19/08/1999 | 638

El segundo fracaso de Bolívar

El impacto que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está causando en la opinión pública latinoamericana es perfectamente comprensible. Centró su campaña política en la promesa de erradicar la corrupción administrativa, que individualizó en el poder judicial, el legislativo y la empresa estatal de petróleo. Una vez electo, dio todos los pasos para proceder a la reorganización de aquéllos. Consiguió que fuera convocada una asamblea constituyente en la que obtuvo el 97% de los mandatos. Enseguida, la asamblea se declaró soberana y originaria, lo cual la facultó a declarar un estado de emergencia que podría culminar en la disolución del poder judicial y del Congreso. Los jueces y los legisladores del antiguo régimen tuvieron que convalidar todas las exigencias de Chávez debido al abrumador apoyo popular del presidente. Aunque en el referéndum para decidir si se convocaba a una asamblea constituyente y, luego, en la elección de sus miembros, se abstuvo la mitad o más del electorado, esto no menguó el respaldo a Chávez, ya que los partidos tradicionales participaron de los procesos electorales y fueron rechazados en forma masiva.


Con la reunión de la asamblea constituyente, culmina una larga etapa de la vida política venezolana, que se inició en 1958 con el derrocamiento del dictador Pérez Jiménez. Los partidos que emergieron de este proceso, Acción Democrática y Copei, pactaron un reparto del poder político que debía ser independiente de quien ganara las elecciones. La fabulosa renta que genera la explotación petrolera aseguró el cumplimiento de este despojo del patrimonio público. El apogeo de este sistema tuvo lugar entre 1973 y 1983 cuando el precio internacional del petróleo llegó a cuadruplicarse. La débil burguesía del país fue incapaz de utilizar esta ventaja para industrializarse y para proceder a una ampliación del mercado interior, lo cual habría supuesto también la creación de un mercado que abarcara a Centroamérica, México, Colombia y Ecuador. Sí se despilfarró el dinero en la construcción de elefantes blancos y en desarrollar una fabulosa corruptela. Al final, este sistema cayó, del mismo modo, aunque por otras vías, que otros muy diferentes, aunque con el mismo fundamento económico, como la seudo-monarquía de Irán, en 1979.


Bolívar, el pequeño


Es natural que semejante convulsión en el orden político tradicional inquiete a los explotadores del país y del exterior. Pero el viejo régimen ya era un obstáculo también para ellos mismos. En la década del ‘90 se produjeron escándalos bancarios espectaculares que amenazaron con dejar impaga la deuda privada con los acreedores extranjeros. La lucha contra la corruptela dejó de ser el reclamo elemental de los demócratas y de los que sostienen que alcanza con el uso honesto de la renta petrolera para superar la histórica pobreza de las masas. Con independencia de su composición, que ha reclutado generosamente entre los intelectuales nacionalistas, la casi totalidad de la izquierda y la inmensa mayoría de los oficiales de las fuerzas armadas, el chavismo representa una necesidad general, incluido el imperialismo. A diferencia del nacionalismo pequeñoburgués que dominó la vida venezolana entre 1930 y 1960 con la bandera de la nacionalización del petróleo, el chavismo no es un movimiento básicamente antiimperialista; su bandera casi única es la depuración administrativa. No tiene un programa de nacionalizaciones sino de privatizaciones; la bandera contra la corrupción supone desestatizar la economía, no proceder a nacionalizaciones más radicales.


Las limitaciones de la asamblea constituyente para proceder a una democratización del Estado han saltado a la vista desde el primer día. Aunque se arroga un carácter soberano, confirmó a Chávez como presidente de la República sin haber establecido previamente una nueva Constitución ni convocado a nuevas elecciones. Es decir que, en nombre de la soberanía, ha consagrado un poder por encima de ella, que no tiene límites constitucionales. La contradicción que esto supone está transitoriamente resuelta por la completa subordinación de los constituyentes a Chávez, quien les ha impuesto que completen sus trabajos en 90 días. Chávez ya gobierna con facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso antes de pasar a receso. Este se ha transformado, de este modo, en un Bolívar, incluso copiando los procedimientos constitucionales de éste. Pero no tiene las mismas ambiciones históricas.


Chávez aseguró que «propicia una democracia directa y protagónica» (Clarín, 6/8), lo que delata su demagogia y pretende disimular su bonapartismo. No puede haber ese tipo de democracia en una sociedad agudamente dividida en clases y donde, encima, el poder económico lo concentran los monopolios internacionales. Para hacer efectiva esa democracia, las mayorías populares deberían poder organizarse con independencia del poder formal y tener la capacidad para imponerle sus decisiones; además deberían tener capacidad de control sobre los aparatos armados y sobre las operaciones económicas. Pero semejante doble poder chocaría con la dominación social capitalista y con la formidable burocracia del Estado. Chávez se refiere, en realidad, a un régimen donde la cúpula pueda arbitrar conflictos por medio de plebiscitos, lo cual supone que concentre un poder político que no deba rendir cuentas ante las asambleas parlamentarias. Esto inspira su propuesta de llevar el mandato presidencial a 6 años con posibilidad de una reelección. Lo mismo vale para su propuesta de crear un Consejo de Estado, que es un organismo que usurpa funciones de los parlamentos electos. Circula una proposición para hacer electivos los cargos judiciales, lo cual suena en principio fuertemente democrático, pero habrá que esperar a ver qué forma final tiene este proyecto. Es probable que sea muy parcial, limitado a cargos inferiores o de la procuradoría del Estado, y que mantenga intacto el principio burocrático que prevalece en los regímenes judiciales de todos los Estados capitalistas.


Sin ilustración


Ricardo Penfold, de Inversiones Santander, en Caracas, le dijo a The Wall Street Journal (9/8), que «el borrador de Constitución de Chávez ‘es muy conservador en el frente económico’…». Es decir que quien espera una dictadura ilustrada, o sea antiimperialista, puede empezar a buscar por otro lado. Contra todo el macaneo ‘directo y protagónico’, ese borrador «garantiza oficialmente la independencia del Banco Central y lo encarga de mantener estable el tipo de cambio y la inflación baja», algo que no establece la vieja constitución. En cambio, el diario norteamericano agrega con satisfacción que «las cláusulas que protegen la propiedad privada son esencialmente las mismas de la actual carta nacional». El régimen económico, en definitiva, no desentona del establecido por Cavallo-Fernández en la Argentina.


Incluso va más lejos, porque «limita la capacidad del Estado para contraer deuda externa y realizar inversiones en energía e infraestructura», de modo que constituye una suerte de sistema de ‘convertibilidad fiscal’. El tema del déficit fiscal es, precisamente, el argumento que viene esgrimiendo Chávez para reducir las inversiones de la empresa estatal de petróleo, tercerizar sus operaciones y promover la inversión extranjera en ramas conexas con la petrolera, como la petroquímica. Haciendo uso de sus facultades extraordinarias, Chávez acaba de «abrir la generación y distribución de energía al capital privado. Se espera que abra el camino para la privatización de las tres compañías regionales de energía» (Financial Times, 3/8). Este mismo diario anunció, hace cuatro meses, que Chávez «está persiguiendo activamente un acuerdo con el FMI» (27/4). Para evitar la ‘inseguridad jurídica’ que pueda generar la ‘transición’, «Hermán Escarra, uno de los más cercanos al presidente Hugo Chávez, declaró que se emitirán ‘garantías para las inversiones nacionales y extranjeras’…» (Página 12, 13/8).


Bonapartismo rentista


Durante la mayor parte de 1998, el precio internacional del petróleo anduvo por el suelo, lo cual acentuó la recesión en Venezuela (un 8% anual), provocó el despido de miles de trabajadores petroleros y amenazaba causar una catastrófica devaluación de la moneda. El candidato a Bolívar enfrentaba el riesgo de una huelga general y la imposibilidad de ejercer una política de arbitraje. Sin embargo, el pacto de los países productores de petróleo para cortar la producción cambió el panorama en el curso del ‘99. El precio subió un 100%; Venezuela recibió un incremento de ingresos del 25% a pesar de que tuvo que reducir su producción un 9%. «Se espera, acaba de informar The Wall Street Journal (16/8), que Chávez utilice parte de los ingresos adicionales para financiar los programas temporales de obras públicas para conjurar las crecientes presiones sociales y mantener sus tasas de aprobación pública…». En definitiva, la estabilidad de Chávez pasa por el mismo meridiano del régimen anterior, o sea, el precio del petróleo y la renta petrolera.


La enorme independencia de que hace gala el gobierno, sin embargo, hunde sus raíces más profundamente. En 1989 Venezuela conoció un levantamiento popular, el ‘Caracazo’, y en 1992, un segundo levantamiento, detonado por una acción militar encabezada por Chávez. En esta oportunidad, toda la izquierda democrática reunida en el Foro de San Pablo, que hoy integra el gobierno de Chávez, lo denunció por golpista y salió en defensa del ‘régimen democrático’. Desde estas páginas, llamamos entonces a apoyar la insurrección popular que procuraba adueñarse de la situación detrás del detonante militar. Como el viejo régimen seguía descomponiéndose, un nuevo levantamiento era previsible en el tiempo. Esta vez, la función de Chávez ha sido no la de desencadenarlo sino la de prevenirlo; en esto consiste su bonapartismo y su cesarismo, o sea su tendencia a arbitrar por encima de las clases.


Como ya lo hicieran todos los regímenes bonapartistas antes que él, la asamblea constituyente chavista se dispone a intervenir a la Central de Trabajadores de Venezuela, calificada justamente como un «antro de la corrupción». Pero no pretende hacerlo para que goce de su independencia de clase y para que tenga auténticas direcciones obreras sino para someterla al mecanismo de arbitraje del nuevo régimen, una vez que ha caducado el del viejo (la CTV está controlada por el gobierno y por el pacto interpartidario). Se trata de una tentativa reaccionaria que se esconde detrás de la necesidad de poner fin a la vieja burocracia. La izquierda venezolana apoya con toda pasión el nuevo intervencionismo del Estado porque cree ver la oportunidad de transformarse en dirección de los sindicatos, luego de décadas de marginalización política. Ni qué decir que la tarea de emancipar a los sindicatos de la burocracia podrida del régimen anterior debe ser de los propios obreros, no del Estado. Para lubricar la intervención a los sindicatos, el gobierno dictaría una ley que elevaría las indemnizaciones por despido, pero esto seguramente a cambio de otras conquistas y de la imposición de la flexibilidad laboral.


La crisis venezolana ha puesto al desnudo la precariedad de todos los regímenes estatales de América Latina, como lo muestra igualmente Colombia. No es la firmeza de estos Estados lo que se encuentra en discusión sino la dirección que debe tener su sustitución. La rápida demolición que han sufrido los partidos patronales históricos de Venezuela (lo mismo ya ocurrió en Perú) revela la completa inconsistencia de la democracia burguesa en nuestro continente. El remedio a la incapacidad de la democracia no ha sido una profundización de ésta sino un recambio bonapartista en las condiciones internacionales y nacionales más inestables que se pueda imaginar. Que la izquierda democratizante como los partidos comunistas y los tupamaros se ilusionen con esta salida sólo testimonia su propia bancarrota y, por sobre todo, que nada ha cambiado. Siguen a la rastra de los movimientos de contenido burgués, incluso cuando no hacen gala de ningún antiimperialismo. Es que no es suficiente sufrir los golpes de la historia para aprender; lo que se necesita es saber asimilarlos.

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