Internacionales

24/10/2017

Estados Unidos: avanzada contra el derecho al aborto


La cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el martes 3 de octubre –por 237 votos a favor y 189 en contra– un proyecto de Ley que prohíbe la realización de abortos a partir de la semana 20 de gestación, disponiendo una pena de 20 años de prisión para quienes realicen la práctica y exceptuando únicamente los casos de violación e incesto, siempre y cuando la mujer presente un informe médico de una agencia estatal o federal.


 


El proyecto “Ley para la protección del niño por nacer capaz de sentir dolor” cuenta con el apoyo entusiasta del mandatario Donald Trump –quien viene asestando varios golpes a la conquista del aborto legal–, y se encuentra actualmente en debate en el Senado, donde necesita un total de 60 votos (todos los republicanos y 8 demócratas) para ser finalmente aprobado.


 


Conquistas e impedimentos


 


Cabe recordar que el derecho a practicar este tipo de abortos tardíos complejos se consiguió en Estados Unidos fruto de una dura lucha del movimiento de mujeres en ese país.


 


Sin embargo, su concreta aplicación fue históricamente bloqueada por la presión estatal: en la mayoría de los Estados no se aplicó este derecho y en todo el país se ha mantenido el libre accionar de grupos católicos que, apostados en las clínicas donde se practican estos abortos, hostigan sistemáticamente a las mujeres que se los van a realizar y atacan al personal de la salud que trabaja en las clínicas. A partir de que uno de los médicos más famosos, el Dr. Tiller, fuera asesinado a tiros en 2009 en manos de grupos pro-vida, todo el personal que trabaja en este tipo de clínicas es custodiado y debe ingresar y salir por puertas de seguridad.


 


Oscurantismo: política de Estado


 


Luego de defender con énfasis este proyecto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del gobierno para subvencionar a grupos que practiquen el aborto –o asesoren sobre él– en países foráneos. A su turno, en un comunicado del 6 de octubre el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) afirma que las nuevas normativas buscan “proteger los derechos de conciencia de todos los estadounidenses”.


 


Ya en marzo de este año, Trump había eliminado una norma que obligaba a los estados a proveer de fondos a las clínicas abortivas. Dos meses después, en mayo, aprobó una orden ejecutiva de “libertad religiosa” que allanaba la capacidad de lobby de las congregaciones cristianas –quienes cuentan con el beneficio de la exención de impuestos– y permitía a las empresas negarse a cubrir anticonceptivos en el seguro de salud de sus trabajadores.


 


La avanzada contra el derecho al aborto legal viene directamente ligadas al propósito de Trump de reforzar la relación de las iglesias católica y protestantes con el Estado. De hecho, el argumento pretendidamente científico de que el feto siente el dolor a partir de la semana 20 de su desarrollo, cuyo principal vocero en la Cámara Baja ha sido el republicano Trend Franks, recibió el respaldo del Arzobispo de Nueva York y Presidente del Comité Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Cardenal Timothy.


 


Control social para aplicar el ajuste


 


Este proyecto de ley viene acompañado de un discurso sobre la necesidad de reforzar los “valores americanos” y de repudio a compartir con países “terroristas” como Corea del Norte una legislación que “vulneraría” a la familia americana. Así, el coro de fascistas yanquis se despacha en este ataque a las mujeres.


 


A su turno, el proyecto, en línea con la orden ejecutiva de “libertad religiosa”, busca aliviar a las empresas de “dar a sus trabajadores cobertura de seguro que incluya anticonceptivos, medicamentos potencialmente abortivos y procedimientos de esterilización” –es decir, impedir que la familia trabajadora pueda planificar conscientemente la formación de su familia.


 


De fondo, el ataque contra las mujeres busca para reforzar el control social sobre toda la población, en un cuadro de ataque a las condiciones de millones de trabajadores en el país, con la reducción de las coberturas de Salud, el desarrollo de la política anti inmigratoria, el ajuste, el desempleo y el encarecimiento de los costos de vida.


 


La regimentación sobre el cuerpo de la mujer es una herramienta de disciplinamiento social fundamental para que avancen todas las medidas contra los trabajadores en el país. Es fundamental reforzar la lucha unitaria de las mujeres y la clase obrera contra estos atropellos.