09/06/2020

Estados Unidos: el aparato represivo en el centro de la crisis política

Gatopardismo y cooptación en marcha

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Desde el 25 de mayo, día en que fue asesinado George Floyd en Minneapolis, no han dejado de producirse movilizaciones de centenas de miles de manifestantes en Estados Unidos. También como resultado de las mismas hay nueve mil presos en diversas cárceles. Y cabe destacar que los gobernadores de varios estados han sumado 43 mil efectivos de la Guardia Nacional en las calles de muchas ciudades norteamericanas para garantizar el orden y el toque de queda. No obstante, Trump no ha podido sacar el ejército a la calle, desautorizado en su manejo de la crisis por el propio Pentágono.  Su Secretario de Defensa, Mark Esper, fue el vocero de la decisión. Evidentemente los mandos de las fuerzas armadas han considerado inoportuno echar más leña al fuego de la caldera popular que se extiende por el vasto territorio norteamericano, mezcla de la insatisfacción por los 1.900.000 infectados, y 110.000 muertos por Covid-19, los 40 millones de desocupados y la acción policial racista. Desplegar el ejército en la represión interna significaba exponerlo al mismo repudio social generalizado que sufre la policía y potencialmente, a un quiebre del orden de mando, como cuando se lo usó para reprimir manifestantes en 1968.


Las manifestaciones de crisis en las instituciones policiales y en la propia guardia nacional han sido una expresión del enorme empuje popular.



¿Un súbito ataque de conciencia?


El jefe de policía de Nueva York, que ha presidido cruentas represiones contra los manifestantes, se arrodilló frente a los manifestantes, ensayando una confraternización a la vista de las cámaras de los medios. La misma escena se reproducía en ciudad tras ciudad, de punta a punta del país.


El sheriff del condado de Genesee, Michigan, habló frente a una manifestación, y los policías antidisturbios que lo acompañaban se plegaron a la misma. El jefe de policía de Houston, Texas, Art Aceno participó  de las protestas que repudiaban el asesinato de George Floyd. En Santa Cruz, California, el jefe de policía se arrodilló delante de una manifestación. El gobernador de Virginia, Ralph Northam se negó a mandar a reprimir a la Guardia Nacional. En el condado de Spokane, Washington, los agentes de policía se arrodillaron frente a los manifestantes, ocurriendo lo mismo en Portland. Este hecho se reprodujo en Desmoines. El jefe de policía de Escondido, California, condenó el asesinato de George Floyd. The San Diego Union Tribune informa que el sheriff Bill Gore puso énfasis en que se prohibirá a la policía el uso de sujeción de la carótida (“choke hold”), muy usual en la policía de todos los estados norteamericanos, y que fue el recurso asesino usado contra George Floyd. Esta toma fue prohibida por el consejo municipal de Nueva York, desde que, en 2014, fue usada para asesinar a Eric Garner. El impacto de la rebelión ha sido mayor en Minneapolis, donde el alcalde de la ciudad fue repudiado cuando quiso acercarse a los manifestantes por declarar “me opongo a abolir la policía". El concejo municipal de la ciudad luego aprobó la disolución de la fuerza policial de la ciudad, a la que pertenecían los asesinos de George Floyd. Más allá de que no sea claro el contenido de la “fuerza de seguridad comunitaria” que la reemplazará en sus funciones, el hecho es una muestra del recule en un régimen político, que no ha podido derrotar al movimiento por la vía represiva.


El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio se ha rehusado a la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad, y el gobernador del Estado declaró que esa postura sería respetada por él.  Muriel Bowser, alcaldesa de Washington bautizó la calle que pasa frente a la casa blanca como Black Lives Matter en un acto de oposición a Trump y de coqueteo demagógico con los manifestantes.


Luego de dos semanas llenas de represiones y arrestos, las movilizaciones se mantienen, masivas y más pacíficas. A su vez, la mayoría de las ciudades levantaron los toques de queda. Frente a los planteos de abolir las fuerzas policiales y las prisiones que se levantaron en amplios sectores de los que toman las calles, se ha desplegado una amplia gama de planteos de reformas parciales, destinadas a apaciguar el movimiento. Del propio movimiento surgieron planteos de reducción del presupuesto policial. Esta medida, un mal menor, ya fue adoptada por la ciudad de Los Angeles. El recorte de 100 millones de dólares a la fuerza policial de Los Angeles, una de las que tiene mayor historia de crímenes violentos contra la población, suena fuerte pero sólo significa un poco más del 5% de reducción.



Nancy Pelosi, la demócrata que preside la cámara baja del congreso planteó a los medios que quiere ir por leyes de reforma policiales, y le pidió a la bancada de diputados negros que integra su partido que preparen proyectos que pudieran seducir a los manifestantes. La ley presentada modifica elementos de protección legal que dificultan llevar a un policía a juicio, armando un registro de policías violentos y divisiones encargadas de acelerar las investigaciones. Frente a manifestantes que han sacado la conclusión del carácter racista y opresor del Estado, no puede negarse que con el departamento de Justicia y los jueces como garantes, el zorro sigue a cargo del gallinero. El paquete para una policía “más humana” presentado por el senador autodenominado demócrata socialista Bernie Sanders parte de disponer un alza generalizada de los sueldos de los policías, a contramano de la rebelión popular.


A su turno, dos ex presidentes demócratas, Carter y Obama hablaron de reformas policiales. Una de ellas es que se considerarán como delitos de odio las denuncias falsas con base racial. Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York dijo que para combatir abusos policiales había que levantar el secreto de los historiales policiales. ¿Es que súbitamente los gobernadores y la policía han cambiado su naturaleza? De ninguna manera. Lo que ha cambiado es la situación política, esencialmente el ánimo de las masas, lo cual obliga  a utilizar maquillajes sin cambiar nada, aunque también horada la disciplina policial. Pero hay que tener presente que mientras estos hechos ocurren en medio de casi dos millones de infectados, y más de cien mil muertos, y la miseria se ahonda, una franja de la población ha llegado al hartazgo y sus instituciones han comenzado a resquebrajarse. Con todo, quienes impulsan estas reformas no han demandado la libertad de los presos y han condenado la “violencia” de los manifestantes.


La rebelión popular ha golpeado de manera contundente el intento bonapartista de Donald Trump. Para poder defender el régimen cuestionado por las revueltas, se impone la famosa receta de Il Gatopardo, que cambie algo, para que nada cambie. La burguesía norteamericana opositora está buscando un cambio de frente, tratando de llegar a las elecciones de noviembre, como forma de desarmar el movimiento. Éste deberá superar las trampas y maniobras que les oponen los Obama, los Clinton o los Sanders, o el actual candidato demócrata, Joe Biden.



Para superar ese intento de estrangular el movimiento tras una perspectiva de la burguesía, el mismo deberá plantear con claridad la inmediata libertad de los presos, incluidos los 54 presos políticos encarcelados desde los años 70, la apertura de los libros de guardia de las comisarías para ser investigados por parte de comisiones de las masas en lucha, para castigar sin miramientos y con toda energía a la policía que tortura, que mata en todas las ciudades norteamericanas, y la constitución de organismos de seguridad ciudadana emanados de las movilizaciones,  controlados por ellas y revocables, cuya función sea combatir la tortura y los asesinatos policiales y el racismo, que se opongan a los mismos y que sean independientes del estado, de los gobernadores y de los alcaldes, un paso hacia la disolución de la policía, y la salida inmediata de los efectivos de la guardia nacional de las calles. Este programa de naturaleza democrática debe estar integrado a un programa de reivindicaciones que incluya la prohibición de los despidos y las rebajas salariales, un seguro al desocupado equivalente al costo de la canasta familiar, la conversión de la industria armamentista en una industria al servicio del combate del Covid-19, bajo control obrero, la estatización bajo control obrero de los laboratorios farmacéuticos y la estatización del sistema de salud bajo control de los trabajadores para imponer su gratuidad, además de la resolución de los problemas de vivienda de los sin techo. En definitiva, la lucha por George Floyd, en la presente crisis debe tener como perspectiva destruir al coloso imperialista en sus propias entrañas y abrir paso a un gobierno de trabajadores sobre la base de la destrucción de su estado como parte de la revolución socialista mundial. La construcción de un partido obrero revolucionario, entonces, es decisiva.