En las últimas semanas, las noticias sobre la situación de los deudores hipotecarios españoles alcanzaron niveles dramáticos. El 9 de noviembre se suicidó una ex concejal socialista en Euskadi, cuando estaban a punto de entrar con un cerrajero para desalojar su casa y rematarla. Una semana más tarde, el 16 de este mes, se tiró por la ventana de su piso de la ciudad andaluza de Córdoba un hombre sobre el que pesaba una amenaza de desalojo.

A fines de octubre había ocurrido algo similar en Granada, cuando la policía llegó a un departamento para echar a su ocupante y lo encontró sin vida. El caso de los deudores hipotecarios españoles, como el del jubilado griego que se suicidó en la plaza Syntagma, la ola de suicidios que conmovió hace unos meses a Italia, o el propio joven que se quitó la vida prendiéndose fuego en Túnez, dando comienzo a la rebelión en ese país, volvió a poner de manifiesto la gigantesca catástrofe social de la bancarrota capitalista y el grado de barbarie al que arrastra al conjunto de la sociedad.

De acuerdo a las leyes españolas, un deudor hipotecario en cesación de pagos no sólo pierde su vivienda: debe continuar pagando al banco hasta cubrir el total de la deuda, y este último tiene derecho a embargar los ingresos futuros del deudor. Debido a la caída en los precios de las propiedades, en muchos casos la deuda supera el valor de la propiedad ejecutada, quitando a los deudores incluso la posibilidad de vender la casa para cancelar el compromiso.

Los términos draconianos que impone la legislación hacen que el nivel de impago de las hipotecas sea notablemente bajos (3%) en una economía devastada por la recesión y el desempleo: para las familias, dejar de pagar la hipoteca es la última de las opciones, ya que no sóo implica quedarse en la calle sino embargar cualquier ingreso futuro para pagarle al banco. Aun así, desde el estallido de la burbuja hipotecaria se han ejecutado más de 350 mil viviendas en toda España.

En los últimos años, la movilización de los afectados por las hipotecas ha crecido en diferentes puntos del país: a través de medidas de acción directa sobre los bancos y sobre las propiedades amenazadas, lograron detener más de cuatrocientos desalojos y abierto canales de negociación, estableciendo una vía de acción colectiva para quienes están a punto de perderlo todo.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), fundada en Barcelona en 2009, cuenta actualmente con 85 grupos locales en diferentes ciudades de toda España. La semana pasada, el Sindicato Unificado de Policías, mayoritario en esa fuerza, anunció que respaldará a aquellos policías que planteen una "objeción de conciencia" y se nieguen a llevar adelante un operativo de desalojo.

En el marco de la indignación provocada por los suicidios, y para tratar de mantener el conjunto del sistema en pie, el gobierno anunció una suspensión de los desalojos "por razones humanitarias y como una prueba de su política de responsabilidad social". Se trata, sin embargo, de una medida ultralimitada, que busca dejar en pie al conjunto del sistema. Es la más limitada de las propuestas que estaban en danza y la que defendían los propios bancos: la moratoria alcanzará sólo a aquellos deudores en situación de "extrema necesidad" y durante su transcurso (dos años) seguirán acumulándose intereses que engrosan la deuda final.

El anuncio fue cuestionado por los voceros de la PAH, quienes denunciaron los criterios restrictivos para poder entrar en la moratoria. La mayor parte de los amenazados de desahucio (desalojo) quedará por fuera de la misma. Según El País, "ninguno de los tres suicidas que han generado una enorme alarma social habrían entrado en las categorías de la moratoria".

Toda la prensa española reconoce que la limitación de la medida anunciada por Rajoy obedece, una vez más, a la presión de la Unión Europea, que continúa convirtiendo a España en un virtual protectorado. Ocurre que está en curso el paquete de "rescate" europeo a la banca española por más de 40 mil millones de euros. Según el Financial Times, cualquier medida que suavice siquiera superficialmente los términos leoninos con que se manejan los bancos en España provocará un incremento de los impagos y expondrá al quebranto a un sistema bancario ya seriamente comprometido. "Sobre las hipotecas están construidas en España muchas otras deudas y la estabilidad de los bancos". Modificar la ley de hipotecas implicaría un terremoto para toda la burguesía española y también para la europea.