El fusilamiento de dos hombres negros a manos de las fuerzas policiales en Estados Unidos desencadenó protestas de repudio en todo el país. En medio de una de ellas, en Dallas, un francotirador -que estaba completamente al margen de la movilización- disparó contra policías, causando la muerte de cinco oficiales.

 

Los jefes de las bancadas republicanas y demócratas del Congreso han llamado apresuradamente a deponer las diferencias políticas partidarias y priorizar la 'unidad nacional': existe un temor fundado a una multiplicación de las protestas contra la violencia policial, como ocurrió en 1991 y en 2014 tras el crimen de Michael Brown en Ferguson, que desencadenó dos levantamientos populares en esa localidad. Ese mismo año, hubo un levantamiento en Baltimore, ante un caso semejante de 'gatillo fácil'.

 

El francotirador de Dallas, un joven negro que fue reservista del ejército y revistió en Afganistán, habría expresado a la policía antes de ser abatido que estaba indignado con los crímenes de Minesotta y Lousiana y que su objetivo era el de “matar blancos, especialmente agentes blancos”.

 

Los hechos de Dallas han sido instrumentados por el Estado para potenciar el despliegue policial. El régimen político norteamericano intenta mantener el control de las calles y evitar que se encrespen aún más los ánimos, en el contexto de una agitada elección presidencial. Pocas horas después de la acción del francotirador de Dallas, se produjeron otros tiroteos entre policías y ciudadanos.

 

Estado policial

 

En lo que va del año, más de 500 personas han sido asesinadas por las fuerzas policiales en Estados Unidos. En 2015, la cifra totalizó 1146 asesinatos a manos de la policía, según el registro que lleva el diario británico The Guardian.

 

Las fuerzas policiales norteamericanas han sido pertrechadas con el armamento de guerra remanente de las guerras de Irak y Afganistán, y -como agudamente señala Andre Damon en World Socialist Web Site– no es exagerado decir que “los métodos utilizados en el extranjero cada vez más se están empleando para hacer frente a la crisis social en el país” (8/7).

 

Los explotados norteamericanos -particularmente negros e hispanos- viven aterrorizados. Ante una detención, se aconseja, “jamás meta las manos en la guantera o en el bolsillo hasta que le den permiso explícito, jamás salga del coche si no se le ha pedido y deje las manos visibles en el volante o el salpicadero en todo momento”. En Estados Unidos, “un policía nervioso puede convertirse en un problema muy serio” (El País, 7/7).

 

El gobierno se ha limitado a plantear “investigaciones federales” ante los recientes crímenes en Minesotta y Lousiana. Pero la justicia completa el círculo de la impunidad, como lo mostró bochornosamente el caso de Michael Brown en Ferguson: “en lugar de presentar cargos para una acusación formal el Estado convocó a un grand jury -un jurado que decide si hay o no mérito para enjuiciar- que reemplazó el juicio público por una audiencia secreta, a puertas cerradas, en la cual la evidencia fue controlada por la fiscalía. Todo esto llevó al dictamen que absolvió al oficial Wilson y a un segundo levantamiento en la ciudad” (PO 1361).

 

El estado policial yanqui resulta indispensable para sostener la guerra imperialista, pero también ante los violentos conflictos de clase que engendra la enorme desigualdad social y el ataque contra los derechos de los trabajadores.

 

Racismo

                                   

Los crímenes han reabierto el debate acerca del racismo en la sociedad norteamericana.

 

Proporcionalmente, la población negra e hispana es la principal víctima del gatillo fácil y la violencia estatal. Algo análogo a lo que ocurre con la población carcelaria: "los negros e hispanos suponen alrededor del 60% de los presos del país" (Ambito, 4/12/14), pese a ser apenas el 30% de la población. En las cárceles privadas, el porcentaje trepa al 90%. La bandera racista de la Confederación flameó hasta el 2000 frente a la Casa de Gobierno de Carolina del Sur.

 

Está fuera de duda el componente racista del accionar policial y estatal, pero el problema de fondo es de clase. Es importante destacar que los recientes fusilados en Minesotta y Luisiana eran respectivamente un empleado de un comedor escolar y un vendedor callejero de DVD's.

 

Baltimore, después del crimen de Freddie Gray, ilustra el problema: el alcalde es negro, el jefe de policía es negro, y el presidente que ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para sofocar el levantamiento popular (y que ante los recientes hechos volvió a defender la institución policial) es el primer presidente negro de la historia del país.

 

De hecho, el personal policial negro ha aumentado sin que cambie un ápice la situación.

 

Por todo esto, planteos como el de NAACP (Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color) de contratar más policías negros -una suerte de 'democratización' del aparato represivo- no conducen a ningún lugar. O, peor aún, a la cooptación: el número de afroamericanos electos en el país pasó de 1.500 en 1970 a 9.000 en 2006, sin que se haya alterado el panorama de crímenes y segregación.

 

La violencia policial y el racismo no encontrarán una salida sin la transformación de la poderosa clase obrera norteamericana en caudillo de los explotados y las minorías oprimidas, por medio de una fuerza revolucionaria anticapitalista y socialista.