Gran marcha de protesta en Tokio contra la política nuclear del gobierno

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Unas 150.000 personas se manifestaron para protestar por la connivencia entre el gobierno y la empresa privada Tepco. Japón se prepara para reiniciar otro reactor en la planta nuclear de Ohi, el segundo que vuelve a funcionar después de la desconexión de los 50 reactores del parque eléctrico, por el desastre nuclear de Fukushima de marzo de 2011.


"Fukushima fue un fallo del sistema. Se podía haber prevenido", declaró en junio al diario español "El pais" Juan Carlos Lentijo, quien dirigió una de las misiones del Organismo Internacional de la Energía Atómica (Oiea) a la planta. La National Diet of Japan The Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation elaboró un informe que siembra dudas sobre todo el parque atómico en zona sísmica. También devela la connivencia entre la industria y la autoridad regulatoria estatal. Afirma que no fue, como ha defendido la industria nucleoeléctrica, un tsunami imprevisto e imprevisible, un fenómeno natural.


El informe oficial del accidente encargado por el Parlamento japonés acaba de concluir que fue un siniestro causado por "el ser humano", que pudo ser previsto y que la "ignorancia y arrogancia" de la industria y los reguladores permitieron que ocurriera. En este informe los expertos han entrevistado a más de 1.100 personas y concluyen que no puede descartarse que la crisis fuera provocada por el terremoto de magnitud nueve -ocurrido el 11 de marzo- y no sólo por el consiguiente tsunami, como defiende Tepco. Esto tiene serias implicaciones sobre todo el parque nuclear, que no estaría diseñado ni siquiera para soportar terremotos importantes.


En 2007, un terremoto superó por más del doble las bases de diseño sísmico de la nuclear de Kashiwazaki-Kariwa. Nunca antes había sucedido en el mundo. En 2011 se ha repetido dos veces: el 11 de marzo, en Fukushima, y el 7 de abril, cuando una réplica excedió las bases de diseño de Onagawa. El gobierno japonés no solamente ha protegido a la empresa -recicló a sus funcionarios más altos-, sino que ha ido al salvataje financiero. No obstante este apoyo gubernamental, los evacuados siguen sin poder retornar a sus hogares, cuyo suelo continúa cubierto de material radiactivo. También se demoran las indemnizaciones a los damnificados.


Todo esto motiva la lucha que, por el momento, se expresa en marchas cada vez más numerosas.