El golpe de Estado perpetrado en Honduras bajo la tutela del imperialismo norteamericano tuvo, desde su inicio, un claro contenido de clase: la profundización de un ataque en regla a las condiciones de vida de los trabajadores que, como resultado de una organización creciente, venían arrancando conquistas al Estado.

La dictadura tuvo, por lo tanto, dos grandes objetivos. Por un lado, barrer con dicha organización, para lo que se valió de la represión sistemática a la protesta social, el asesinato selectivo de dirigentes populares, la persecución judicial y la instalación de dos nuevas bases militares norteamericanas. Por el otro, convertir a Honduras en un paraíso fiscal, libre de organización sindical y derechos laborales. Ahora, los empresarios han presentado un proyecto de ley, el “Plan nacional solidario de empleos anticrisis”.

De entrada, el plan rechaza el nuevo salario mínimo propuesto por las Centrales Obreras y desaprueba la implementación de un salario mínimo de 225 dólares, decretado en su momento por Zelaya. Junto a esto, violando lo establecido en el Código del Trabajo, plantea la legalización del trabajo de ‘media jornada’, de 6 horas, remunerado con la mitad del salario mínimo, sin pago de las horas extras. El proyecto pretende implementar el trabajo temporal por horas y no por jornada. Para esto, anula el artículo 328 del Código Laboral, que obliga a los patronos a pagar la jornada semanal de trabajo completa.

Los trabajadores contratados bajo ese sistema no tendrán derecho a la estabilidad laboral, a la contratación permanente ni a recibir un salario completo. Además, no gozarán de los derechos de auxilio de cesantía y preaviso, pago de aguinaldo, vacaciones, los beneficios de la seguridad social, el pago del séptimo día y días feriados, quedando eliminados además los derechos ligados a la organización sindical (fueros sindicales y los derechos a la huelga).

Por si fuese poco, de la mano con una flexibilización laboral extrema, los empresarios golpistas están haciendo solicitudes de exenciones fiscales de hasta 20 años.

Hasta el propio Ministro de Finanzas del régimen golpista ha sostenido que los “empresarios son una lacra”.

La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) entregaron un comunicado al Congreso Nacional que exige que “La crisis del sistema del actual modelo deben pagarla quienes lo generaron y no los pueblos”, aunque por ahora no existe ningún plan de lucha contra la ofensiva patronal, ya que toda la atención de las organizaciones obreras y populares está puesta en la próxima reunión de la OEA , donde el organismo podrá definitivamente reconocer a los golpistas como representantes legítimos del país.

En definitiva, la lucha contra el golpe debe ser una lucha contra el capital.