La Iglesia Católica es protagonista de un nuevo escándalo en Irlanda. Esta vez, una investigación dirigida por el ministro de Justicia, Dermot Ahernda, concluyó que entre 1975 y mediados de 1990, medio centenar de sacerdotes de la arquidiócesis de Dublín violaron con “perversión sistemática y calculada” a por lo menos 450 chicos. El texto subraya “la connivencia entre los obispos dublineses y las autoridades, que les garantizaron inmunidad”; la policía los alertaba de las denuncias y tardó 20 años en presentar cargos contra un cura acusado. En tanto, “la única preocupación de la arquidiócesis fue mantener el secreto, evitar el escándalo, proteger la reputación de la Iglesia y conservar sus bienes”. El cardenal Desmond Connell, hasta el año 2004, intentó impedir que la Justicia revisara sus 60.000 legajos sobre abusos, que finalmente fueron entregados por su sucesor, el arzobispo Diarmuid Martin, “un veterano diplomático” designado por el Vaticano para enfrentar el escándalo” (AP, 26/11).

En nombre del gobierno, Ahernda se disculpó por lo que llama “el fracaso del Estado en proteger a centenares de niños” y prometió que esta vez los acusados serán llevados a juicio. Pero el pacto de impunidad sigue vigente: a pesar de la extensión de los abusos y del encubrimiento de las autoridades laicas y religiosas, el gobierno no fue capaz “de hallar pruebas de la existencia de una red organizada de pederastia en la Arquidiócesis” y se negó a identificar a los paidófilos “para no prejuzgar presentes o futuros casos penales”. Por otra parte, la curia no fue apartada de las instituciones de menores. El gobierno, prudentemente, autorizó que la investigación alcanzara sólo hasta mediados de los ’90.

En mayo, otra investigación oficial, el “Informe Ryan”, demostró que el clero violó, golpeó, hambreó, explotó en su beneficio económico y sometió al terror durante seis décadas a más de 30.000 chicos pobres (el 3% de la población irlandesa), confinados por el Estado en 216 escuelas públicas, orfanatos, manicomios y otras instituciones que administraba el clero. Después de añares de rechazar las denuncias de las víctimas, el gobierno recién se avino a formar una comisión investigadora en 2001, con la condición de que los curas y monjas no fueran sometidos a la Justicia ni trascendiera su identidad.

La violencia sexual es estructural a la Iglesia Católica. Los obispos dublineses sólo acataron las indicaciones secretas del Vaticano, firmadas por el entonces cardenal Ratzinger, que los obliga a ocultar los casos de paidofilia y a tratar de que las víctimas retiren las denuncias por la vía de la coacción, la amenaza o el soborno.