La Coordinadora Nacional del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, señaló que “en los seis meses del régimen de Porfirio Lobo, las violaciones a los derechos humanos ocurridas suman un 45 por ciento más que en los siete meses del golpe militar de Estado”, con una mayor selectividad de las víctimas.

En la última semana, fue asesinada Teresa de Jesús Flores, de 52 años, dirigente de la Organización Campesina de Honduras (OCH). El cuerpo sin vida de Teresa fue encontrado en estado de putrefacción, con varios disparos y señales de haber sido torturada.

En la misma semana, fueron brutalmente asesinados tres miembros del Muca (Movimiento de Unidad Campesina) –Víctor Manuel Mata, Sergio Magdiel Amaya y Rodving Omar Villegas–, miembros de la comunidad de San Esteban, acribillados con armas de grueso calibre cuando se trasladaban en auto hacia la comunidad del Paso Aguán. Los tres pertenecían al asentamiento La Aurora, donde en junio pasado fue salvajamente torturado y asesinado el joven Oscar Geovanny Ramírez, de 17 años, también miembro del Muca.

En el mismo período, el periodista Israel Zelaya Díaz, conocido como “Chacatay”, fue encontrado muerto en las inmediaciones de San Pedro Sula con tres heridas de bala, convirtiéndose en el décimo periodista asesinado en lo que va del año en Honduras.

Junto al asesinato selectivo de periodistas, también han sido denunciados los asesinatos de más de 50 abogados, políticos, empresarios y gente del pueblo a manos de bandas armadas que trabajan para el Estado.

La lucha magisterial

En este contexto de represión, sin embargo, ha crecido una intervención organizada de los trabajadores en el último tiempo. Las luchas obreras son el resultado de una fuerte ofensiva capitalista desatada por el gobierno del golpista Lobo sobre las condiciones de trabajo, que tiene al salario mínimo como uno de los puntos más conflictivos. Recientemente, el gobierno golpista ha sufrido una gran derrota por parte de los docentes hondureños, quienes, luego de 46 días de lucha con movilizaciones y una huelga de 15 días, obligaron Lobo a sentarse ante una mesa de negociación y firmar gran parte de las exigencias que llevaron a la lucha. Lobo se había enfrentado antes a 50 mil huelguistas, a los que amenazó con descuentos salariales por los días de huelga y con despidos, después de haber ordenado una represión que dejó más de 60 personas detenidas, golpeadas e intoxicadas por las más de 100 bombas lacrimógenas que el ejército arrojó dentro del predio de la Universidad.

El camino es la huelga general

La huelga del magisterio despertó una fuerte solidaridad entre los gremios hondureños y abrió un gran debate sobre la necesidad de una huelga general para frenar a los golpistas. El salario mínimo se encuentra congelado desde el golpe a Zelaya, hay una ley que establece la contratación de empleados por horas y se están privatizando los recursos naturales, como la concesión de los ríos.

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) lanzó una convocatoria a dos días de paros laborales. Existe la expectativa de que sea un paso previo a una huelga general. Reivindica un aumento salarial del 15% (los empresarios ofrecen un 3,7%).

El Frente aboga por el retorno de Zelaya. No es un dato menor, sin embargo, que Zelaya no se haya pronunciado por la huelga general y que se haya dedicado a gestiones diplomáticas que apuntan a un arreglo por arriba de la crisis y a obtener seguridades para su retorno a Honduras.

El subcoordinador general del Frente y presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), Juan Barahona, señaló que “el paro es una antesala a la huelga general, anunciada por las cuatro centrales obreras del país”. Según Barahona, el paro “no sustituye ni paraliza la huelga general”, para la que ya se han conformado tanto un comité de huelga nacional como comités regionales.

Naturalmente, una huelga general no debería tener como propósito ejercer una presión para el retorno de Zelaya, sino para imponer las reivindicaciones y desarrollar la organización capaz de combatir a las escuadras criminales del régimen, que operan contra los activistas populares.