En tiempo récord, el parlamento español ha votado una reforma constitucional que impone un “tope” al déficit presupuestario y a la deuda pública, pero que establece, por sobre todo, la prioridad del pago de los vencimientos de la deuda del Estado. Los partidos nacionalistas y las formaciones de izquierda han votado en contra, precisamente por el temor a que la norma sirva para incumplir los pagos a las comunidades autónomas. The Economist caracterizó por ello a la reforma como el primer acto de gobierno de Mariano Rajoy antes que como el último de Rodríguez Zapatero. Alemania cuenta con un “techo” similar incorporado a su Constitución, y en los últimos días el consejo de ministros de Berlusconi presentó un diseño de ley para establecer un “déficit cero” de esas características en la Constitución italiana.

La modificación de las cartas constitucionales obedece a la aceleración de la bancarrota europea, pero también es vista como un paso hacia la unión fiscal de la Unión Europea -o sea a su absorción por parte de Alemania. El BCE tuvo que precisar “que las compras de bonos en el mercado secundario (…) estaban condicionados a reformas que aseguren la estabilidad presupuestaria” (Financial Times, 2/9). Para el diario El País es “un mensaje (…) a los dos miembros de la eurozona que han sido más reticentes a la compra de deuda española e italiana por parte del Banco Central Europeo y que también se han mostrado más reacios a la imprescindible creación de los eurobonos: es decir, Francia y Alemania” (ídem, 3/9).

La reforma ha sido rechazada por los principales partidos nacionalistas de Euskadi (país vasco) y Cataluña, que consideran que la medida reduce el margen de autonomía financiera de las comunidades (ídem, 9/9). De este modo, la obligación de pagar en primer lugar la deuda pública, a costa de la bancarrota de los gastos sociales y de la coparticipación territorial, deja planteada la perspectiva de la desintegración política del Estado español -que, curiosamente, sólo podría conservarse si se produce la desintegración de la Unión Europea. El Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya y el Bloco Nacionalista Galego “han planteado, por primera vez de forma abierta en el Congreso, la inclusión del derecho a la autodeterminación en la Constitución” (ídem, 3/9) -es decir, la vía de la separación política. Izquierda Unida y otros grupos nacionalistas de izquierda solicitan un referéndum sobre la reforma constitucional, para lo cual les faltan las firmas de al menos tres diputados.

La bancarrota capitalista, que ya se ha cargado el mito del “milagro español”, pone ahora en cuestión también la tan mentada “España de las autonomías” de la Constitución de 1978, niña mimada e intocable de la Transición gestada en acuerdo con la monarquía y el franquismo. Todo esto mientras se han puesto en movimiento los pueblos y la clase obrera del Estado español.