. De aquí su insistencia en disolver la Asamblea Nacional. Es decir que la sublevación policial es una manifestación del estallido de las contradicciones insalvables de “la revolución ciudadana” de Correa. Todo el mundo plantea en Ecuador un cambio de régimen (¡pero no de la dolarización!) -el que viene del campo militar es, por eso, en última instancia, golpista. Que el imperialismo no explote estas contradicciones para romper el bloque chavista en Sudamérica sería una verdadera anomalía, aunque quiera llegar a ello, hasta cierto punto, con la connivencia de Correa. Raúl Zibechi, un bolivariano, dice en el periódico uruguayo Brecha (1/10): “No se trata, en rigor, de un golpe de Estado”, algo en lo que coincide, del otro lado, M. Shifter, del Diálogo Interamericano (Buenos Aires Herald, 3/10); ambos son incapaces de caracterizar políticamente la asonada, porque reducen el golpe a una definición metafísica.

Es claro que el desenlace de la crisis ha debilitado al gobierno -no lo contrario, como pretende Correa. La sublevación no ha sido entonces inocua. Lamentablemente, el movimiento popular en Ecuador no intervino en forma práctica en la crisis, o sea que ha salido más debilitado que el gobierno. No ha recogido la experiencia histórica, que enseña que las intervenciones combativas en situaciones de este tipo, independientes de los gobiernos nacionalistas o reformistas, son generalmente una escuela preparatoria de una salida realmente popular. Correa aprovechará esta manifestación de impotencia de las organizaciones populares y, por otro lado, se ha colocado ante la obligación de recostarse en las fuerzas armadas que le sacaron las papas del fuego.