La Comisión Europea (CE) definió a fines de septiembre su propuesta de un Pacto sobre Inmigración y Asilo, presentado como una respuesta ante la cuestión de la afluencia masiva de migrantes al viejo continente. La medida, promovida por la presidenta de ese cuerpo, la alemana Ursula von Der Leyen (que integra la democracia cristiana, el mismo partido que la canciller Angela Merkel), debe aún ser avalada por el Consejo Europeo (que reúne a los jefes de gobierno) y el Parlamento continental. Sin embargo, el aluvión de críticas con que fue recibido le augura pocas posibilidades de éxito.

El planteo de la CE parte del fracaso de una iniciativa previa, adoptada durante el pico de la crisis de refugiados, en 2015, cuando se instituyó un plan de cupos entre los países miembros de la Unión Europea, que no frenaba de todos modos las expulsiones masivas. Ese plan fracasó por las rivalidades entre los propios Estados europeos, que se echan entre sí el fardo de la crisis migratoria. En su lugar, los Estados avanzaron en deportaciones ilegales o se dedicaron a erigir vallas y muros, como Hungría. Como resultado, en los llamados receptores primarios -como Grecia e Italia- se multiplicaron los campamentos de refugiados, donde los migrantes sobreviven en condiciones infrahumanas.

En reemplazo de los cupos, fuertemente resistidos por muchos países de la Unión, la CE propone ahora una curiosa “solidaridad” interestatal. Los países de la UE, de manera voluntaria, podrán ayudar a sus socios costeros absorbiendo a una parte de los migrantes que califican para el derecho de asilo, o bien podrán colaborar haciéndose cargo de las deportaciones (que se presentan bajo el eufemismo de “retornos patrocinados”).

Esto simplemente sería el preludio de un salto en las deportaciones masivas, dado que ante la opción de recibir o deportar, lo más probable es que los Estados se inclinen por esta última posibilidad. Al mismo tiempo, la CE quiere fortalecer los controles territoriales, a través del reforzamiento de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), lo que crearía, según una observadora, “un impresionante ejército de agentes fronterizos” (Política Exterior, 1/10). Por otra parte, dada la celeridad con la que se haría el proceso de selección de los migrantes para su aceptación o expulsión, la Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI) advierte sobre “la reducción a cero de las garantías reales sobre un análisis completo y adecuado de las solicitudes de asilo” (Euronews, 23/9).

En resumen, lo que postula la CE es un endurecimiento de la represión y las deportaciones. En paralelo, mantiene la política del acuerdo con terceros países, como Libia y Turquía (donde hay casi 4 millones de refugiados sirios), para que actúen como Estados tapones de refugiados. En cuanto a los migrantes que sí se logran asentar en el continente, son víctimas de la superexplotación laboral.

El anuncio de las autoridades europeas se produjo pocos días después del incendio del campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos, que era uno de los centros de refugiados más grandes del continente. Erigido en 2015 para alrededor de 2800 personas, al momento del siniestro contaba con cerca de 13 mil almas, viviendo en condiciones de hacinamiento extremo: sin agua potable, con pocos baños (uno cada 150 personas, o una ducha cada 500) y comida racionada (El País, 15/9). Además, sufrían la represión del Estado griego al movilizarse por sus necesidades más apremiantes, o bien el ataque de grupos de extrema derecha. Al igual que los migrantes varados en Lesbos, otras decenas de miles sufren una realidad análoga en otras islas del Mar Egeo.

Divisiones

El anuncio de la Comisión Europea no ha dejado satisfecho a nadie. Los países receptores primarios siguen reclamando algún tipo de cupo obligatorio que socialice la crisis. El Grupo de Visegrado (Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia), presentado con hipocresía por franceses y alemanes como el malo de la película, reclama aún mayor dureza para frenar de cuajo las migraciones. En el Parlamento Europeo, la propuesta de von Der Leyen solo ha cosechado el respaldo del Partido Popular Europeo, que lo considera apenas “un buen punto de partida”.

La demagogia de los “valores europeos” se hunde ante la catástrofe migratoria. En paralelo al rescate de sus grandes grupos empresarios, los Estados europeos avanzan en una política expulsiva y apañan la violencia xenófoba contra los migrantes. Una muestra más de la debacle de la UE.

El imperialismo ha promovido las guerras que están en la base del proceso de migraciones masivas al continente europeo (principalmente, Siria y Afganistán). Es necesario oponerle la defensa irrestricta del derecho de asilo, la unidad de los migrantes y los trabajadores europeos, y la lucha contra la guerra imperialista.