Por donde se lo mire, el asesinato del intendente de Santo André, en la periferia industrial de San Pablo, lleva la marca del asesinato político. Celso Daniel era uno de los políticos más conocidos del PT (Partido de los Trabajadores), al que las encuestas dan como seguro participante del segundo turno de las elecciones presidenciales, en octubre próximo. Ya miembro del segundo escalón del aparato estatal en la década del ‘70, había sido cuatro veces intendente de la importante ciudad paulista y diputado federal. Miembro destacado de la corriente dirigente del PT, la “Articulación” lulista, había llevado adelante en Santo André, de modo ejemplar, la política que aquélla consideraba conveniente para tornarse “potable” a los ojos del gran capital nacional e internacional: reducción de salarios y despidos de empleados públicos, privatización de diversos servicios públicos, entre ellos el transporte, etc. Para las elecciones de este año, era nada menos que el coordinador del programa del candidato presidencial del PT, Lula, lo que le confería un peso decisivo en la campaña electoral y un carácter de ministro en potencia.

El secuestro y asesinato nada tuvieron de “aficionados”: fueron utilizados coches ultra-modernos para someter la rural blindada en que se encontraba Daniel, así como armamento propio del ejército o la policía. El cuerpo de Daniel fue encontrado acribillado con balas 9 mm y 380, y con evidencias de brutales torturas (una mandíbula fracturada y fuera de lugar) antes del asesinato.

Desde 1997, y especialmente a partir de 1999, existe una escalada de atentados y asesinatos contra políticos, en especial de izquierda y del PT: Dorcelina Folador, miembro de la izquierda petista (Articulación de Izquierda) e intendenta de Mundo Novo (Mato Grosso do Sul), fue asesinada a finales de 1999; en septiembre del año pasado fue asesinado “Toninho do PT”, intendente de Campinas (hoy el más dinámico centro industrial del Brasil), también vinculado a la izquierda del partido (su principal dirigente, Valter Pomar, es secretario de Cultura de Campinas). El 6 de diciembre pasado, el PT dirigió una nota al gobierno federal señalando la escalada de violencia contra sus militantes, con una lista de 94 (¡!) atentados, amenazas y asesinatos cometidos contra gobernadores, intendentes y concejales del partido en los últimos tres años.

El coordinador del Movimiento de los Sin Tierra, José Rainha, fue víctima de una encerrona, el sábado 19, en el Pontal do Paranapanema, a 256 km de San Pablo. Unas quince personas armadas, que se desplazaban en varios vehículos, se cruzaron al paso del automóvil en el que viajaba Rainha en compañía de otras dos personas. Los agresores abrieron fuego fundamentalmente contra Rainha, que salió del vehículo y comenzó a escapar. Recibió dos disparos en la espalda. Los agresores se alejaron creyendo posiblemente que todos estaban muertos, porque los acompañantes de Rainha, Fátima Siqueira y el líder del MST en San Pablo, Sergio Pantaleao, tendidos en el suelo, fingieron estar sin vida. El cabecilla de los atacantes fue reconocido y detenido horas más tarde: es Roberto Junqueira, hijo de la dueña de uno de los fundos de la región, ocupado recientemente por 267 familias del MST.

Se ha formado un coro para atribuir el asesinato de Celso Daniel, y los precedentes, al llamado “crimen organizado”; coro que incluye al propio PT, el que declaró que los asesinatos “son consecuencia de la incapacidad de las policías estaduales y de la Federal de enfrentar al crimen organizado. El problema fundamental, hoy, es el de la impunidad con que actúan las bandas” (Jornal do Brasil, 21/2), versión con la que coinciden el gobierno y casi todos los políticos que se manifestaron. Pero no todos: los senadores del PT, Heloísa Helena y José Eduardo Dutra, que han recibido constantes amenazas, declararon de inmediato que el de Daniel ha sido un “crimen político”, sin atribuirlo específicamente a nadie. Al mismo tiempo, los diputados José Dirceu (presidente del PT) y Aluizio Mercadante (secretario de Relaciones Internacionales) plantearon la hipótesis del crimen político: “Infelizmente, no existe otra alternativa” (Folha de S. Paulo, 21/2).

La realidad es que buena parte de la “mano de obra desempleada” de la dictadura brasileña, parapoliciales y torturadores del Deops y del DOI-CODI, se recicló, como en Argentina, en las actividades criminales (recientemente, por ejemplo, Airton Guimarães, ex-capitán y responsable por la “operación Oban” de la dictadura, fue relacionado como traficante de drogas y responsable del juego clandestino), lo que no significa que haya dejado de ser una fuerza de choque y provocación política, en caso necesario. El crimen de Celso Daniel, así como el de Toninho, llevan su clara marca: ambos han sido reivindicados por una cierta “FARB” (“Fuerzas Armadas Revolucionarias Brasileñas”), cuyos comunicados, plagados de errores ortográficos, gramaticales y, sobre todo, de conceptos políticos, dejan claro el tejido de la provocación. La “Cúpula de las FARB” (sic) dice haber cometido los asesinatos para oponerse a la alianza del PT con el “centro-derecho” (re-sic), lo que revela un lenguaje parapolicial.

Supuestos secuestradores, por otro lado, mantuvieron contacto telefónico con el senador Eduardo Suplicy (PT) y con el gobernador derechista de San Pablo (Alckmin) hasta minutos antes del descubrimiento del cadáver de Daniel, exigiendo el traslado de dos presos (no se ha dicho cuáles) de Brasilia a San Pablo. Otro elemento de sospecha es que los “secuestradores” nada hayan hecho contra el acompañante de Daniel en la rural blindada, que era el propio propietario del vehículo, Sergio Gomes da Silva, a pesar de ser éste un conocido empresario y de encontrarse fuertemente armado durante la “acción” (bajó del coche exhibiendo una pistola). Gomes da Silva prosperó como ex “funcionario de seguridad” de Santo André, bajo las intendencias de Daniel y del PT, transformándose en empresario, que se benefició de contratos con la alcaldía sin licitación, en un caso de corrupción que conmovió a la opinión pública. Otro intendente petista, José Augusto, de Diadema (uno de los municipios más pobres y violentos del Brasil) fue, en su momento, expulsado del partido por contratar parapoliciales para usarlos contra la izquierda y las luchas por vivienda de la población local.

El PT ha declarado que “a medida que se aproximan las elecciones, hay una tendencia al agravamiento de la violencia política, en el caso de que no sea cohibida”. El PT tiende a cerrar filas con el gobierno en el aumento del presupuesto y las prerrogativas policiales, mientras algunas voces de “izquierda” reclaman inclusive una intervención de las Fuerzas Armadas contra la “violencia”. A esto deben sumarse las denuncias del imperialismo, acogidas por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, acerca de la transformación de la frontera sur del país (Foz de Iguazú) en “terreno libre” del “terrorismo islámico”. La violencia asesina contra los campesinos sin tierra del MST es, por otro lado, endémica.

El telón de fondo es el agravamiento de la crisis política, en el cuadro del “contagio” de la crisis argentina. La única candidatura que compite en posibilidades con Lula en las elecciones de este año, es la gobernadora de Maranhão, Roseana Sarney, una aventurera con una base política aun más débil que la del derribado Fernando Collor de Mello. La propaganda televisiva de la candidata nordestina utiliza profusamente las imágenes de las luchas y cacerolazos argentinos, para plantearse como única alternativa frente a un “caos” a la argentina. La timorata reacción del PT, frente a la crisis argentina, e inclusive frente al asesinato de sus propios cuadros dirigentes, sin esbozar siquiera la perspectiva de la defensa popular armada de sus propios mandatos parlamentarios, municipales y estaduales (que encontraría un eco ampliamente favorable en la población), demuestra que la radicalidad de la situación brasileña está comenzando a superar las posibilidades de estas direcciones. El PT, que esperaba encontrar en estas elecciones un clima de menos provocaciones y más comprensión, por parte de la burguesía y el imperialismo, que en las tres campañas presidenciales precedentes (debido a la “buena letra” realizada en la gestión de estados y municipios), se está encontrando con asesinatos y un clima de guerra civil.