La trama de corrupción que golpea a toda la primera línea del Partido Popular ha puesto en la picota al primer ministro Rajoy. El escándalo reveló una vasta red de ‘donaciones’ empresarias en favor de altos funcionarios regionales y municipales del PP, así como a ministros del gobierno. En las listas halladas en la investigación judicial, figura Rajoy. Los principales aportistas en negro son las grandes constructoras -entre ellas, Sacyr Valle Hermoso, la segunda empresa controladora de Repsol. Jordi Pujol, ex Presidente de Cataluña entre 1980-2003 por el centroderechista CIU, también está denunciado por su propia trama de corrupción. Lo mismo ocurre con la totalidad de la cúpula del PSOE de Andalucía. La monarquía está en el banquillo: el yerno del Rey, Iñaki Undargarin, está involucrado en distintas corruptelas, lo mismo que el secretario de las infantas (las hijas del rey). Ha salido a la luz la vasta descomposición del conjunto del aparato estatal.

La consigna de que se vayan todos se ha popularizado, con movilizaciones a los locales centrales del PP para exigir la dimisión ya. En 48 horas se juntaron medio millón de adhesiones para que se vaya Rajoy. El PSOE no ha podido evitar el reclamo de la renuncia de Rajoy, pero en términos de un enroque dentro del PP -lo cual, a esta altura, sería inviable. Los sondeos indican que, en una nueva elección, el PP sacaría menos de la mitad de los votos que hace un año atrás. El PSOE no tiene garantizado un destino mejor. Las encuestas le atribuyen al bloque PSOE-PP, que se alternó en el gobierno de España durante los últimos 30 años, una votación conjunta del 45%, una tendencia que decrece cada semana. España sigue el camino de Grecia y es probable que la secunde Italia.

Catástrofe social y reacción popular

Las denuncias de corrupción han despertado la furia de un pueblo que soporta una verdadera catástrofe social. La desocupación ha llegado ya al 26%, con cinco millones de desempleados. Los paquetes legislativos laborales han acentuado, como nunca, la superexplotación de los ocupados con la complicidad de la burocracia sindical. Mientras salen a la luz las corruptelas de la patria inmobiliaria con el poder político, se han producido más de 350 mil desalojos de viviendas populares. Hasta el sindicato policial movilizó a 8 mil efectivos para repudiar la represión de la infantería en el último paro general y defender el derecho de objeción de conciencia a aquellos que se nieguen a reprimir los desalojos. Mientras se pudren los bloques gobernantes, el pueblo español está tomando la iniciativa política.