Entre el petrolão y el ajuste


Rousseff no había asimilado aún el impacto de las protestas opositoras cuando sufrió la renuncia del ministro de educación y una caída en su aprobación al 13%. Lo importante de esta deserción es que se produce en el cuadro de una aguda disputa con el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal partido de la base aliada y la fuerza con mayor cantidad de diputados: éste habría reclamado la cabeza del ministro bajo la amenaza de romper su alianza con el PT. El PMDB también ha entorpecido el avance de proyectos importantes de ajuste, como parte de una pulseada de la que buscaría salir fortalecido con más ministerios y mayor gravitación en las decisiones económicas, además de impunidad en el Petrolão. Por el poder que ha adquirido como presidente de la Cámara de Diputados y su capacidad de veto, el 'pemedebista' Eduardo Cunha ha sido señalado como un virtual “primer ministro”. La tensión parlamentaria ha alcanzado tal magnitud que el ministro de Economía -el neoliberal Levy- habría amenazado con dar un portazo si no avanza el paquete de ajuste fiscal en el Congreso. El PT se encuentra dividido frente a la crisis política, con un Lula más activo que reclamaría -contra la posición de Rousseff de hacer “alteraciones puntuales”- una reformulación del gabinete para encauzar las negociaciones con el Parlamento y los partidos de la base aliada. En este escenario, el paquete anticorrupción presentado por la Presidenta ha pasado casi inadvertido.


 


Luego del éxito del 15M, los grupos que convocaron la protesta han llamado a una nueva jornada para el 12 de abril. De acuerdo a un relevamiento encargado por el propio PT, apenas el 2% de los participantes entrevistados expresaron haber marchado para proponer una intervención militar, mientras que el 54% expresó el repudio a la corrupción como motivo para movilizarse (O Globo, 22/3). Los sondeos coinciden en señalar que la movilización fue principalmente de sectores medios, y que más del 80% de los participantes fueron votantes de Aécio Neves en el balotaje. Los sectores que participaron se encuentran enfrentados con respecto a la cuestión del impeachment (juicio político). La línea del PSDB difiere de los flamantes movimientos 'destituyentes' (como Brasil Libre) y consiste en desgastar al gobierno y sepultarlo en las próximas elecciones legislativas. Mientras tanto, lo empuja a hacer el trabajo sucio del ajuste. Tampoco el PMDB, a pesar de sus choques con Rousseff, es partidario de un juicio político, y lo mismo vale para Obama. El progreso de un planteo de impeachment está condicionado a un descalabro económico mayúsculo y a una potenciación de las movilizaciones opositoras.


 


Ajuste y devaluación


 


En El País, la analista Eliane Brum (17/3) ha señalado que más importante que las protestas del 15M ha sido el fracaso de las marchas oficialistas del 13, puesto que estarían indicando un deterioro definitivo del PT en su capacidad de movilización y contención del movimiento popular. El ajuste ortodoxo implementado por Rousseff ha generado un gran malestar en la propia base política del oficialismo. El rechazo a las medidas de ajuste del gobierno se suma a la decepción por promesas incumplidas. El Movimiento de Trabajadores sin Techo realizó una jornada de cortes de ruta y de calles en trece estados del país para que se dé comienzo a la tercera fase del plan de viviendas Minha Casa Minha Vida. El ajuste ya ha afectado otros planes de vivienda. La crisis industrial está engendrando una fuerte resistencia en el movimiento obrero.


 


El Petrolão juega su propio papel en la crisis: crecen las presiones para avanzar hacia una privatización completa de Petrobras, cuyo valor de mercado se ha derrumbado y cuya caída arrastra también a sectores de la construcción que podrían ir al defol. El enorme endeudamiento de la empresa lleva a Carlos Pagni a preguntarse “si Dilma Rousseff va a estatizar la deuda de Petrobras como hizo Barack Obama con Freddie Mac y Fannie Mae en 2008” (El País, ídem). Mediante un plan de agresiva devaluación monetaria y reducción del gasto público, el gobierno busca avanzar en el ajuste y acercarse a un superávit fiscal primario que le permita asegurar los enormes vencimientos de deuda que el país tiene por delante. Es una receta socialmente explosiva.