El siguiente artículo fue publicado originalmente en francés en el portal de la organización trotskista L'Etincelle (La Chispa).

La pandemia sorprende a la Argentina en un cuadro de quebranto estatal y azotada por una pavorosa crisis social, económica y sanitaria.

Sucede que Argentina carga con una deuda pública que supera el 90% de su PBI, con un enorme déficit fiscal y con un Banco Central que carece de reservas para hacer frente a los vencimientos de deuda que aún le quedan por afrontar en el primer semestre de 2020. El propio Banco Central tiene un pasivo equivalente a la totalidad de la base monetaria. Desde su asunción, la orientación del gobierno peronista encabezado por Alberto Fernández, fue la de subordinar toda su política al progreso de la renegociación de la deuda con los acreedores internacionales y con el FMI. Acompañando esta orientación, todos los bloques políticos del Congreso nacional, con la única excepción del Frente de Izquierda, votaron en una sesión especial del parlamento una ley de emergencia que le otorgó poderes especiales al gobierno nacional, para que avance en la reestructuración de la deuda y en el ajuste que exige el FMI.

La contrapartida de toda esta orientación fue una ofensiva en regla contra jubilados, trabajadores y desocupados. A través de un decreto, el gobierno operó una escandalosa confiscación de los haberes jubilatorios, en el orden de u$s 15 mil millones anuales. A su vez, anunció el fin de las “cláusulas gatillo” de actualización de los salarios según el costo de vida, que diversos gremios conquistaron con combativas huelgas en los años precedentes para preservar el poder adquisitivo de sus ingresos, cuando la inflación anual supera el 50%. Según lo ha revelado recientemente el Indec, el organismo oficial de estadísticas, a fines de 2019 el 35,5% de la población argentina se encontraba sumergida en la pobreza y en los pocos meses del gobierno autodenominado “nacional y popular”, la pobreza se ha acentuado. Para viabilizar esta orientación, el gobierno impulsó un ‘pacto social’, con el objetivo de concretar la  subordinación de las organizaciones obreras a los intereses patronales. En este proceso de estatización sindical se integraron todas las variantes de la burocracia sindical, desde el peronismo a la centroizquierda, a excepción del clasismo, políticamente asociado al Frente de Izquierda.

En el discurso de apertura de las sesiones legislativas del 1º de marzo, el presidente Alberto Fernández reveló su corta mirada al omitir referirse al progreso de una epidemia en numerosas partes del globo. La declaración de la OMS, pocos días después, de que la propagación del coronavirus había dado lugar a una pandemia, encontró a la Argentina con un presupuesto de salud congelado, heredado del gobierno ‘neoliberal’ y saqueado por décadas por gobiernos de todos los signos.

Ante la confirmación del desembarco de la pandemia en nuestro país, el Partido Obrero levantó un programa de los trabajadores para combatir la propagación del virus, enfrentar sus consecuencias sanitarias y sociales, y evitar la caída del país en un cuadro de desorganización y bancarrota económica. Presentamos, como tarea de primer orden, la necesidad de avanzar en una centralización de todo el sistema sanitario en un único sistema público integrando a los tres sectores en que se reparte: estatal, privado y de obras sociales sindicales; y que este pase a estar bajo el control de sus propios trabajadores. Al igual que en la mayor parte del mundo, el sistema de salud público argentino es víctima de un profundo vaciamiento, que los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales han promovido en función de favorecer el negocio de la salud privada. Acompañamos ese planteo con el reclamo de que se dupliquen los presupuestos de salud y de poner en pie comités de seguridad e higiene, electos por los propios trabajadores, en todos los hospitales y  lugares de trabajo, y que cuenten con poder de paralizar las tareas en todas aquellas actividades no esenciales o que no cuenten con las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del virus.

A su vez, desde el minuto uno levantamos el reclamo de que se les garantice a los trabajadores “el derecho a cuarentena”, otorgándoles licencias sin reducción salarial y que sean prohibidos los despidos y las suspensiones. Del mismo modo, planteamos el efectivo cumplimiento de licencias pagas por tiempo indeterminado para toda la población trabajadora de riesgo, por edad o enfermedades determinadas. Peleamos, asimismo,  por un seguro equivalente al costo de la canasta familiar básica para los 12 millones de trabajadores desocupados, informales y precarizados, que se encuentran fuertemente afectados por el parate económico.

Ante la emergencia de la pandemia, el paquete de medidas planteadas por el Partido Obrero aparece como un programa elemental para evitar el hundimiento de las masas en una catástrofe sanitaria y en la más profunda miseria. Este programa de emergencia incluye el planteo de que se abran los libros de contabilidad de las empresas formadoras de precios de alimentos, que aumentan sideralmente, y el reclamo de que se establezcan impuestos progresivos a las grandes fortunas, el cese del pago de la deuda pública y la nacionalización del sistema bancario, el comercio exterior y los recursos estratégicos. Pues de esta manera, el país podría concentrar sus ahorros y recursos para volcarlos enteramente a la lucha contra la pandemia,  contra la miseria social y, a su turno, para una reactivación económica bajo la dirección de la clase obrera. Por el contrario, el gobierno ‘nacional y popular’ fue riguroso en el pago de la deuda usuraria, y se valió de los recursos de los jubilados para salir al rescate de los grupos capitalistas golpeados por el parate económico. Luego, con la agudización de la crisis económica, planteamos la estatización y puesta bajo control obrero de toda fábrica o empresa que cierre, impulsando la ocupación por sus trabajadores para imponer esta orientación.

La formulación de todo este planteo programático y político fue motivo de una intensa agitación política, a través de Prensa Obrera y de nuestros voceros públicos. Romina Del Plá, la diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que desarrolla y amplía los distintos aspectos de nuestros planteos frente a la pandemia y la crisis capitalista. Lo hizo con la autoridad especial que le otorgó haber denunciado en tiempo real las consecuencias catastróficas del largo proceso de vaciamiento de la salud pública. En 2018, por ejemplo, reclamó en el Congreso nacional la duplicación del  presupuesto para el Instituto Malbrán, el ente encargado de alertar y prevenir sobre situaciones epidemiológicas. Proyectos idénticos al que presentó Romina Del Plá se presentaron en  todas las Legislaturas y Concejos Deliberantes donde contamos con parlamentarios de nuestro partido. Como parte de la lucha por propagandizar nuestro planteo ante la crisis, Romina Del Plá asistió, en nombre del Partido Obrero, a la reunión convocada por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. Como parte de toda esta campaña de agitación política, impulsamos la salida de una declaración común del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad en los términos arriba destacados.

Pero la acción del Partido Obrero no se limitó a la agitación y propagandización de nuestro programa. Por sobre todo, nuestro planteo fue una guía para la acción política en las fábricas, en los lugares de trabajo, en las barriadas obreras y en los lugares de estudio. Nuestra agrupación Tribuna Docente, que ocupa puestos de dirección en varias seccionales sindicales y tiene desarrollo e influencia en la mayoría de las provincias del país, picó en punta reclamando la paralización de las clases sin asistencia docente.

El ejemplo de la docencia fue seguido por trabajadores de numerosas reparticiones estatales y judiciales. Los trabajadores de la salud se transformaron en grandes protagonistas de la denuncia del cuadro de vaciamiento del hospital público. En el sector privado, los trabajadores de grandes industrias siderúrgicas, de aguas y gaseosas y de la alimentación denunciaron situaciones irregulares y protagonizaron medidas de lucha para enfrentar las presiones patronales y exigir resguardos para su salud. Lo mismo en varios ferrocarriles, líneas de colectivos y empresas gráficas. El Partido Obrero, que promovió un movimiento de masas por las seis horas de trabajo en enfermería en los hospitales y por su carrera profesional, ha vuelto a ser una referencia para los reclamos de comisiones de personal de salud en la emergencia del coronavirus.

Como parte integrante de la lucha librada por el movimiento obrero, y con el objetivo de impulsarla y desarrollarla, la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero editó una declaración, que fue firmada por los principales dirigentes sindicales del ámbito público y privado de nuestro organización. Allí, se formuló una orientación de conjunto para el movimiento obrero, completamente opuesta a la levantada  por la burocracia sindical, que se encuentra fuertemente integrada al Estado y adaptada al lobby empresarial. Días después, un decreto del presidente Alberto Fernández, en forma tardía y limitada, vino a materializar el reclamo de prohibición de despidos y suspensiones, que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda en las semanas previas habían logrado instalar, prácticamente en soledad, como una necesidad imperiosa de todo el movimiento obrero. La decisión de Fernández, fue un reflejo de supervivencia ante un recrudecimiento de la crisis social; la que plantea, en potencia, las tendencias al estallido de una rebelión popular.

El Polo Obrero, nuestra agrupación de desocupados y trabajadores precarizados, ha jugado un destacadísimo papel en la lucha por defender ‘el derecho a comer’ del sector de la clase obrera más golpeado por la paralización económica; peleando por los alimentos, el seguro al parado y por el funcionamiento de los comedores populares en las barriadas. En la lucha para que el Estado ponga los recursos para asistir a los sectores más postergados, el Polo Obrero logró, con un país en cuarentena y en apenas una semana, el empadronamiento de más de 80 mil trabajadoras y trabajadores desocupados y precarizados. Campañas similares de empadronamiento impulsaron las agrupaciones del PO entre los jóvenes universitarios y entre los artistas. El Polo Obrero ha rechazado la integración a un Consejo de colaboración de clases, convocado por el gobierno, con empresarios, las iglesias, todas las variantes de la burocracia sindical, desde el peronismo a la centroizquierda, y las organizaciones de desocupados prebendarias y oficialistas. Por el contrario, nuestra organización encabeza un frente único de lucha e independiente.

La cuarentena recrudeció un flagelo preexistente en la Argentina y en todo el mundo: el de la violencia machista contra las mujeres. En nuestro país, en apenas tres semanas de cuarentena se produjeron ocho femicidios, que volvieron a poner de manifiesto la completa ausencia de recursos del Estado para dar respuesta a las mujeres víctimas de violencia. La agrupación de mujeres del PO, el Plenario de Trabajadoras, impulsó en un frente único con numerosas organizaciones feministas y de mujeres de todo el país un masivo ‘ruidazo’ nacional levantando la consigna “Ni Una Menos, el Estado es responsable”.

La Prensa Obrera, reflejando todas y cada una de estas peleas, se expresó efectivamente como “el primer militante” de nuestro Partido. La Prensa Obrera protagonizó un salto histórico, llegando a 1.500.000 visitas sólo en el mes de marzo, y se multiplicaron los corresponsales de nuestro periódico, llegando a los 300 en todo el país. En simultaneo, nuestro partido impulsó charlas-debate virtuales (Facebook live) sobre los principales problemas que interesan a los trabajadores, las mujeres y la juventud. En el aniversario del golpe genocida, en el marco de la cuarentena, fuimos animadores junto con la izquierda de independencia de clase de una movilización política virtual. A través de un documento público, que denunció los compromisos de todo el arco político patronal y gubernamental con la impunidad y la represión, rechazamos la posición de “dar vuelta la página” del terror, expresada días antes por el propio Alberto Fernández. El Partido Obrero sostuvo metódica y sistemáticamente las reuniones de todos sus organismos y los debates de su XXVII Congreso ya en marcha, para ajustar su intervención política en el marco de la crisis; y emitió una declaración de distintas organizaciones latinoamericanas, fijando una posición revolucionaria ante la crisis desatada por la pandemia y la agudización de la bancarrota capitalista en el subcontinente. En plena cuarentena, el Partido Obrero se reafirmó en su condición de partido de combate de la clase obrera.

Como ya demostramos más arriba, la cuarentena se encuentra agudizando todas las contradicciones sociales que son precedentes al desembarco de la pandemia. Las peleas en defensa de los salarios y del trabajo, junto con el de la defensa de la salud popular, ya se están  colocando en el tope de la agenda política de los trabajadores. El Partido Obrero interviene y se prepara para ponerse al frente de una lucha decisiva y vital para toda la clase obrera argentina.