El enorme frente político -organizado para habilitar un referéndum que permitiese someter a votación la ley que habilita el aborto- ha sufrido una derrota espectacular. Necesitaban el voto del 25% del padrón electoral y sólo lograron un 8,8%.

En Uruguay, toda ley puede ser revertida por un referéndum a condición de reunir este número de voluntades. La población se alineó en torno de dos consignas: ir a votar -para habilitar el referéndum- o boicotear, para impedirlo. Todos los presidenciables anotados hasta ahora -hay elecciones generales en 2014-, junto con los hombres del clero, votaron e hicieron campaña por la derogación de la ley. La presencia más conspicua fue la de Tabaré Vázquez, ex presidente del Frente Amplio y candidato para relevar a Mujica. En 2008 -durante su mandato-, Vázquez vetó un proyecto de ley de despenalización del aborto e hizo una campaña desaforada por la derogación de la ley vigente -lo que incluyó la edición de un libro.

Además de Vázquez, votaron los ex presidentes Jorge Batlle, del Partido Colorado, y Luis Lacalle, del Partido Nacional; los precandidatos de este partido Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga; los dirigentes máximos del Partido Colorado (Bordaberry) y del Partido Independiente (Mieres). La llegada al poder de cualquiera de ellos es una amenaza a la conquista expresada en el fracaso del referéndum.

El inmenso frente nacional por la derogación del aborto tuvo a su favor la ausencia de campaña de parte del Frente Amplio, que incluso en el último minuto dejó de lado la edición de un video llamando a no concurrir al acto electoral. La campaña quedó en manos del activismo, del boca a boca, del graffiti, lo que resalta la victoria popular.

¿"Revolución sanitaria"?

El subsecretario de Salud Pública definió de este modo la ley que habilita el aborto en Uruguay, único país de América del Sur que tendría una legislación del aborto por voluntad de la mujer, sin alegar ninguna causa (www.brecha.com.uy/).

La ley, en realidad, es mucho más restrictiva que la que Tabaré Vázquez vetó en 2008. No consagra el derecho de la mujer a decidir sino que la somete a un largo protocolo de "ablande" con el cuerpo médico y establece como plazo las doce semanas de gravidez -siendo que muchas malformaciones son detectadas luego de este plazo. En palabras no cuestionadas de una luchadora feminista: "ésta es una ley de mínimos… Lo que prevé es que cuando una mujer quiere interrumpir de forma voluntaria su embarazo, tiene que comparecer ante un tribunal integrado por un ginecólogo, un experto en salud mental, un especialista en el área social y explicar los motivos por los que quiere interrumpir su embarazo. Después de eso, la mandan a reflexionar cinco días, tras los que tiene que volver a comparecer…" (Mujer y Salud, www.elpaís.com). Rige, además, la objeción de conciencia, por lo que un profesional se puede negar y derivar a otro, mientras los plazos corren. Fuera del plazo de las doce semanas, sólo se autoriza el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo o sea producto de una violación, pero hasta los 14 meses, siendo que la ley vigente del año 1938 no exigía a las mujeres que se encuentran en estas circunstancias plazos para realizar un aborto.

Aún con estos límites, ha sido derrotada la ofensiva de la derecha y la política pusilánime y de adaptación del FA. No es el único signo de cambio en Uruguay.