Francia: La jornada de 35 horas es puro cuento

La ley de reducción de la semana laboral de 39 a 35 horas a partir del año 2000, que el gobierno socialista francés acaba de enviar al parlamento, ha sido seguida con interés en el resto del mundo, incluso en la lejana Argentina. El MTA ha lanzado una campaña por la reducción de la semana de 48 a 40 horas. El interés es comprensible: la ‘iniciativa Jospin’ aparece, a primera vista, como una ‘respuesta’ al sistemático fracaso de las políticas ‘oficiales’ de flexibilización para combatir el desempleo.


La consigna de la reducción de la semana laboral de 39 a 35 horas, sin reducción de los salarios, fue la principal bandera electoral de Jospin y el ‘núcleo programático’ para la conformación del frente de la ‘izquierda plural’–con el PC y los ‘verdes’– que ganó las elecciones parlamentarias de junio. La ley que acaban de mandar al parlamento, sin embargo, no tiene nada que ver con esa reivindicación; al contrario, se trata, apenas, de una ‘operación de propaganda’.


El proyecto no establece la semana de 35 horas. Se trata, tan sólo, de una “ley de invitación e incitación” a los sindicatos y a las patronales para llegar a acuerdos de reducción del tiempo de trabajo; según las expresiones de la ministra de Trabajo, Madame Aubry, la ley sólo pretende establecer “un cuadro muy general” para estas negociaciones. Un feroz opositor de la reducción como el Financial Times (11/10), se ve obligado a reconocer que “en última instancia, no tiene efecto alguno”. El proyecto establece que las modalidades efectivas de la semana laboral serán establecidas por otra ley, a dictarse en 1999, “basada en la salud de la economía y en el progreso de las negociaciones voluntarias entre los empleadores y los sindicatos”. Por las dudas, el propio Jospin ha dejado en claro que no impondrá la ley “contra la voluntad de las empresas”.


Alrededor de la mitad de los trabajadores franceses están excluidos de las negociaciones por las 35 horas: los contratados, los precarizados y los trabajadores de tiempo parcial (alrededor del 20% de la fuerza laboral); los trabajadores de los hospitales, los de France Telecom, el Correo, los ferrocarriles y el sistema de transportes de París; y los que trabajan en empresas de menos de 20 empleados, donde se concentra un tercio del total de los trabajadores (para estos últimos, las 35 horas llegarían recién en el 2002).


El proyecto no obliga a los patrones a nada. No prohíbe los despidos ni, tampoco, que sigan imponiendo, en los hechos, la semana de 39 horas. Ya, aunque la semana legal es de 39 horas, el promedio de horas trabajadas es de 41 horas; la diferencia entre una y otra está dada por las horas extras, que en Francia se pagan al 125%. El proyecto mantiene las extras en 125%, en lugar de aumentarlas, digamos al 250%, para impedir que las patronales alarguen la jornada más allá del término legal. Al contrario, la ley establece que el costo de las horas extras “podrá ser reducido si la situación lo requiere (…) Incluso no está excluido que las empresas puedan mantenerse en las 39 horas sin ningún sobrecosto a partir del 2000” (Le Monde, 28/11). ¿Qué queda en pie, entonces, de la ley? La semana de ‘39 horas pagadas como 40’ (35 más cuatro extras) e, incluso, la semana de ‘41 horas pagadas como 42,5’ (35 más 6 extras) lo que equilvadría a un aumento salarial de alrededor del 3%: a esto se reduce la ‘ley Jospin’.


Según el propio primer ministro, la clave de la ley es que “los asalariados deberán aceptar la contrapartida de esta evolución social (…) tanto en la evolución futura de los ingresos como en las formas de organización del trabajo” (Le Monde, 13/10). Sencillito: más restricción salarial y más flexibilización. En el terreno salarial, la ley aparece como un mecanismo para ‘ganar tiempo’, cuando los trabajadores franceses vienen de sufrir durante años pérdidas salariales y en varios sindicatos comienzan a aparecer reclamos por aumentos (huelga de los camioneros; huelga de ferroviarios y trabajadores del subte, manifestación de los metalúrgicos en París, en octubre). En cuanto a la flexibilización, la propia ley sostiene que las 35 horas podrán calcularse sobre una ‘base anualizada’, lo que permitiría extender la jornada sin tener que pagar horas extras. Louis Vianet, secretario general de la‘comunista’ CGT, ha declarado que si las patronales aceptan discutir las 35 horas, la CGT está dispuesta a discutir la flexibilización (Le Monde, 13/10). La CGT —así como las restantes centrales sindicales— ya firmaron contratos que establecen la ‘anualización’ a nivel de empresas (ídem).


Finalmente, la ley establece subsidios de 9.000 francos (unos 1.800 dólares) por cada empleado nuevo contratado, a las empresas que reduzcan la semana a 35 horas y que incorporen, al menos, 6% más de trabajadores.


En resumen, la ley es una maniobra para que los patrones y su gobierno ganen dos años de tiempo.


‘Guerra civil fría’


Las patronales, sin embargo, se oponen ruidosamente a la ley. Acusado por los restantes patrones de ‘debilidad’ ante el gobierno, renunció Jean Gandois, presidente de la CNPF, la central patronal. Su sucesor, Ernest Seilliere, que llamó a “desestabilizar al gobierno”, es calificado como un ‘extremista’. La situación creada ha sido descripta como “una guerra civil fría”.


La oposición patronal es más que nada un medio de presión en la negociación con los sindicatos, los cuales, en un sentido opuesto, están siendo fuertemente presionados por los trabajadores. También es un intento para detener el creciente debilitamiento del presidente Chirac, que pertenece a la derecha. La presión patronal responde, por sobre todo, al afán de conseguir la privatización de la seguridad social, con la cual Jospin coincide ampliamente.


Es inevitable el fracaso de la ‘iniciativa Jospin’ para acabar con el flagelo del desempleo y salvar su política de ‘paz social’.