A un ritmo tan vertiginoso como la hecatombe que se desploma sobre los trabajadores estadounidenses, demócratas y republicanos refuerzan los recursos para reprimir cualquier resistencia popular. Mientras se transferían millones de dólares a la banca, Bush creó la primera brigada de combate de la historia norteamericana con funciones de “fuerza de respuesta del gobierno federal en el territorio”. Más claro: para la represión interna. El 1º de octubre, el Comando Norte del Ejército -responsable de defender el país en caso de agresión externa- reconoció que está entrenando la brigada para “control de multitudes” y métodos “no letales de represión”. “Se la podrá usar para ayudar en casos de descontento social y control de multitudes”, informa el Army Times (30/10), una publicación ampliamente leída por los militares. El Pentágono sostiene que actuará sólo ante catástrofes naturales, pero sus integrantes vienen de Irak, participaron en la represión a Fallujah y son especialistas en contrainsurgencia.

La Unión por las Libertades Civiles (Aclu) y otras organizaciones denunciaron que, en realidad, será utilizada “para reprimir disturbios civiles” y exigieron que “abran los registros” sobre su creación, que son secretos. “Es imperativo que el pueblo sepa la verdad sobre esta nueva intromisión sin precedentes de las Fuerzas Armadas en los asuntos internos”, dijo la Aclu. Desde 1807, la Constitución prohíbe que las Fuerzas Armadas participen de la represión interna sin aval del Congreso (Insurrection Act Rider). Cuando Bush las mandó contra las víctimas del Katrina, lo disfrazó de misión humanitaria y de salvataje. Pero su gobierno ha contado con el Congreso para abolir todas las barreras legales que les impiden actuar en la represión interior.

Los “disturbios” del Katrina sirvieron, en 2006, para aprobar la llamada ley Warner, que autoriza al Presidente, en caso de “protestas y desórdenes civiles”, a declarar “emergencias públicas”, estacionar tropas militares en territorio nacional y desplazar fuera de los estados -sin permiso de los gobernadores- a las policías y la guardia nacional. También volvió aún más flexible la detención extrajudicial de “extranjeros ilegales”, “potenciales terroristas” y otros “indeseables” (¿?). El senador Patrick Leahy (demócrata de Vermont) señaló entonces que la ley era “una invitación a Bush para que declarara la ley marcial” y logró que la Justicia limitara los flamantes poderes del gobierno federal sobre los estaduales.

La Aclu denuncia que Bush ha intensificado a extremos inauditos el espionaje interno. En 2005, los medios revelaron que Bush había ordenado espiar a cientos de organizaciones populares, Ong’s y  activistas contra la guerra de Irak sin solicitar la venia judicial que exige la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Fisa, por sus siglas en inglés). En julio pasado, el Congreso -con el voto afirmativo de Obama y MacCaine- modificó la Fisa para que el Ejecutivo pueda espiar al pueblo a su antojo y otorgó inmunidad judicial a las empresas telefónicas que lo ayudan. Desde 2006, KBR, una subsidiaria de Halliburton, está construyendo por pedido del Departamento de Defensa “centros de detención temporaria” para ser usados durante una “emergencia de inmigración” o para enfrentar una “emergencia nacional”.

La resistencia del movimiento por las libertades democráticas ha logrado algunas victorias. Hace un año, el Cámara de representantes aprobó (404 a 6) la Ley de Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Interno (Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act), sin que ninguno de los grandes medios informara el hecho. Cuando trascendió, “la extensa oposición de las organizaciones de defensa de los derechos forzó al Senado a cajonearla”. El proyecto de Jane Harman, demócrata por California, preveía “un aumento potencial de la radicalización individual” no controlable “con los tradicionales recursos federales de inteligencia”. Harman pretende crear organismos que prevengan “la radicalización doméstica” e investiguen “a la gente de ideas radicalizadas capaz de convencer al pueblo para que use la violencia”. Brian Jenkins, presidente del Subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, coincide: “A menos que encontremos un modo de intervenir en el proceso de radicalización, ésta será la principal amenaza que enfrentemos como país, probablemente, durante décadas”.