A nosotros nos metieron en esto; (el derrocamiento de Zelaya) no fue algo buscado por las Fuerzas Armadas, nos quieren echar la culpa de una situación que no fue generada por los militares”. El jefe del ejército hondureño, Romeo Vásquez, fue al hotel Internacional de Tegucigalpa, donde se concentran los corresponsales extranjeros, a dar ese tipo de explicaciones, como si se la viera venir (La Nación, 30/9). Cuando se le preguntó por las detenciones ilegales de resistentes y las torturas a detenidos, Vásquez mostró hasta dónde llegan las fisuras del frente golpista: “Nosotros sólo le prestamos apoyo a la policía, son ellos los que deben responder a esas denuncias”.

En esa entrevista, el jefe militar explicó que el ejército respalda una negociación entre las partes y que las fuerzas acatarán los resultados del diálogo: “Honduras debe llegar a la normalidad”, indicó.

Ese “diálogo” entre los golpistas y un presidente refugiado en la embajada brasileña es promovido ahora por las que fueron principales promotoras del golpe: las cámaras empresariales. “La cúpula empresarial, que apoyó en su momento el golpe, comienza a notar en el bolsillo las consecuencias de las sanciones y de la ralentización de la economía” (ídem). No tanto las consecuencias de las sanciones, más simbólicas que efectivas; en cambio, la paralización del comercio y de casi toda actividad económica por el grado de convulsión que vive Honduras comienza a empujar a la quiebra a una parte de su burguesía media.

La resistencia, golpeada por la represión, desgastada y sin comando único, mantiene suficiente fuerza para impedir que el golpe encuentre una mínima estabilidad política. Por eso, el “diálogo” encontró un intermediario impensado: el cura Juan José Pineda, obispo de Tegucigalpa, quien visita regularme a Zelaya en su refugio diplomático. También los candidatos a las dudosas elecciones convocadas para el 29 de noviembre han ido a ver al presidente derrocado, y hasta varios empresarios importantes. Los argentinos cincuentones podrán evocar, sin errarle demasiado, los desfiles de personajes políticos de todo pelaje por la casa de Perón en la calle Gaspar Campos, en Vicente López, cuando regresó en 1972.

En Buenos Aires, el diario La Nación, que nunca habla únicamente por sí, dice en una nota editorial (1º/10) que en Honduras resulta indispensable “asegurar” las elecciones del 29 de noviembre. Por eso celebra que la OEA se haya negado a desconocer de antemano el resultado de esos comicios fraudulentos. En pos de la salida negociada, el diario de los Mitre recuerda que los embajadores europeos empiezan a volver a Tegucigalpa y los diputados zelayistas a sentarse en sus bancas parlamentarias.

Cuando la convocatoria electoral se haya asegurado, continúa el editorial, “el presidente Zelaya podría entonces ser repuesto en su cargo, aunque para renunciar después y posibilitar la conformación de un gobierno interino de unidad… que garantice la trasparencia electoral”.

El aval de Zelaya

En definitiva: las elecciones son indispensables, pero no podrán hacerse sin el aval de Zelaya. Los términos de ese aval son los que ahora se negocian.

En esa suerte de “acuerdo de San José II” parece consistir la propuesta del empresariado hondureño, pero por el momento Zelaya rechaza la idea: “No podemos convertir la restitución en una obra de teatro”, declaró Rasel Tomé, un asesor presidencial que acompaña a Zelaya en el edificio de la representación brasileña. El tire y afloje permanece. Por eso, ante el momentáneo reflujo de la resistencia, el asunto da la impresión de ir para largo, o de empantanarse.

Otro dato: antes de ir a hablar con Zelaya, los empresarios se reunieron con el embajador norteamericano en Honduras, Hugo Llorens. Nadie da ahí una sola puntada sin que el Departamento de Estado le haga el nudo.

Entretanto, la represión recrudece. El diálogo va, en todo momento, en compañía del palo. Por ejemplo, la policía desalojó violentamente a una cincuentena de campesinos que ocupaban desde hacía casi tres meses el edificio del Instituto Nacional Agrario, en repudio al golpe. También fue disuelta a cachiporrazos una manifestación de zelayistas frente a la clausurada Radio Globo, cosa que los represores pudieron hacer con comodidad porque los manifestantes eran pocos, muy pocos.

En cuanto a Zelaya, al encerrarse en una embajada se ha quitado a sí mismo la posibilidad de asumir el papel de jefe de un levantamiento popular. El asunto tiene su lógica, porque, según se ve, no ha ido a organizar la insurrección sino a impedirla.