-Exclusivo de internet

Con España paralizada por las vacaciones, el conflicto de los controladores aéreos se acerca a su final una vez alcanzado un acuerdo salarial y de condiciones de trabajo satisfactorio en el marco de una escalada de provocaciones por parte del Gobierno, que en más de una oportunidad amenazó con militarizar el conflicto. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha cejado en reforzar el código penal en forma sistemática, focalizándose contra las manifestaciones sin permiso ministerial y la represión de los piquetes de huelga.

Precisamente, durante la huelga de los trabajadores del Metro de Madrid, en el mes de julio, la empresa y su propietaria, la Comunidad de Madrid, acusó a los “piquetes que impedían a los trabajadores acceder a sus labores” y pidió a la Policía Nacional un operativo extraordinario para impedir que los piquetes “paralizaran los servicios”, aunque no logró mover un solo tren. Quedó, sin embargo, en evidencia la tendencia a la movilización forzosa de los trabajadores y a su sustitución por fuerzas de orden público en el sector de servicios.

Con motivo de las luchas de los trabajadores de la Naval de Gijón en 2005, los dirigentes del sindicato regional de Asturias (Corriente Sindical de Izquierda), Candido González Carnero y Juan Martínez Morala, fueron condenados a prisión en 2007. Los trabajadores fueron finalmente excarcelados por la presión de la opinión pública. El incidente tuvo la virtud de poner de relieve a quién va realmente dirigido el creciente endurecimiento de la legislación penal y laboral en España. El ministro del Interior dijo, recientemente, respecto de la delincuencia común de los inmigrantes que: “Más les vale pensar en lo que hacen, la legislación penal española es muy dura, se ha endurecido mucho y es una de las más fuertes de Europa”.

Mientras esto ocurre en el frente de la represión, en la primera quincena de agosto el Senado debatió las enmiendas a la reforma laboral aprobada en la última sesión del 29 de julio por el Congreso de los Diputados. Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO), vinculada a Izquierda Unida, y Unión General de Trabajadores (UGT), dependiente del PSOE, oportunamente convocaron una huelga general posdatada para el 29 de septiembre, a sabiendas de que la reforma sería aprobada en el Congreso antes del movimiento de fuerza, tal como ya denunciara “Prensa Obrera”. Este hecho indica a las claras que los sindicatos mayoritarios han pactado con el gobierno las líneas principales de la reforma: reducción de las cantidades pagadas por despido, posibilidad de despedir personal por “pérdidas actuales o previstas” o la “disminución persistente de los ingresos” y la creación de contratos de trabajo que reducen los montos de indemnización en caso de despido a 20 días por año trabajador. La convocatoria de una huelga general para cuando la legislación ya esté funcionando no alcanza a lavarles la cara.

Siguiendo en esta línea de reformas antiobreras, en el primer consejo de ministros después de las vacaciones el 31 de agosto, el gobierno tiene previsto extender la edad de jubilación de 65 a 67 años. El aparato legislativo puesto en marcha está destinado a descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores, como ya lo han hecho de forma directa con los empleados del Estado, a quienes se les ha reducido el sueldo entre un 5 y un 10%.

La evolución de la crisis económica en el viejo continente particularmente -y en sus eslabones más débiles, como España, Portugal, Irlanda, o Grecia- está lejos de haberse superado. El anuncio del crecimiento del producto interior bruto en la zona euro el viernes 13 de agosto no es más que el reflejo transitorio de las exportaciones de Alemania a Asia, cuya demanda de bienes de capital alemanes, incluidos coches de lujo y electrodomésticos, está destinada a ceder en la medida que las autoridades monetarias de China frenen las burbujas especulativas y pongan el freno al crédito bancario después de los gigantescos planes de estímulos fiscales de 2009.

Las condiciones económicas de España se agravarán significativamente durante el próximo otoño. Es en este contexto de deterioro se agudizará la crisis política del gobierno. Para cuando deba presentar los presupuestos generales de 2011 en el Congreso, la crisis azotará de nuevo a España. En particular, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la catalana Convergencia i Unió (CiU) pondrán sus condiciones para aprobar esos presupuestos. El proceso se complicará aún más con el previsible triunfo de los nacionalistas de CiU en las elecciones catalanas previstas para noviembre de este año.

Cataluña es un hervidero nacionalista tras los recortes por parte del Tribunal Constitucional (en realidad un pacto PSOE-PP) al estatuto de autonomía pactado en la primera presidencia de Rodríguez Zapatero entre el PSOE y el bloque nacionalista. En estas circunstancias, el PNV podría, si no obtiene concesiones para la autonomía vasca, provocar la caída del gobierno vasco de minoría del socialista Patxi López, que gobierna por el apoyo tácito del PP.

(Los trabajadores catalanes y vascos jamás alcanzarán la independencia nacional sin la solidaridad de los trabajadores del resto de España en la lucha por una federación de Estados obreros ibéricos. Las burguesías de Catalunya y el País Vasco sólo aspiran a mejores condiciones para gestionar la plusvalía que extraen a los trabajadores de sus regiones y a una mayor tajada de los recursos fiscales.)

Las corrientes clasistas han tomado en sus manos la agitación por la huelga general del 29 de septiembre. La burocracia sindical en Europa es un sólido baluarte del capital en la crisis. Antes de esa dilatada fecha, sin embargo, la ola de despidos y de reducciones salariales, que ha desatado los capitalistas y el Estado, debe ser causa suficiente para una agitación revolucionaria que desencadene la fuerza elemental de los explotados.