Cuando en febrero pasado, en Prensa Obrera (Nº 411, 1/2/94) dijimos que la crisis bancaria que había estallado en Venezuela con la quiebra del Banco Latino, desembocaría en “una impresionante fuga de divisas financiada por el gobierno, lo que llevará a corto plazo a la devaluación, a una crisis cambiaria y a una fenomenal inflación”, el comentario general en la prensa argentina fue  que todo eso no era posible porque en Venezuela cada bolívar estaba respaldado por más de un dólar (más exactamente, por dos dólares y medio).

Pues bien, desde febrero el bolívar pasó de 118 a 230 dólares; la fuga de capitales se estima en el orden de los 5.000 millones; la tasa de interés supera el 100% anual; el salto inflacionario resultante es impresionante.  Ahora hay una virtual paralización de la actividad económica, con marcada recesión y una  crisis financiera, bancaria y cambiaria que ha abierto una crisis de gobierno a tan sólo 6 meses de haber asumido el nuevo gobierno de Rafael Caldera.

Tan sólo un mes antes de que quebrara el Banco Latino, en Venezuela “las reservas cubrían nada más y nada menos  que cerca de 250% de la base monetaria” (El Cronista, 27/5). Más aún, esas reservas eran equivalentes a la casi  totalidad del dinero primario (billetes) y secundario (depósitos) en circulación. En Venezuela existía, no una “convertibilidad” , sino una “ultraconvertibilidad”, lo cual no impidió que estallara.

¿Qué pasó?  Pues que la “ultraconvertibilidad” permitió, aún más que en Argentina, una revalorización general de los bonos, acciones, títulos y propiedades, todos respaldados por una tan sólida como ficticia cantidad de divisas. Venezuela era un… mercado “emergente”, al punto que los precios en la Bolsa en 1991 “emergieron” entre 5 y 6 veces, esto en dólares.  Estos valores inflados sirvieron, a su vez, para respaldar la toma de créditos y para la financiación de negocios, con lo cual el producto bruto registró crecimientos  espectaculares, del 25% en sólo 3 años.

¡Qué estadísticas tan parecidas a las nuestras, ¿no?!

Pues bien, cuando en enero se cayó el segundo banco del país, el Latino, la razón fue la caída del precio que comenzaron a experimentar los títulos, bonos y acciones, a partir de la crisis financiera internacional y de lo que, en ese momento, parecía una duradera caída en la cotización internacional del petróleo. Los clientes del banco, que tomaron préstamos para especular en el Mercado de Valores, no pudieron devolver esos préstamos, y el propio banco debió contabilizar además grandes pérdidas por la desvalorización de los bonos, acciones y títulos que él mismo había comprado.  Mientras todos decían que la caída del  Latino no afectaba al resto del sistema bancario, a los pocos días siguieron por la misma senda los bancos Construcción, Barinas, Maracaibo, Metropolitano, La Guaira, Bancor, Amazonas y la financiera Fiveca, y también las empresas industriales vinculadas a esos bancos. “Según estimaciones privadas, para salvar a toda la banca en problemas habría que aportar desde aquí a diciembre 12.000 millones de dólares, cuando todo el presupuesto anual está calculado en 8.940 millones” (Clarín, 15/6). Ni el dinero del narcotráfico, que financiaba a gran parte del sistema (ver The Wall Street Journal, 13/2/94), pudo bancar el colapso.

En lugar de imponer el control de cambios y confiscar los bienes de los dueños y accionistas de los grupos financieros, el gobierno salió a rescatar a los grandes depositantes, en su inmensa mayoría grandes especuladores, a través de la emisión de moneda y de la colocación forzosa de un bono del FOGADE (Fondo de Garantía de Depósitos) por unos 5.000 millones de dólares, el cual se financiará  con impuestos sobre la población. Para salvar a los grandes capitales, el gobierno fabricó un déficit público del 8% del producto bruto. El gobierno “descartó (drásti-camente) la posibilidad de que se aplique un control de cambios” (El Cronista, 24/1), precipitando de este modo el caos.

La crisis venezolana sirvió para acelerar la tendencia al derrumbe que ya venían sufriendo los bonos latinoamericanos (cayeron más del 20%), esto porque México y  la Argentina son un espejo perfecto de Venezuela. Mientras los diarios argentinos dicen que la caída de los bonos latinoamericanos se debe a que los inversores son incapaces de diferenciar entre países y que desconocen las realidades nacionales, lo cierto es exactamente lo contrario; quienes no ven ni entienden nada son los “diarios”. Venezuela es apenas un anticipo y será, sin dudas, el primero que dejará de cumplir con los pagos del Plan Brady, en momentos en que los mercados internacionales están prácticamente cerrados para la colocación de nuevos préstamos por la fuga de capitales que experimenta Estados Unidos (crisis del dólar). Cavallo ya tuvo que suspender la colocación de un bono de la Transportadora de Gas; la Bolsa cayó más del 20% desde enero pasado y los préstamos bancarios están “descalzados”, esto porque mientras los depósitos están colocados a menos de 90 días de plazo, los créditos que ellos financian lo están de 2 a 5 años, y más aún en el caso de los hipotecarios. Pero lo más importante es que el crédito y los fondos libres de los bancos están colocados en una Bolsa que cae.

El gobierno venezolano impuso, recién después de la maxidevaluación del bolívar y de una fuga de capitales de 4.000 millones, el control de cambios. Sin embargo, como el Estado es el mayor proveedor de divisas,  esto a través de las exportaciones de la empresa estatal de petróleo, el control de cambios, tal como ha sido estructurado, sirve para vender dólares a los importadores y a las empresas que remiten utilidades y dividendos al exterior a un precio inferior al que se cotiza en el mercado negro. Con el control de cambios, “los inversionistas extranjeros podrán repatriar sus capitales” (El Cronista, 11/7). A pesar de su condición de calvo y lampiño, Cavallo debería poner sus barbas en remojo, y aún más que él deberían hacerlo los Chacho Alvarez, que quieren, dicen, “construir a partir de la convertibilidad” de Menem y el FMI.