El miércoles 6 de mayo, los jueces del Tribunal Constitucional alemán (TCA) cuestionaron por medio de una sentencia la “legalidad” de uno de los programas del Banco Central Europeo (BCE). Banco presidido por Christine Lagarde, ex directora del FMI. Esta sentencia se refería a la compra masiva de deuda pública que había realizado en el pasado el BCE en los mercados secundarios. Recordemos que la compra masiva de deuda pública permite a los Estados endeudados mantener su capacidad de endeudarse en el mercado a un interés relativamente bajo. Esta sentencia provocó un verdadero terremoto político.

Lagarde anunció de inmediato que mantendría su programa de compra de deuda. El viernes 8 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que el fallo del TCA “amenazaba la unidad de ordenamiento jurídico de la Unión y la seguridad jurídica”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (posible sucesora de la canciller Angela Merkel en Alemania), declaró después que el TCA había “invadido la soberanía europea” al extralimitarse en sus competencias. El TCA, en su sentencia, da tres meses al Bundesbank (banco central alemán) para que se presenten pruebas de que la compra de deuda pública de los diferentes Estados no es una intervención fiscal encubierta en favor de países con dificultades financieras como Italia o España. De no ser así el Bundesbank no podría seguir aportando fondos al BCE si éste sigue comprando deuda. El BCE vive de las aportaciones de los diferentes bancos nacionales (de los 19 países de la zona euro). El problema es que la contribución del Bundesbank es la mayor de todas, un 26,4%. Si el banco central alemán cesara de participar esto haría estallar la base de la eurozona amenazando con ello al conjunto de la Unión Europea.

¿Qué intereses hay detrás de este conflicto “jurídico”?

El TCA representa los intereses de una parte sustancial de la burguesía alemana y del Estado reconstituido después de la II Guerra Mundial que en 1990 incorpora la antigua RDA. El ahorro y las rentas de la burguesía y sectores de las capas medias en Alemania es considerable. Es una de las bases de la estabilidad relativa de su economía capitalista pero aumenta de manera importante la especulación financiera en detrimento de la inversión masiva del Estado en servicios e infraestructuras.

La burguesía alemana no es unánime al respecto. Así, el gobierno Merkel no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la sentencia del TCA. Wolfgang Schäuble, el actual presidente del Bundestag y que, cuando era ministro de Hacienda, había atacado brutalmente por cuenta del capital alemán a los trabajadores de Grecia y otros países, dice que el TCA asume el riesgo de “amenazar el euro”.

Finalmente Friedrich Merz, CEO en Alemania de BlackRock (fondo buitre tenedor de deuda en nuestro país y en todo el mundo) y otro candidato a la presidencia de la CDU para suceder como canciller a Merkel, expresa de manera más directa la posición del capital financiero y apoya la “sentencia histórica”.

¿Es éste el interés de la burguesía alemana?

Su dilema es profundo, insoluble y expresa la insostenible crisis del lugar internacional de Alemania, al tiempo que resulta mortal para la Unión Europea imperialista incluido el euro. Manifiesta la crisis abisal del sistema capitalista. El dilema es el siguiente: si el Bundesbank bloquea las compras de deuda y hace estallar el plan del BCE, esto puede arrojar a una situación gravísima a Estados como Italia, España e incluso Francia (que son algunos de los principales importadores de la industria alemana y su alta tecnología). Por ejemplo, la agencia de calificación Moodys acaba de anunciar la posibilidad de calificar la deuda italiana como “bono basura”. El peligro de bancarrota de Italia arrastraría necesariamente a la industria alemana que sufre ya las consecuencias de la guerra comercial desatada por Trump y que ve cerrándose sus mercados con, por ejemplo, Irán, pero sobre todo con China a consecuencia del acuerdo comercial entre los EEUU y China (que se sitúa en contradicción con las reglas de “libre comercio” de la Organización Mundial del Comercio). O por el contrario el BCE continúa con su política de compra masiva de deuda pública en los mercados secundarios y sobre todo con la hiperexpansión cuantitativa garantizada en un 26,4% por fondos alemanes, lo que podría provocar a más o menos corto plazo la explosión de la burbuja financiera, con ella también del euro, incluso de parte importante del sistema bancario, afectando muy gravemente a algunos Estados.

Asistimos a un nuevo capítulo de la dislocación del mercado mundial que tiene como uno de sus efectos la pérdida rápida del protagonismo de los países europeos y la dislocación de la UE, con el intento de cada burguesía de preservar su propio lugar en el mercado mundial (el Brexit es una expresión de ello).

Las “cumbres europeas”

Recordemos que el 10 de abril tuvo lugar la reunión de los 19 ministros de Economía y Finanzas de los países del euro (el llamado Eurogrupo), la cual decidió proponer al Consejo Europeo “movilizar” 540.000 millones para préstamos diversos, entre ellos para gastos sanitarios (sin condiciones) por un importe máximo del 2 por ciento del PIB de cada país. Esta medida fue saludada por todos los apologistas de la UE como algo muy positivo revelando que por fin la UE actuaba. Pero, frente a estas entusiásticas declaraciones, la realidad es otra. Por un lado estos fondos para gastos urgentes NO serían movilizados sino a partir de junio. El 23 de abril se reunió el Consejo Europeo, que agrupa a los 27 jefes de Estado o de Gobierno de la UE. La única decisión fue dar visto bueno a la propuesta del Eurogrupo y, como no había acuerdo sobre la demanda de Italia y España (y detrás Francia) de deuda mutualizada (o sea con respaldo común), se decidió pedir a la Comisión Europea que hiciera una propuesta para crear un fondo de reconstrucción que debería movilizar un billón y medio de euros.

El 6 de mayo la Comisión Europea tenía que haber presentado esta propuesta, pero la sentencia del TCA liquidó el “programa” y, más aún, debía empezar a movilizar ayudas “a fondo perdido” o con deuda a largo plazo. Por más que el Tribunal de Justicia de la UE haya declarado que sus decisiones priman sobre las de un tribunal nacional, todo el mundo sabe que es difícil, si no imposible, que estas decisiones se tomen sin el acuerdo de la burguesía alemana. Entretanto la fecha del 6 de mayo se trasladó al 20 de mayo, en que la presidenta, alemana, de la Comisión Europea debe presentar su plan de reconstrucción.

Mientras tanto y por presión en particular del gobierno alemán, se levantó la prohibición de las ayudas de los Estados a las empresas en crisis porque en este momento, 26 de los 27 Estados, en especial Alemania, pero también Holanda y Francia, están poniendo en marcha “dispositivos nacionales” para ayudar a las empresas (más de 100 dispositivos nacionales están ya en marcha). Miles de millones de apoyo a empresas como Lufthansa, Air France y otras. Algunos le llaman a esto “nacionalización”, como se hizo con muchos bancos en 2016. Pero se trata de rescatarlas para reprivatizar después. Esta es la alternativa que propone el gobierno alemán, “ayudar directamente a las empresas” en vez de crear deuda mutualizada. El problema es que, desde el punto de vista de la “estabilidad capitalista” esta solución implica abrir más aún las tijeras entre unos u otros, porque los que tienen enormes deudas y déficit difícilmente pueden acudir a este recurso por falta de fondos. Y así se encuentran en primer lugar Italia y España, pero también Portugal y Grecia. Si el BCE no compra deuda, los “riesgo país” van a aumentar y la posibilidad de endeudarse a bajo interés desaparecerá y asoman en el horizonte “rescates” como los que sufrió el pueblo de Grecia. Por tanto, está rondando la opción de otro plan de ajustes con la brutalidad del rescate.

El problema es la decisión de resistir que manifiestan los trabajadores en los hospitales y en las fábricas. Por eso, los gobiernos tratan de utilizar a los sindicatos para contener a los trabajadores. Buscan un “pacto social” que puede establecerse sobre la base de las exigencias de la patronal.

Hay otro camino

Ante la catástrofe social que enfrentamos con centenares de miles de muertos en Europa hay otra salida que la de la dividida burguesía europea. Nacionalizar las principales industrias, los bancos, los servicios públicos bajo control obrero, lo que sólo será posible bajo el impulso de una movilización masiva que derrote a los banqueros y sus gobiernos. Una movilización que acabe con la UE imperialista y construya los Estados Unidos Socialistas de Europa de Lisboa a Vladivostok.

Esta movilización por el momento está bloqueada por la situación, pero sobre todo por la política de partidos y sindicatos que se subordinan a las órdenes de los gobiernos. Romper esta subordinación y construir partidos revolucionarios es la tarea para enfrentar esta crisis sanitaria, humanitaria, social y económica.