“Rafael Stafanini se enteró hace dos años de que sufre una grave enfermedad que lentamente irá minando sus capacidades físicas. Dice que, en estas condiciones, no quiere seguir viviendo… que su clamor de muerte es el reclamo de un derecho íntimo, último e individual. ‘No acepto condicionamientos del tipo: esto no, porque el sentido común lo prohíbe, esto no: porque la religión. El que diga esto, que aguante un dolor 24 horas durante dos años. Yo amo la vida bien vivida. Mi último grito será un grito de rebeldía, me pueden matar, no me pueden vencer’…”.

Esto fue publicado por el diario La Voz del Interior, el 4/12. Lo dijo un trabajador de Córdoba, albañil y pintor, gravemente enfermo y sin cura, que, además de enfrentar un trance durísimo, está obligado a defenderse ante la negativa legal a que le suministren asistencia médica para terminar con su vida degradada por el dolor, las penurias físicas y síquicas.

Está reclamando el derecho a la eutanasia, o sea el suministro de sustancias que le permitan una muerte calma, que ponga fin a condiciones de vida no deseadas. Salir de una agonía insoportable, despedirse de la vida, en condiciones de integridad personal.

Eso es la eutanasia, estrictamente el “bien morir”.

Los casos que se han hecho públicos dan la magnitud del problema: en España, un hombre que vivió 28 años postrado en una cama, R. Sampedro, después de reclamar a la justicia, sin éxito, para que lo ayudaran a morir, se suicidó frente a las cámaras de televisión.

Otro recordado peregrinaje por los tribunales es el de los padres de Karen Quinlan, en Estados Unidos, a los que se negó, por años, la desconexión de los aparatos que mantenían a su hija en estado vegetativo, que había sufrido muerte cerebral.

Time relata el caso del enfermo terminal que recurrió al Dr.Kevorkian (llamado Dr. Muerte por sus detractores). Este le suministró una inyección letal, filmando el hecho que luego fue televisado por la CBS. En otras oportunidades había ayudado a morir a enfermos, con máquinas que accionaban ellos mismos. Por su última intervención, enfrenta un juicio por asesinato en primer grado.

En los casos mencionados, como en muchos otros, el “bien morir” se ha transformado en una batalla a muerte contra el Estado y la Iglesia. Miles de usuarios de Internet dejan sentada su opinión, además de los artículos y publicaciones que se envían. Sólo en los textos en castellano, hay casi 2.900 sitios donde se habla del tema, con declaraciones de este tipo: “Un tetrapléjico puede cumplir una condena más larga que la mayor pena de prisión en España”.

Hoy, cuando se cuenta con tecnología que permite la cura de muchas enfermedades, el tratamiento de otras y, en última instancia, la muerte indolora, existen férreos opositores a esta práctica.

En los hospitales públicos, la mayor parte de la población está, día tras día, más despojada de la tecnología médica: los trabajadores enfermos no tienen derecho a la eutanasia, ni tampoco, muchas veces, a las costosas drogas para curarse o paliar el dolor. Los gritos en esas salas quedan grabados para siempre, en los tímpanos del que alguna vez los escuchó.

Pero, como reconoce Time, “el oscuro secretito de la eutanasia es que se practica en forma corriente”. Tanto en las clases pudientes como en los sectores más humildes, claro que de maneras muy diferentes. Para los trabajadores, la eutanasia la determina la falta de recursos, de presupuesto y las carencias, no sólo el dolor. Otros sectores disponen de medios para procurarse a sí mismos y a sus familiares muertes en buenas condiciones.

Pero no existe mayor hipocresía que negar la necesidad de la población, reflejada en el mismo hecho de su práctica real y cotidiana. Sólo que, como en el caso del aborto, las instituciones lo penalizan y niegan su atención.

La Iglesia, una vez más

El primer opositor a este derecho es la Iglesia. En Argentina, se pronunció en su nombre Daniel Blanco, un cura licenciado en teología. “No le corresponde al hombre —dijo— decidir cuándo va a poner fin a su vida”.

Además de condenar por suicida al que lo pide y de asesino al que acepta dar la ayuda, explica que, en realidad, los deseos no siempre brotan de la racionalidad o de nuestra dignidad, erigiéndose en intérprete perverso del deseo del enfermo.

La Iglesia siempre ha procurado convencer a los trabajadores de que están destinados a llevar una vida miserable y, por lo tanto, una muerte similar. Extensamente manifestado en la trayectoria del más moderno de sus santos modelos: la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía que su objetivo era “enseñar a morir”. Sus hospitales, llamados “Hospitales de la Muerte”, no permitían aplicar los métodos avanzados para el diagnóstico, el tratamiento y el alivio del dolor por ser extraño al ‘espíritu de la casa’.

Si una mujer queda embarazada sin desearlo debe resignarse a un nacimiento y a una maternidad no saludables y, muchas veces, ni siquiera sostenibles. Si una pareja sufre el derrumbe de su relación debe resignarse a una vida de tortura mutua. Si un enfermo sufre dolores terribles, un mal terminal o condiciones físicas y/o mentales degradantes deberá resignarse a una muerte brutal. A pesar de que existen los medios materiales para que toda la humanidad vea satisfechas sus necesidades, tiene que resignarse al crecimiento de la pobreza. Esta resignación procura evitar la indignación y la rebelión contra estas condiciones.

Miguel Villafañe, un ex juez federal, explica los basamentos del derecho argentino en contra de la eutanasia en los preceptos de la Iglesia: sólo existe el derecho a la vida desde la gestación (también se opone al aborto legal), no existe el derecho a la muerte por ser opuesto a la vida.

El régimen que empuja al suicidio a los jubilados indigentes y a los desocupados desesperados trastroca el concepto elemental de que la muerte es un acontecimiento que forma parte de la vida. La proscripción del derecho a la eutanasia deroga también el derecho a la vida.

El oficialismo hace suya la hipocresía del clero. En 1995, el juez Pedro Hoof falló en contra de un diabético (Angel Parodi) que había solicitado que no se le aplicara un tratamiento para evitar su muerte, lo cual implicaba la amputación de su pierna. El juez aclaró expresamente: “Yo, con la eutanasia activa, en el sentido de procurar la muerte a una persona, judicial y éticamente, no estoy de acuerdo”.

La convulsión provocada por este caso llevó a los partidos patronales, el PJ, la UCR (ahora Alianza) y hasta al Modin, a presentar tres proyectos para legalizar la decisión de los enfermos que se niegan a recibir tratamientos que implican sufrimientos o no dan perspectiva de mejora.

Los proyectos, que se diferenciaban sólo en formalidades, no prosperaron; los enfermos no tienen ni el derecho de decidir sobre los tratamientos que se aplicarán a sus cuerpos.

Por otra parte, el Consejo de Médicos, si bien no llegó a pronunciarse a favor de la eutanasia, estableció las condiciones en las que debería darse. Como los trabajadores de la salud se enfrentan diariamente con el problema (la resolución queda, muchas veces, en sus manos y corren el riesgo de ser acusados y procesados), el Consejo estaba obligado a pronunciarse.

Holanda y Soros

En Holanda, como también en dos estados, uno en EE.UU. y otro en Australia, la eutanasia es legal desde el año 1984.

Sin embargo, en Holanda, la situación no está resuelta: en el año 1995, murieron más de 4.000 personas por eutanasia, pero sólo existen 6 hospitales para enfermos terminales. “Los ancianos temen ir a los hospitales o residencias de tercera edad por temor a ser eliminados”, comentan en Internet.

Es que en Holanda el derecho jurídico a la eutanasia ha sido aplicado junto a la política de reforzamiento del negocio privado de la salud y de reducción del presupuesto destinado a la atención gratuita de los enfermos, ancianos, discapacitados y dementes. Por lo tanto, la eutanasia fue ‘recorvertida’ en una política de ‘recorte’ de gastos del Estado.

El capitalismo en estado de decrepitud comete los crímenes más espantosos para honrar la tasa de beneficio.

Por otra parte, la revista Noticias publica que Soros, el especulador húngaro-yanki, ha donado 15 millones de dólares a organizaciones norteamericanas que están a favor de la eutanasia. Pero también ha hecho otras donaciones millonarias a diferentes organizaciones de ‘bien público’, sugiriendo que sus dólares necesitan de un ‘lavado’. Es el régimen social el que requiere un final definitivo.

¿Es suficiente el derecho jurídico?

Defender el derecho democrático a la eutanasia es una necesidad.

Pero, en la sociedad presente, la muerte es moneda corriente para la población y la defensa de la vida un discurso mentiroso.

Los hospitales públicos, derrumbados. Los ancianos y jubilados, condenados a una vejez miserable, sin atención, sin remedios. Las obras sociales, arancelizadas, vaciadas y en vías de extinción. Hasta los sanos mueren como moscas porque los seguros por accidentes de trabajo resultan baratos y beneficiosos para los empresarios. La desprotección social abarca a los trabajadores, hombres y mujeres, sanos y enfermos, a los discapacitados, a los débiles metales, a los niños, jóvenes, viejos, a los enfermos terminales y a los moribundos.

La única muerte legislada es la no querida, la que se puede evitar.

Donde existe el derecho a la eutanasia, no existe el derecho social a la protección de los enfermos, ancianos y débiles en general, ni en la vida ni en la muerte. Porque está instrumentado por políticos que protegen las ‘inversiones’.

Es una responsabilidad social asegurar a cada enfermo la máxima disposición social, para su cura, para su alivio. Así como para garantizar sus medios de subsistencia y los de su familia, los medicamentos, la atención médica y sicológica, las mejores condiciones de vida que se le puedan otorgar, para que no se especule con la vida por los achiques del presupuesto sanitario. Si fuera imposible su cura o alivio y su vida es una tortura que se vuelve insoportable, es una responsabilidad social atenderlo, asistirlo, a él y a su familia, para que pueda despedirse de la vida sin sufrir.

El derecho a la eutanasia está fuertemente ligado a la defensa de una salud pública bajo el control de los trabajadores, como única garantía de que se coloque a favor de la población.

El trabajador enfermo de Córdoba lo explica muy bien: “Por qué obligar a una persona a vivir de una manera determinada hasta que a la sociedad ‘se le cante’. Por qué la Iglesia, por qué los médicos, por qué…”.

“(los socialistas) …tienen que proclamar, en la cara de los hipócritas de todas las morales, que la tierra dejará de ser el valle de lágrimas del trabajador” (Paul Lafargue).