El Frente Amplio y la burocracia sindical que le es adicta traicionaron la más importante lucha sindical de Uruguay de los últimos años: la impresionante huelga de los trabajadores de la salud, que durante 32 días paralizó los hospitales públicos de todo el país.

El desarrollo de la huelga fue extremadamente combativo, con asambleas de base, manifestaciones y movilizaciones; el centro de la lucha fue la ocupación de siete hospitales, que constituyeron la vanguardia de todo el conflicto, a pesar de las reiteradas amenazas gubernamentales de desalojarlos por la fuerza.

La traición fue vivamente repudiada en los hospitales que estuvieron a la vanguardia de la lucha. La prensa da cuenta de que “el ambiente estaba tenso y caldeado en el Pereira Rosell (uno de los hospitales ocupados). Los insultos hacia los dirigentes del sindicato y los gestos de furia brotaban en las conversaciones de decenas de funcionarios que estaban en desacuerdo con levantar la ocupación (…) Varias delegadas del hospital pediátrico salieron de la asamblea con evidente malestar, críticas explícitas hacia los dirigentes y hasta llorando. ‘¡Veintitrés días nos comimos ocupando! ¡Carneros!’ gritó una funcionaria con lágrimas en los ojos. ‘¡No nos vendemos! ¡No nos rendimos! ¡Vamos el Pereira!’…” (El País, 13/9).

Para el régimen político uruguayo resultaba esencial evitar que los trabajadores en huelga le impusieran una derrota categórica al gobierno, una posibilidad que estaba abiertamente planteada por el desarrollo de la lucha. En el gobierno, pero también en la oposición, existía el extendido temor de que una victoria de los trabajadores de la salud desencadenara una oleada de conflictos salariales en toda el área pública. Una victoria decisiva de los trabajadores de la salud, a caballo de la reciente lucha de los empleados municipales de Rocha, y un ascenso de la movilización salarial de los trabajadores estatales habria sido “demasiado” para un gobierno en abierta descomposición.

La burocracia de la Cofe (Federación de empleados estatales) se jugó a fondo por impedir el movimiento de ocupación de hospitales y la generalización de la lucha al resto de los trabajadores estatales. La del Pit-Cnt se negó a convocar el paro general activo de 48 horas que le reclamaban los trabajadores en huelga para arrancar la victoria. La Comisión parlamentaria, encabezada por el frenteamplista (y empresario médico) Luis Gallo, se empeñó en limitar la huelga y desgastarla mediante sucesivas “mediaciones” y “treguas”… cuya condición era no extender las ocupaciones y el conflicto.

Habiendo llevado la lucha a una encrucijada, la burocracia todavía necesitaba dividir a los trabajadores de la salud que continuaban firmes. Por eso forzó la aprobación de una “oferta” oficial que estaba muy lejos de los 2.000 pesos de aumento para todos reclamados por los huelguistas. La “oferta” establece un aumento que, para la mayoría de los trabajadores, será de 800 pesos (la franja de menores ingresos recibirá 1.000 pesos, mientras que la de mayores ingresos no recibirá nada). Inicialmente, los trabajadores rechazaron la “oferta” y querían seguir la lucha por los “2.000 pesos para todos”, pero ante el aislamiento al que fueron sometidos, una parte terminó aceptando la posición de la dirección del Pit-Cnt. Sólo los trabajadores de los hospitales ocupados votaron masivamente en contra en la asamblea que decidió el levantamiento de la huelga.

Los trabajadores de los hospitales ocupados criticaron el exiguo monto del aumento obtenido (a los 800 pesos hay que restarles los descuentos de ley) y que una parte de los huelguistas no obtenga nada. “El día que iniciamos la ocupación, se nos preguntó si queríamos un aumento de 1.000 pesos y se les dijo que no, y ahora tenemos que levantar la ocupación por un aumento de menos de 800 pesos”, declaró una delegada del Pereira Rosell (El País, 13/9). Pero, por sobre todo, criticaban que se abandonó la lucha cuando se podía derrotar al gobierno en toda la línea: Gisella Duarte, presidenta del gremio de funcionarios en el Pereira Rosell, enfatizó que si se hubiera continuado con la ocupación unos días más, se habrían podido alcanzar más reclamos” (El País, 13/9). “‘El Pit-Cnt no tuvo los huevos para hacer un paro de 48 horas’ dijeron los trabajadores del Pereira Rosell” ( El Observador, 12/9).

En varias oportunidades, Tabaré Vázquez, del Frente Amplio-Encuentro Progresista, declaró que el gobierno está agotado pero que “hay que ayudarlo a llegar hasta el 2005”. El FA les impidió a los trabajadores de la salud y a la clase obrera darle un golpe, quizás definitivo, a este gobierno agotado. Con esto demostró ante los explotadores ser el elemento clave de la “gobernabilidad” presente (y futura) porque, aun con choques y crisis, domina políticamente al movimiento obrero y sindical.

El diario frenteamplista saluda el “equilibrio” del resultado porque, dice, “las dos partes se vieron obligadas a ceder algo” (La República, 12/9). El gobierno, incapaz de derrotar a los huelguistas, debió ceder un aumento salarial que no contemplaba. ¿Pero qué “cedieron” (a la fuerza) los trabajadores? No sólo una parte sustancial de sus reivindicaciones sino también, y esto es fundamental, la posibilidad de abrir un nuevo cuadro político en Uruguay. A pesar de las fuertes manifestaciones y tendencias antiburocráticas mostradas por los trabajadores de la salud, el levantamiento de la huelga a instancias del FA y de la burocracia del Pit-Cnt (y en contra de la voluntad de la vanguardia y una amplia masa de trabajadores) ha impedido que la clase obrera uruguaya saliera del cuadro político mortal del Frente Amplio. Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina…

Cuando todas las posibilidades de una decisiva victoria obrera estaban abiertas, el levantamiento de la huelga fue un golpe del FA contra los trabajadores y en beneficio del régimen político .