10/06/2018

El Gobierno, un cadáver insepulto

Declaración del Grupo Independencia Obrera ante la crisis política.
Grupo Independencia Obrera

La Audiencia Nacional difundió el jueves 24 de mayo la sentencia del denominado caso Gürtel. El tribunal ha condenado a todos los investigados con cuatro excepciones sin relevancia. Pero además de las severas condenas a los implicados, militantes destacados del partido de gobierno y funcionarios del mismo como el tesorero Luis Bárcenas se afirma que el Partido Popular se lucró a título participativo de las comisiones ilegales pagadas por empresarios a cambio de contratos y se afirma que la declaración del presidente del Gobierno Mariano Rajoy carece de credibilidad. La opinión pública no necesitaba una sentencia para tener la certidumbre de que esto era así porque el goteo de información durante la prolongada instrucción del caso dio a ver con detalle la existencia de la financiación ilegal del PP su famosa Caja B, además del reparto de dinero entre los dirigentes del partido con “sobresueldos” denunciados de forma reiterada a lo largo de este y otros juicios paralelos.


Es un hecho llamativo que la sentencia estaba redactada el lunes 21 de mayo y no se difundió hasta el jueves 24. En el ínterin lo único que medió fue la previsible aprobación de los presupuestos generales del estado con el apoyo de Ciudadanos (C's) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Es probable que la difusión de la sentencia el martes 22 hubiera implicado que ninguno de los dos partidos dispuestos a dar oxígeno al Gobierno hubiese dado el voto a los presupuestos, situación que hubiera desembocado en una convocatoria a elecciones anticipadas. Por tanto una lectura posible de esta secuencia es que la judicatura soltó su sentencia condenatoria con retraso en la esperanza de que si el Gobierno del PP era capaz de conseguir la aprobación de los PGE basado en la estabilidad presupuestaria pudiera capear el temporal. Si esta era la intención el efecto no ha sido ese. El Gobierno tras la sentencia de la Gürtel es un cadáver insepulto. La propia burguesía en general y el empresariado en particular con los bancos a la cabeza considera que Rajoy ya no está en condiciones de sostener el Gobierno y es en todo caso un verdadero factor de riesgo. La crisis en Italia es un elemento que hace aún más complejo el escenario en el contexto de Europa. El veredicto de la Audiencia en este contexto es realmente un salto que transforma cantidad en calidad.


Se trata del veredicto de una Audiencia que ha hecho lo imposible para que la causa no prosperara llegando al extremo de expulsar de la carrera judicial al juez impulsor de la misma, Baltasar Garzón. Una instrucción compleja e interminable no logró evitar la condena aun con todas las cortapisas previsibles. Que el Gobierno está acabado fue ratificado el viernes 25 con una estrepitosa caída de la Bolsa que perdió al cierre el 1,7% tras dejarse en la mañana el 2,7%. España entra en la órbita de la crisis política abierta y sincroniza su avatar bursátil con el de Italia, los inversores se apartan de ambos mercados.


Maniobras parlamentarias


El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, registró en el Congreso una moción de censura antes de la reunión del Comité Federal convocado en la sede de Ferraz a primera hora de la mañana del pasado viernes. La víspera el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, había instado a Sánchez a presentar esa moción asegurando el apoyo de Unidos Podemos a la moción. A lo largo del viernes 25 esa posición se ratificó con la aclaración de que el apoyo no estaba condicionado a ninguna concesión del PSOE. C's se apartó de inmediato de esta posibilidad como de la peste y aclaró que no estaba dispuesto a alinearse con las formaciones que “quieren dividir a España”, es decir los partidos nacionalistas catalanes que eventualmente podrían dar su apoyo a Sánchez junto con Unidos Podemos para materializar el triunfo de la moción de censura. Por el contrario el dirigente de C's Albert Rivera exigió al Gobierno la convocatoria de elecciones anticipadas algo que técnicamente solo podría ocurrir tras una derrota de la moción de censura. Es decir que el conjunto de las fuerzas políticas ha entrado en una fase de negociación a espaldas de los intereses de los trabajadores y sus movimientos de lucha por el salario y las condiciones de trabajo, contra la precariedad por la defensa de las pensiones y de la sanidad públicas para organizar la sucesión de Mariano Rajoy y su corte. El PSOE ha rechazado la solicitud de Ciudadanos para que retire su moción de censura y establezca una alianza para destituir al Gobierno con el objetivo de que se convoquen elecciones generales de inmediato. La negativa del PSOE a aliarse a Ciudadanos con este objetivo tiene una explicación simple. De acuerdo con las encuestas la formación de Albert Rivera ganaría unas elecciones generales si se convocaran ahora. El PSOE por su parte considera que si captura el gobierno con una maniobra parlamentaria tendría la oportunidad de derogar leyes antipopulares y tomar medidas de urgencia que le supondrían recuperar terreno en el favor del electorado. Es por ello que si bien dice que convocaría elecciones a corto plazo no quiere tomar un compromiso claro de fechas. Mientras tanto las formaciones nacionalistas de Catalunya y Euskadi ya han señalado que sólo apoyarán la iniciativa socialista a cambio de concesiones. A río revuelto ganancia de pescadores. Como telón de fondo de estas operaciones de acompañamiento a los trámites parlamentarios España vivió dos jornadas de intensas movilizaciones. La Plataforma de Defensa de las Pensiones Públicas de un lado con movilizaciones nacionales y la Plataforma contra la Precariedad que cerro el domingo 28 una semana de lucha con una importante marcha sobre Madrid. Movilizaciones que pese a no tener en su programa la inmediata destitución del Gobierno objetivamente apuntaban a ello.


Movilización de masas y huelga general


En el conjunto de las maniobras parlamentarias, en las que también se ha embarcado todo el arco de las formaciones nacionalistas: PDeCat, ERC, PNV, Bildu, no asoma por ningún lado la movilización de los trabajadores. Las grandes organizaciones sindicales se han convertido en una verdadera muralla entre la movilización de las masas y medidas efectivas de lucha para derribar al Gobierno y sus leyes represivas: Fuera las leyes represivas. Fuera la ley mordaza. Libertad a todos los presos políticos. Por el derecho a la autodeterminación de los pueblos.


Las direcciones de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) se han opuesto abiertamente a una centralización de las luchas y a su convergencia en un gran movimiento a escala nacional de lucha contra el Gobierno, por la derogación de las sucesivas reformas laborales. Las direcciones de las dos centrales obreras han luchado a brazo partido para desarticular la ofensiva de los trabajadores que se ha registrado desde el año pasado por mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Frente al desencadenamiento de la actual crisis las centrales obreras no han abierto la boca. Hace falta poner la agenda de las luchas de los trabajadores sobre la mesa, denunciar las negociaciones a espaldas de la población y movilizarse por la destitución del Gobierno.


Pero en este cuadro general la crisis en Catalunya sigue siendo la clave de bóveda en la medida que las formaciones nacionalistas no han perdido su presencia electoral y en el caso de una nueva convocatoria a elecciones autonómicas podrían incluso reforzar sus resultados. Los principales dirigentes políticos de las formaciones nacionalistas burguesas siguen en prisión igual que los dirigentes de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omniun Cultural (OC). No hay ninguna perspectiva en el contexto de las maniobras parlamentarias de que el objetivo de una independencia nacional de Catalunya progrese. El único marco en el cual puede haber un avance en el sentido de la autodeterminación es con la movilización de masas. La cuestión central para la izquierda revolucionaria en estas condiciones es impulsar una huelga general por la destitución del gobierno. Contra los corruptos un Gobierno de los Trabajadores. Por una asamblea constituyente en la que las fuerzas revolucionarias impulsen el gobierno de los trabajadores en una federación de repúblicas socialistas ibéricas.


La moción de censura del PSOE es precisamente lo contrario a estos objetivos. Es decir una propuesta que sustituye la movilización independiente de los trabajadores por los enjuagues entre fuerzas políticas ajenas a sus intereses. Ha propuesto a los otros partidos parlamentarios, al bloque constitucionalista, convertirse en el muro de contención entre las masas y el objetivo del gobierno de los trabajadores. A la burguesía esta oferta no la convence precisamente porque el freno de los aparatos sindicales es quien ha creado la brecha entre los trabajadores y la izquierda revolucionaria. De momento no necesitan para ello al PSOE. A la CEOE y a la gran banca no les interesa en este momento un rearme de los socialistas sino que por el contrario prefieren un Gobierno de Ciudadanos y es por ello que favorecen la convocatoria de elecciones inmediatas.


En el fondo les preocupa que la eliminación de los elementos más reaccionarios del andamiaje legislativo de los últimos dos Gobiernos del PP se convierta en un reforzamiento de los movimientos de resistencia a la ofensiva capitalista. En otras palabras a que un gobierno del PSOE se convierta en un acelerador de la movilización de las masas reforzando a los movimientos de resistencia a la ofensiva reaccionaria. Es inevitable que la anulación de parte del andamiaje legislativo reaccionario sea vivida por los trabajadores como un triunfo de sus luchas. Es aún prematuro un pronóstico sobre el curso de los acontecimientos. Lo que no es prematuro es señalar cuál debe ser el curso de la lucha de los trabajadores.


Es necesario que las fuerzas revolucionarias impulsen asambleas en los lugares de trabajo y en los centros de estudio, institutos y universidades en los que se debata y apruebe la renovación de las direcciones sindicales en cada sindicato y planes de lucha por una huelga general para imponer una asamblea constituyente en la que se debata la necesidad de un Gobierno de los trabajadores en una Federación Ibérica de Repúblicas Socialistas.


Las formaciones de la izquierda en general, y Podemos-IU en particular, plantean que lo urgente es sacar al PP del gobierno. El argumento es que cualquier cosa sería mejor que lo que tenemos. La realidad es que cualquier gobierno que surja de las maniobras parlamentarias, sea del color que sea, estará comprometido a continuar los ataques contra la población trabajadora y avanzar aún más en la línea de las directivas de la UE, el FMI y el BCE. La izquierda dice que la experiencia de Grecia con Syriza, donde un gobierno “progresista” que aparecía oponiéndose a la troika acabó aplicando los peores planes de ajuste en la historia del país a pesar de un referéndum en contrario, es ajena a la situación española. Pero lo cierto es que la izquierda que se presenta como alternativa de gobierno está profundamente comprometida con la continuidad de los ataques. El propio PSOE inició la reforma de las pensiones en 2011 e incluyó en la Constitución el pago de la deuda. Por otra parte, no olvidemos los gobiernos donde ha participado IU como en Andalucía donde cogobernó con los socialistas y por “imperativo legal” aplicó los recortes junto con ese partido. O los gobiernos municipales “del cambio” que cumplen a rajatabla con los compromisos de la banca y postergan las reivindicaciones de los trabajadores y se niegan a re municipalizar los servicios. Los trabajadores se deben oponer a un relevo del PP pactado a sus espaldas y movilizarse para derribar al Gobierno bajo sus propias condiciones.

El programa de la movilización independiente es la lucha por un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros, por el pleno empleo y el reparto de las horas de trabajo, por la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 por la eliminación del pacto de Toledo por una pensión mínima de 1.080 euros y su ajuste anual por el índice de precios al consumo (IPC), por la defensa de la sanidad y la educación públicas, fuera las leyes represivas. Fuera la ley mordaza. Libertad a todos los presos políticos. Por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por una Asamblea constituyente para establecer un Gobierno de los trabajadores en una federación ibérica de repúblicas socialistas.


GIO 29 de mayo de 2018


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