El sábado 13 de junio se produjo la investidura de los alcaldes y presidentes regionales electos el 24 de mayo. El Partido Popular, hoy en el gobierno, ha perdido bastiones como Madrid, Sevilla y Cádiz. Podemos, virtual tercera fuerza política, ha desplegado una estrategia de acuerdos “puntuales” dando en general el apoyo al Partido Socialista (PSOE). O en algunos casos recibiéndolo, como en Madrid.

 

Una excepción significativa es Andalucía, donde el socialismo debió pactar con la derecha emergente de Ciudadanos al no lograr un acuerdo con Podemos. La falta de apoyo a la investidura de la dirigente socialista Susana Díaz, un recambio potencial en la cúspide del partido en el futuro, bien puede ser el resultado de los duros enfrentamientos internos en la organización Anticapitalistas en Andalucía, antes conocida como Izquierda Anticapitalista.

 

 

Gestión

 

La política de Podemos y sus alianzas, que incluyen a Izquierda Unida en los ayuntamientos, es un intento de crear una red de recursos asistenciales y recortar las ejecuciones hipotecarias. La alcaldesa de Madrid, la ex jueza Manuela Carmena, dijo al parisino Le Fígaro, el 17 de junio, “he insistido desde el comienzo que este programa no es una biblia para mí, sino una lista de sugerencias”. Quizá por esto se reunió antes de su investidura con el presidente de Bankia, antes Caja de Ahorros de Madrid, nacionalizada por su quiebra. El presidente, José Ignacio Goirigolzarri, recordó que Carmena trabajó en el gobierno vasco del socialista Patxi López donde montó una “oficina anti desahucios que está funcionando bien” (El País, 19/6).

 

Para ponerlo en palabras de un militante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con fuerte presencia en la candidatura de Carmena, “les va a resolver a los bancos el problema de alquilar los pisos vacíos con un alquiler social que nadie estará en condiciones de pagar”. La alcaldesa de Barcelona, activista fundadora de la PAH, tiene otro estilo más agresivo y combativo, pero choca con los mismos límites. Resolver el problema de la vivienda supone expropiar a la banca, la gran propietaria inmobiliaria de España, y ceder sus viviendas a los ciudadanos sin techo o amenazados por los desahucios. El gobierno socialista de la Junta de Andalucía está en este sentido por delante de Podemos y sus aliados con un decreto que propone el derecho prioritario de compra de cualquier vivienda en proceso de desahucio para cederla en alquiler social a sus anteriores propietarios.

 

 

Límites

 

Las pocas decisiones tomadas en la primera semana de gobierno revelan estas limitaciones. En Madrid, por ejemplo, han renunciado a su programa de asistencia alimenticia a los escolares y se han acoplado al que tenía la ex alcaldesa del Partido Popular, Ana Botella. Llevar alimentos a domicilio, sólo que ahora con más presupuesto, en una franja de edades más amplia. Es decir que en lo único que los nuevos regidores parecen en condiciones de diferenciarse de sus antecesores es en una mejora del asistencialismo. Los ayuntamientos y los gobiernos autónomos en España están en condiciones de mejorar el empleo con medidas tan sencillas como cancelar los contratos de servicios con empresas externas en la recogida de basuras, servicios sanitarios, mantenimiento de parques y jardines, etc. Sin embargo, no hay indicios de que se vaya a emprender ese camino. Antes bien, la alcaldesa señaló que quizá sea mejor ofrecer la limpieza de los colegios a los padres de los alumnos, propuesta que ha hecho estallar a los sindicatos. Está al alcance de los ayuntamientos incorporar a los trabajadores de las empresas subcontratadas a los servicios municipales.

 

Hay otras cuestiones clave, como la apertura de los libros contables de los ayuntamientos para su control por los ciudadanos organizados. No se avanza sobre los servicios tercerizados, a quiénes y cómo se han concedido, investigando las concesiones hechas y denunciando el robo de los fondos públicos.