Para la gran prensa, el XV° Congreso del PC chino que acaba de concluir ha sido el de la ‘consolidación’ y la ‘aceleración’ de las ‘reformas’. Su principal resolución, la privatización de cientos de miles de empresas estatales por una vía que equipara a la ‘reforma’ china con la rusa, dicen, pone a China ‘un paso más cerca’ del capitalismo.

Purga en la cúpula

La principal resolución del XV° Congreso fue el llamamiento del secretario general del PCCh, Jiang Zemin, a la “venta, cierre o fusión” de las más de 300.000 empresas estatales.

La decisión, “adoptada después de una considerable discusión en la dirección” (International Herald Tribune, 18/9), parece haber jugado un papel determinante en la “gran purga” que tuvo lugar durante el Congreso (The Washington Post, 19/9). Cuatro de los siete miembros del Comité Permanente del Buró Político —el más alto organismo partidario— no fueron reelegidos, incluyendo al presidente del Congreso del Pueblo (legislativo) y al más alto oficial militar en actividad. Por primera vez en la historia del PCCh, no hay militares en ese organismo y sólo dos han sido elegidos al Buró Político, de más de veinte miembros.

Este “pequeño terremoto en la cúpula” (ídem) tiene lugar en el cuadro de grandes luchas entre las fracciones dirigentes. En las vísperas del Congreso fue expulsado del partido Chen Xitong, quien sucedió a Jiang como alcalde de Pekín cuando éste fue ascendido a la secretaría general, y que era, por lo tanto, un potencial competidor. Otro competidor, Qiao Shi, el presidente de la legislatura, fue alejado “prematuramente” (ídem) de todos sus cargos partidarios y deberá renunciar en breve a su puesto en el Congreso.

Aun cuando la conformación de la nueva dirección indique, según los observadores, un “compromiso” entre las diversas fracciones de la burocracia (O Estado de Sao Paulo, 18/9), el XV° Congreso ha significado un fortalecimiento de la camarilla de Jiang, presentado como ‘heredero’ de Deng Xiao Ping, y de Zhu Rongji, el actual responsable de la economía y señalado como próximo primer ministro.

El retroceso de los militares y la victoria de los ‘reformistas’ no significa ningún progreso en la ‘apertura política’. Al contrario, el vencedor del XV° Congreso, Jiang, reiteró los llamados al “fortalecimiento de la dictadura del pueblo”, es decir, al endurecimiento de las características totalitarias del régimen. Es significativo que el desplazado Qiao, antiguo jefe de los servicios de inteligencia, fuera el único en la alta dirección partidaria que “ha estado presionando recientemente por una reconsideración de la condena del partido a las protestas de la plaza Tiananmen en 1989” (The Washington Post, 19/9).

Privatización a la rusa

La apertura de China al capital externo provocó la rápida obsolescencia y decadencia de las empresas estatales: del 78% del PBI que producían en 1978, cayeron al 34% en 1994; hoy, su participación es todavía mucho menor, aunque insumen el 90% de los préstamos de los bancos estatales y el 70% del empleo industrial. Según un informe del Banco Mundial, el 70% de las empresas estatales es deficitaria y la mitad está técnicamente en quiebra (una cifra que casi se ha duplicado en los últimos dos años).

Las ‘reformas capitalistas’ introducidas en las empresas estatales empeoraron todavía más la situación. La autonomía otorgada a sus administradores”produjo mucho del efecto de la perestroika en los últimos días de la URSS”: los gerentes tomaron préstamos que no pensaban pagar, computaron productos invendibles como inventarios y vendieron activos para pagar gastos (The New York Times, 21/9); las empresas estatales se convirtieron así en”feudos para el enriquecimiento personal” de los burócratas (The Guardian, 21/9).

El corte de los subsidios estatales (el 4% del PBI), aplicado para detener la hiperinflación que amenazaba al país hace dos años, fue reemplazado por masivos créditos de la banca estatal. El monto de los créditos incobrables alcanza, en promedio, al 25% de las carteras de los grandes bancos; en algunas regiones, llega al 80% (The Economist, 13/9). El sistema bancario, en consecuencia, es insolvente: sus deudas incobrables superan largamente sus capitales; lo único que demora el estallido de la crisis es la suposición de que el Estado responderá por los depósitos … que han desaparecido de los bancos (ídem). La resolución principal del XV° Congreso, entonces, está dictada por la perspectiva de un “colapso bancario” (ídem) más o menos inmediato, amplificada por las repercusiones de la crisis financiera asiática.

El término “privatización” ha sido excluido del vocabulario del XV° Congreso; la “venta o fusión” de las empresas estatales se realizará por la emisión de acciones, que podrán ser compradas por inversores externos, organismos públicos y por los propios trabajadores de las empresas. Las empresas que no logren colocar sus acciones, deberán cerrar. Apenas unas mil grandes empresas quedarán enteramente en manos del Estado.

El ‘sistema de acciones’ está diseñado especialmente para que los burócratas locales y los gerentes de las empresas se queden con ellas. Más aún cuando, como consecuencia de la crisis asiática, los inversores externos se están retirando de la región (The Wall Street Journal, 12/9). Después de veinte años, la ‘reforma’ china alcanza así el punto de partida de las ‘reformas’ yeltsinianas: se “plantea el peligro del mismo tipo de confiscación gerencial de los activos públicos que dio a Rusia su actual ‘capitalismo de ladrones’…” (International Herald Tribune, 18/9). En otras palabras, el ‘sistema de acciones’ no es más que “una pantalla de humo para manipular los activos públicos en beneficio de los personajes bien ubicados” (The New York Times, 20/9).

En realidad, la resolución del Congreso viene a ‘legitimar’ un proceso de privatización de las empresas estatales que ya ha recorrido un largo camino. Además de la “privatización rampante” (The Economist, 13/9) que tiene lugar en la Bolsa de Hong Kong, donde cotizan las mayores empresas chinas, en los últimos dos años se ha venido desarrollando un proceso de “privatización espontánea” que ha puesto al 40% de las empresas estatales medianas y pequeñas —y al 12% de los activos nacionales— en manos de sus administradores y de los organismos burocráticos locales (ídem). En algunas regiones (Shangai, ciertos distritos de Pekín), el 90% de las empresas estatales ha pasado a manos privadas, en “un movimiento en el que los gerentes y los burócratas locales se apoderan de los mejores activos y dejan atrás las deudas”. Un economista de Hong Kong definió este proceso como”privatización de los activos y socialización de las pérdidas” (ídem).

El XV° Congreso del PCCh viene a dar “un nuevo nudo” a esta ‘confiscación gerencial’ de las empresas, lo que explica que algunos pronostiquen “una quema de activos” (The New York Times, 20/9) y que entre los diferentes niveles de la burocracia se esté desarrollando una lucha feroz por el control de las empresas.

Es un hecho bien conocido que, en Rusia, semejante ‘confiscación gerencial’ fue incapaz de revertir la decadencia de las empresas privatizadas y de dar una salida a la bancarrota fiscal; su completa dependencia de los subsidios gubernamentales y su virtual estado de quiebra generalizada. Al contrario, ha agravado todo esto. Lo mismo sucederá en China, donde ya hay “miles de empresas privatizadas que dan pérdidas” (Financial Times, 3/10) y donde todo el sistema fiscal reposa en los beneficios de las empresas estatales. Esto explica que Le Monde (20/9) caracterice a la política aprobada en el XV° Congreso como “una preocupante ausencia de programa”.

¿Más cerca del capitalismo o de la revolución?

Durante veinte años, la burocracia intentó preservar a las empresas estatales de las ‘fuerzas del mercado’, por su temor a desatar una revolución. El recuerdo de las masas sublevadas durante la ‘Revolución Cultural’ estaba demasiado fresco.

Ciento diez millones de obreros y empleados, los dos tercios de la ocupación urbana, trabajan en las empresas estatales que les proveen, además del salario, vivienda, servicios familiares de salud, educación para sus hijos, jubilación y esparcimiento.

La decadencia de las empresas estatales y las ‘privatizaciones espontáneas’ ya han creado una masa de desocupados urbanos, oficialmente estimada en 20 millones de trabajadores, el 8% de la población económicamente activa. “Estudios secretos del gobierno, sin embargo, estiman la desocupación en el 20/30% (…) en algunas zonas, como Manchuria, llegaría al 60%” (The Independient, reproducido por O Estado de Sao Paulo, 21/9).

La anunciada “venta, fusión o cierre” de más de 300.000 empresas estatales implicará el despido, según los cálculos más conservadores, de más de 40 millones de trabajadores, en un país que no tiene seguro de desempleo y donde el despido equivale, además, a la pérdida de la vivienda, de los servicios de salud, de la jubilación y a la expulsión de los hijos de las escuelas. Más aún, es previsible que las empresas privatizadas liquiden estas prestaciones a los trabajadores que queden ocupados.

En los próximos cinco años, los 40 millones de despedidos deberán ‘competir’ por un empleo en las empresas privatizadas con los 130 millones de campesinos que marchan a las ciudades en busca de un empleo, y con los 72 millones de jóvenes que entran al mercado laboral.

Una violenta confrontación parece inevitable

“En los primeros seis meses de 1997 las disputas laborales han crecido un 59% respecto del mismo período de 1996, continuando una tendencia ascendente” (Financial Times, 31/7). En 1996 ya se habían registrado “9.737 conflictos, más del doble de 1995” (International Herald Tribune, 12/9). Esto, sin embargo, da una pálida idea de la envergadura de la resistencia obrera, porque “la mayoría de los conflictos no son denunciados” (Financial Times, 31/7). “En la primera mitad de este año se produjeron más de 1.400 manifestaciones de obreros, doscientos de las cuales fueron de tamaño superior al millar de participantes. Y comienzan a producirse algunas verdaderamente masivas, como las de las provincias de Xichuan, en marzo, y de Mianyang, la semana pasada, a cargo en cada caso de más de 20.000 trabajadores de la industria textil” (La Prensa, 3/8). En un país donde las huelgas están prohibidas, la formación de sindicatos condenada con la cárcel, y donde “el gobierno chino prepara con fusilamientos la reforma de las empresas estatales” (ídem), el ascenso de las huelgas y manifestaciones obreras —con cortes de ruta, bloqueo de edificios públicos y toma de los gerentes como ‘rehenes’— plantea “un desafío mayor” (Financial Times, 31/7) a los restauracionistas chinos.

Todo esto explica que el Banco Mundial advierta sobre la posibilidad cierta de un “sublevación general” (Financial Times, 30/9). Para evitarlo, The Economist (13/9) le reclama al gobierno chino una “red de seguridad social” que se haga cargo de los millones de despedidos. ¿Cómo podría hacerlo un régimen que para salvar su sistema bancario en quiebra debe destinar recursos de su PBI en una proporción tres veces superior a la que asignó Japón y que no tiene un sistema impositivo efectivo?

El XV° Congreso del PCCh planteó una política de aguda y desestabilizante desocupación urbana, en un cuadro caracterizado por la agudización de todas las diferencias sociales y regionales, que la ‘confiscación gerencial’ de las empresas profundizará todavía más por la lucha en la cúpula, por la acentuación del inmovilismo político y por un ascenso de las luchas obreras. Es una fórmula explosiva, que revela el callejón sin salida al que ha arribado el proceso restauracionista chino.

Le Monde (13/9) recuerda que el XIII° Congreso del PCCh aprobó una política similar a la que acaba de resolver el XV° Congreso, que “fue el origen de la crisis de Tiananmen”.

Hace diez años, a diferencia de lo que ocurre hoy, la clase obrera china estaba relativamente quieta. En este nuevo e inevitable levantamiento, el papel del proletariado chino será infinitamente superior al de 1989. China está preñada de revolución.