El 9-N catalán

Más de dos millones de personas participaron de la consulta no vinculante, con un 80% de votantes a favor de que Cataluña se transforme en un Estado independiente. La enorme participación popular va en línea con las recientes movilizaciones. La consulta, sin embargo, es una versión degradada del plebiscito vinculante que no se llevó a cabo, debido a la capitulación del gobierno catalán frente al Tribunal Constitucional de Rajoy y la monarquía. La burguesía catalana no es partidaria de la independencia ni de una ruptura con la monarquía, y sólo un ala de ella apuesta a alcanzar una mayor autonomía fiscal. El gobierno de Mas procura contener al ala izquierda del movimiento independentista y negociar con Madrid una salida a la crisis planteada en medio del clamor popular por la independencia.


La crisis política española se desarrolla con lentitud, pero de manera inexorable. En los últimos cinco o seis meses, hemos asistido a un conjunto de hechos que agudizan el proceso de descomposición: la convulsión en las elecciones europeas, el relevo en la monarquía, los escándalos de corrupción más graves de las últimas décadas y el conflicto entre el Estado y Cataluña. El gobierno derechista de Mariano Rajoy ha intentado encontrar alivio en los datos macroeconómicos, pero el optimismo es una impostura: no hay indicios de una recuperación, más allá de los datos favorables del empleo (precarizado y mal remunerado), explicables por la actividad en el sector de servicios durante el verano. Los próximos meses serán muy duros para el gobierno y decisivos en los diferentes terrenos de conflicto.


 


Frenos


En septiembre de este año, el gobierno catalán de Artur Mas aprobó la ley de consultas que debía ser el instrumento legal que permitiera la votación sobre la relación de Cataluña con el resto del Estado. Mas cedió ante la impugnación de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. El bloque soberanista de los partidos políticos catalanes se deshizo por unos días. El desánimo se extendió entre los partidarios de la independencia, que confiaban en que la unidad de los partidos superaría la suspensión. ¿A tal grado de improvisación estaba expuesta la estrategia de los partidos nacionalistas? La izquierda independentista reclamó la desobediencia y la realización de la consulta tal como se había planteado. Su firmeza duró sólo unos días.


 


El acuerdo llegó pocos días después. Mas anunció que se realizaría un “proceso de participación ciudadana”, con la misma pregunta de la consulta anterior. La “audacia” consistía ahora en rebajar el grado de implicación de las instituciones catalanas, la no participación de funcionarios sino de voluntarios, no firmar un decreto oficial y no utilizar el censo electoral; es decir, se trataba del intento de sortear una nueva suspensión legal. La insatisfacción fue grande en la mayoría del movimiento, pero se acabó aceptando el planteamiento de Mas. El momento de la ruptura de la legalidad española se había aplazado. A pesar de las precauciones de Mas, el gobierno de Rajoy impugnó también la consulta simbólica, obteniendo nuevamente el aval del Tribunal Constitucional.


 


9-N


En cualquier caso, el domingo 9 de noviembre tiene que caracterizarse como una jornada de movilización masiva. El pueblo catalán expresó con claridad la defensa del derecho de autodeterminación. La izquierda independentista ha vinculado la independencia con el lema “para que todo cambie”. Si quiere ser coherente, tendrá que comenzar una campaña autónoma que movilice a los trabajadores y los jóvenes en torno a un programa anticapitalista.


 


Una salida anticapitalista


CiU, el partido de Mas, ha aplicado las mismas medidas que el PP en Madrid o en cualquiera de las autonomías en que gobierna. Mas no sólo ha hecho “recortes” (restricciones presupuestarias que afectan al gasto público en educación, sanidad y servicios sociales), sino que también ha privatizado y ha reprimido los movimientos de protesta. Además, ha callado sobre la corrupción en sus filas.


La izquierda se verá desarmada si no acierta en la caracterización de la coyuntura y en la política necesaria. Los problemas no vienen porque “Espanya ens roba” (“España nos roba”), como se afirma desde un sector del nacionalismo. Una política anticapitalista consecuente no puede consistir en la vigilancia de los pasos de Mas. Debe plantear los dilemas del momento en términos clasistas para no perder de vista el carácter de las fuerzas que dirigen el proceso en curso. Debería organizarse en los barrios obreros, entre la inmigración, entre la juventud combativa, entre los trabajadores no nacionalistas, expuestos a la influencia de los partidos reaccionarios contrarios a la autodeterminación. Debe proponer un proyecto propio de ruptura con el Estado monárquico y la Unión Europea, una salida anticapitalista a la crisis. Y unirse a los trabajadores de los demás pueblos del Estado, única posibilidad de triunfo. Un auténtico proceso de autodeterminación necesita que el movimiento obrero, la juventud y la izquierda española levanten la bandera de la independencia de clase y la unión libre de repúblicas.