El gobierno del Partido Popular abrió un proceso penal contra miembros de las dos plataformas de luchadores, porque han convocado a una manifestación para rodear simbólicamente el Congreso de los Diputados el 25 de setiembre. Se les acusa "de acuerdo con los dispuesto en el artículo 486 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como responsables de un presunto delito contra altos organismos de la nación", el cual se castiga con la pena de prisión de seis meses a un año o una multa de doce a 24 meses a los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento". Semejante legislación integra lo que se llama "la transición española".

La plataforma “¡En Pie! Ocupa el Congreso” y la “Coordinadora 25S” -ambas vinculadas al movimiento 15M- vienen organizando esta manifestación desde mediados de agosto. Una acción que consiste en rodear el Congreso el 25 de setiembre. Originariamente, la convocatoria era única, pero se han separado por un confuso episodio de supremacía, alentado por el periódico Público. La plataforma “¡En Pie!” plantea, entre otros, la dimisión del gobierno y la disolución de las Cortes y de la jefatura del Estado -ejercida por el rey Juan Carlos-; la apertura de un proceso constituyente democrático; la auditoría de la deuda pública de España con una moratoria; la reforma de la ley electoral para facilitar un proceso constituyente democrático; la derogación de los recortes sociales y de las reformas contra el Estado de bienestar, y la paralización inmediata de los desalojos de las viviendas.

Por su parte, la Coordinadora 25S ha hecho un manifiesto genérico contra el capitalismo y llama a rescatar al Congreso de manos de los políticos. La separación en dos plataformas no ha roto la unidad de acción ni ha socavado de momento la coordinación de las manifestaciones previstas.

El gobierno de Madrid acusa a la manifestación de "golpista" y de sediciosa. Intenta trazar una línea divisoria clara entre estas movilizaciones del 25S y las convocadas por la Unión General de Trabajadores (UGT) y por las Comisiones Obreras (CCOO) -que agrupan a un centenar de organizaciones sociales bajo la denominación de Plataforma Social-, con el argumento de que los sindicatos tienen servicios de orden propios, en tanto el 15M y los movimientos del 25S están infiltrados por extremistas "antisistema". Los dirigentes de UGT y CCOO se limitan a plantear un referéndum sobre las reformas y los recortes del gobierno, pero no su caída y una Constituyente.

Los dirigentes sindicales habían presentado su planteo ante el rey a principios de agosto, para crear una cortina de humo con la cual velar el levantamiento de la huelga de los mineros del carbón, precisamente entre el primero y el seis de agosto. Tanto la UGT como las CCOO habían bloqueado la posibilidad de una convergencia de las luchas de los trabajadores del sector público y del carbón. El levantamiento de la huelga de los trabajadores del carbón fue apalancado por las direcciones sindicales, aún a sabiendas de que el gobierno no cedería ni un milímetro en sus posiciones. El sector crítico exigía la convocatoria a una huelga general inmediata, en oposición a la solicitud del referéndum.

Durante la concentración del 15 de agosto convocada por la UGT, por las CCOO y por la Plataforma Social, la policía obligó a los portadores de una pancarta del 15M a identificarse. Al día siguiente de esta manifestación, el 16 de agosto, la policía obligó a identificarse a unos 40 activistas de la Coordinadora 25S reunidos en el Parque del Retiro en Madrid. El jueves 20 comenzaron a llegar las citaciones judiciales a tres activistas identificados el 15 y a otros cinco identificados el 16. Está claro que la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha montado una provocación contra los organizadores del 25S, para extender los mecanismos del fuero antiterrorista contra la protesta social. Queda de manifiesto el temor del gobierno a la consigna de destitución del gobierno y a la convocatoria de una Constituyente.

Ni el gobierno ni los sindicatos olvidan que el 15M fue un movimiento de masas, el cual sigue con una fuerte capacidad de movilización y que ha mantenido intacta su organización en asambleas de barrios en las principales ciudades del país. Mientras la afluencia a esas asambleas se ha reducido significativamente, ha crecido el nivel de resistencia de los trabajadores a la ofensiva del gobierno. En las asambleas de barrio y en los grupos de trabajo del 15M y de la Asamblea Popular de Madrid, hay un debate profundo sobre la necesidad de una estrategia de huelga general como método de lucha. También las organizaciones de izquierda y clasistas deben sacar sus conclusiones de la situación presente. Hay quienes afirman que están presentes en este movimiento para darle "contenido de clase". Olvidan, sin embargo, que el contenido de clase implica la intervención del proletariado, pero también de un programa.

A todo esto, se suma la rebelión de las regiones autónomas y de los trabajadores. No es el 25S el que cuestiona la estructura constitucional española, son las autonomías históricas: Cataluña y País Vasco. El ex presidente socialista Felipe González ha salido a la palestra el 20 de septiembre, al declarar en los medios que es necesaria una reforma constitucional que establezca un Estado federal. No es la primera vez que los políticos burgueses intentan encorsetar los problemas nacionales en un régimen federal. Pero omiten que la condición para un federalismo consecuente es la República. De otro modo, ese "federalismo" no pasaría de una modificación de las responsabilidades fiscales, bajo la tutela de la monarquía. La IV Internacional ha reivindicado siempre la Federación socialista de las Repúblicas Ibéricas, lo cual podría incluir también a Portugal. El otro aspecto es que un Estado federal o la "independencia", sometidas a la UE, sería una farsa de federalismo, pues sería un protectorado de Berlín y de Bruselas. Además del derrocamiento de la monarquía, el federalismo y la independencia solamente serían tales si van acompañadas por la ruptura con la Unión Europea.

El 21 de octubre próximo, las elecciones en el País Vasco se habrán de dirimir entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la izquierda nacionalista agrupada en Bildu. El PP y el PSOE se van a desmoronar. El PP puede perder las elecciones autonómicas en Galicia, también el 21 octubre, y cabe la posibilidad de que Convergencia i Unio (CiU), el partido de la gran burguesía catalana, convoque a elecciones anticipadas en Cataluña para barrer a la oposición y para renovarse en el Parlament, con una mayoría más amplia y sólida. CiU agita la soberanía para negociar un pacto fiscal, pero no tiene la menor intención de romper con las multinacionales que operan en la comunidad ni con la Unión Europea. ¿Pero cómo hará Rajoy para aflojar la bolsa fiscal cuando el Estado que preside se encuentra en bancarrota y deberá someterse, en breve plazo, al control completo de la Troika -o sea, la Comisión Europea, el BCE y el FMI?