Bajo el canto de “El pueblo lo dice, y tiene razón, primero lo primero, salud y educación” y por medio de la convocatoria de distintas organizaciones estudiantiles y de profesores, este lunes 11 de mayo, centenares de docentes, empleados y estudiantes se movilizaron por las calles de Ecuador para enfrentar el ajuste anunciado por el gobierno de Lenín Moreno, que conlleva un recorte de 98 millones de dólares en los fondos designados a 32 establecimientos de educación superior. La medida adoptada a través de la acción del Ministerio de Finanzas avanza en una hoja de ruta devastadora para el sistema educativo, ya que pondría en jaque el funcionamiento de varias universidades, incluyendo cierre de carreras y arrasando con numerosos puestos de trabajo y la continuidad de cursada de miles de estudiantes.

En este contexto, sólo la Universidad Central (UC) podría despedir al 33% de la planta docente, entre ellos un tercio correspondiente al personal de la Facultad de Medicina (Vistazo 8/5). Se trata de una política criminal, y supone un escollo para enfrentar la propagación del virus en un país marcado por una pavorosa bancarrota sanitaria.

La noticia de esta acometida ajustadora se dio a conocer la semana pasada y fue rechazada por varios sectores de las organizaciones estudiantiles, entre ellas la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador (FEUPE) y la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador (FEPE), grupos de docentes e incluso los propios rectores universitarios. El día 5 de mayo tuvo arranque la primera acción, en la cual cientos de personas vinculadas a la comunidad educativa se movilizaron frente a la Universidad Central de Ecuador (Quito) para enfrentar los atropellos gubernamentales.

Las acciones callejeras del lunes acontecieron en diversas provincias del país, cristalizando en una verdadera jornada nacional de lucha. Cuenca (provincia de Azuay), Azogues (Cañar), Riobamba (Chimborazo), Guaranda (Bolivar), Ibarra (Imbarura), Loja y la Universidad Central de Ecuador (Quito) son algunos de los puntos concretos en donde se procesaron los alzamientos.

Los ataques a la educación pública en Ecuador son la regla de cada uno de los gobiernos que han ejercido el poder en los últimos años. Por mencionar un ejemplo, solo a la Universidad de Guayaquil, desde 2013, se le ha reducido el presupuesto en 43 millones de dólares. Al igual que su ex aliado Lenín Moreno, el gobierno de Rafael Correa ha sido un gran enemigo de la educación pública, pues además de podar los recursos destinados al sistema educativo, ha avanzado en la eliminación del estatuto docente (introduciendo examen de ingreso y de permanencia) y declarado a la educación como servicio esencial, cercenando el derecho a huelga.

El Ministerio de Finanzas dice que la disminución del presupuesto educativo se debe a la exigua recaudación impositiva del Estado al calor de la pandemia de coronavirus. El derrumbe de los precios del petróleo ha herido fuertemente la delicada economía ecuatoriana. Antes de la pandemia, el gobierno preveía un ingreso de 3.000 millones de dólares en lo que respecta a la renta petrolera, pero en este nuevo panorama, las arcas estatales sólo recibirán 520 millones (El Comercio 7/5). En estas condiciones, el gobierno busca transferir la crisis sobre los hombros de las masas, al amenazar con volver a la carga con una eliminación (o recorte) en los subsidios a los combustibles y una reducción en los salarios estatales. Pero recordemos que la supresión de subsidios a los combustibles detonó el levantamiento popular del año pasado, que obligó al gobierno a dar marcha atrás.

La crisis se revela también en que el gobierno ha diferido -tras un acuerdo con algunos bonistas- el pago de intereses de la deuda externa.

El cuadro político, social y económico de Ecuador se muestra así crítico. Es necesaria una salida de los trabajadores.