El 17 de enero, el parlamento griego fue escenario de un hecho poco común: la publicación de una lista con los nombres de 2.000 millonarios que ocultaban sus fortunas en el HSBC, en Suiza. La lista -conocida como la lista Lagarde o Falciani- estuvo escondida durante dos años en las oficinas del Ministerio de Economía. Los tres partidos del gobierno se habían puesto de acuerdo en investigar y sacrificar al ex ministro de Economía, Giorgos Papakonstantinou, cuidándose de no hacer lo mismo con el también ex jefe del ministerio (ahora líder del Pasok), Evangelos Venizelos, para salvar la coalición gubernamental.

Luego de esta puesta en escena -y habiendo superado antes la votación del tercer memorando de ajuste- la coalición de gobierno consideró que tenía la solidez suficiente para imponer un enésimo ajuste. La nueva reforma del gobierno, orientada por la Troika (Banco Central Europeo, FMI, Comisión Europea), eleva la edad de jubilación de 65 a 67 años, reduce el salario mínimo de 751 a 586 euros y rebaja los salarios de los trabajadores de las empresas públicas en un 25%.

Ese mismo 17 de enero, los trabajadores del subte de Atenas iniciaron huelgas sucesivas de 24 horas contra la rebaja salarial y en defensa del convenio colectivo propio. El impacto del paro fue enorme en dos de las tres líneas del Metro. El gobierno denunció la huelga como la obra de un "un grupo de izquierdistas" (el presidente del sindicato fue candidato del frente de izquierda Antarsya). Luego de nueve días de huelgas heroicas, el gobierno decidió requisar el Metro y militarizar a sus trabajadores -una medida que sólo puede aplicarse, según el ordenamiento legal de Grecia, en casos de guerra, desastres naturales o catástrofes sanitarias.

El 24 de enero, los conductores de autobuses de Atenas se unieron a la huelga, al igual que todos los otros sindicatos de los transportes de la capital. Miles y miles de trabajadores y simpatizantes llegaron a la cochera central del Metro, en una suerte de piquete y manifestación.

El 25 de enero, a las 3:30 de la madrugada, cientos de policías antidisturbios asaltaron la cochera ocupada por el personal en huelga y entregaron a cada trabajador una orden del gobierno con una disyuntiva: volver a trabajar o ser detenido. El 29 de enero, cuatro días después del desalojo, finalizaron las huelgas del personal de transporte terrestre y ferroviario.

El 31 de enero -jueves- hubo una virtual huelga general en todas las ramas del transporte, que se extendió a otros sectores. A la huelga de conductores de buses y trenes, se sumaron los trabajadores de la marina mercante (contra el cierre de rutas de navegación), los trabajadores de la salud y el sindicato de la empresa estatal de electricidad. Otros sectores, como educación y administración pública, se sumaron al plan de lucha con una huelga de cuatro horas.

En el caso de los obreros marítimos, todos los barcos y ferrys del país continuaron amarrados en los innumerables puertos griegos hasta el lunes 4 de febrero. El gobierno ordenó su militarización el martes 5.

Hay también un nuevo elemento en la situación: los pequeños agricultores de todo el país se están movilizando contra los recortes y la pobreza en el campo. Está previsto el bloqueo de las principales autopistas.

El 20 de febrero, las dos principales centrales sindicales, GSEE (privados) y Adedy (públicos), convocan a una huelga general contra el memorando de ajuste y la violación del conjunto de derechos sociales.

En Grecia están reunidas las condiciones para una huelga general indefinida que derroque al gobierno.