Con la única excepción del Movi­miento de Participación Popular (MLN, PST, independientes), la tota­lidad de la bancada parlamentaria del Frente Amplio-Encuentro Progresista (PC incluido) acaba de votar la ley de “seguridad pública

Se trata de un engendro represivo apadrinado por el gobierno de Sanguinetti, que aumenta las penas para los llamados “delitos sociales” (e incluso tipifica nuevos “delitos”) y refuerza los poderes represivos de la policía y los jueces. El “blanco” principal de la ley son los menores de edad, pues la ley permite encerrarlos en penales “de máxima seguridad”, junto con los presos mayores (El Observador, 24/5). Sobre los delitos que habitualmente cometen las fuerzas represivas (tortura, priva­ción ilegítima de la libertad), los ex­plotadores (ilícitos económicos, co­rrupción) y los que sufren los meno­res, la ley votada por el FA no dice una palabra. Tan bárbara y represiva es la ley que ha sido rechazada unánime­mente por los especialistas en la materia (Brecha, 25/5).

El FA, sin embargo, no se ha limi­tado a votar la ley: participó activa­mente en, la tarea de “consensuarla” con los blancos y colorados para que pudiera ser votada unánimemente. “El interés de los lemas tradiciona­les por incluir a los opositores (el FA) en la aprobación de la norma— dice la frenteamplista Brecha (25/ 5) — creció en la medida en que lo hacía el rechazo a su contenido por parte de los técnicos consultados — sin distinción de filiaciones políti­cas”.

El FA votó la ley pocas horas antes de que se reuniera en Montevi­deo el V° Encuentro del Foro de San Pablo. Está clarísimo entonces por qué la mayoría de los partidos del FA que participaron en el Encuentro — también aquí con la excepción del MPP— rechazaron el reclamo del PO de expulsar al Movimiento Bolivia Libre del Foro. Se opusieron a su expulsión por la sencilla razón de que el FA está en el mismo campo represivo, policial y antidemocráti­co de sus “colegas” bolivianos, es decir, rechazaron la moción del PO “en defensa propia”.

El pasaje de la “izquierda” lati­noamericana al campo de la represión contra los explotados es un fenómeno de alcance general: el MBL vota el Estado de Sitio e integra el gobierno que confina y apalea a los trabajadores huelguistas; el Frente Amplio vota la persecución policial contra la juven­tud trabajadora y explotada: Solanas vota el envío de la gendarmería contra los trabajadores santiagueños. La “izquierda” ha asumido el papel de ver­dugo de los explotados: es la conse­cuencia natural de su pasaje abierto al campo del “mercado”, de la “iniciativa privada” y de la “integración continental” con el imperialismo norteamericano.