El Arequipazo ha asestado un duro golpe al gobierno de Alejandro Toledo. La rebelión popular con epicentro en la ciudad de Arequipa, que se extendió por todo el sur peruano, obligó al gobierno a anular la privatización de las empresas eléctricas de la región.

Un mes después, cae el gabinete de ministros, incluido el hombre del City Bank, Pedro Kuczynski, El propio Kuczynski había declarado no hace mucho que el derrumbe de Argentina ponía fin a la “experiencia privatizadora” en toda América Latina. La vigorosa lucha popular de Arequipa puso de manifiesto este agotamiento de una manera irrefutable.

La caída del gabinete es bastante más que un simple “recambio”. Kuczynski “era percibido como una garantía de una política responsable en el gasto pœblico y como impulsor de las privatizaciones”.

El hombre del FMI, además, era partidario de postergar las elecciones municipales y regionales que deben realizarse antes de fin de año (en las que se espera una abrumadora derrota gubernamental). Cuando la pueblada de Arequipa puso al orden del día la consigna de que se vaya Toledo, la postergación de las elecciones hubiera provocado un nuevo estallido popular.

El reemplazante de Kuczynski, Javier Silva Ruete, declaró que “continuaría la misma política en un plano estrictamente ortodoxo” (La República, 14/7). Pero Silva Ruete es a Kuczynski lo que López Murphy fue a Cavallo: el símbolo de un gobierno en demolición, sin política y jaqueado por la movilización popular.

Toledo intentó obtener el apoyo parlamentario del Apra de Alan García: echó a los dos ministros más cuestionados por el Apra y designó como canciller a un ex ministro de García… pero el partido aprista, que teme verse envuelto en el imparable hundimiento de Toledo, “niega toda alianza con el gobierno” (El País, 12/7). Las combinaciones y maniobras parlamentarias no sacarán adelante a un gobierno quebrado por la movilización y el odio popular.