El martes 13, se cumplió en todo Panamá un paro nacional de 24 horas, con marchas y protestas en las principales ciudades y provincias del país, en contra de la reaccionaria Ley 30.

La medida de fuerza se llevó a cabo en medio de una orden de detención o comparecencia sobre los dirigentes gremiales de los gremios convocantes. Veinticuatro horas antes de la huelga, se difundió una lista conformada por autoridades judiciales, de 17 dirigentes buscados por atentar “contra la personería jurídica del Estado” y por “apología del delito”. La mayoría de los dirigentes gremiales se mantuvieron escondidos o en la clandestinidad a lo largo de la jornada de lucha.

La huelga reclamaba la anulación de la Ley 30, conocida popularmente como “9 en 1” o “chorizo”, sancionada recientemente, que modifica las reglas sobre la sindicalización, criminaliza las protestas, otorga más poderes a la Policía Nacional y elimina la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental en proyectos industriales. el paro tenía por objeto también repudiar la feroz represión contra los obreros bananeros, que paralizaron durante 10 días la industria bananera contra la nueva ley.

La huelga afectó principalmente a la construcción y la enseñanza pública y privada, y la suspendió algunas actividades de la industria. En la construcción, Genaro López, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), estimó una adhesión de 95%. Los empresarios evaluaron la adhesión en más de un 50%.

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Juan Francisco Kieners, admitió que “es preocupante” el giro que ha tomado el conflicto. Ocurre que el paro nacional se produjo a pesar de que el gobierno y sindicalistas bananeros en Bocas del Toro, firmaron un acuerdo, cinco días antes, que posterga por 90 días la entrada en vigencia de las modificaciones a las leyes sobre ejercicio del derecho de huelga y de sindicalización de los trabajadores y cuando el Ejecutivo había presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que suspende los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30.

Equivocadamente, los empresarios consideraron que el acuerdo ponía punto final a la conmoción popular desatada por la contundente huelga bananera de 10 días, que fue enfrentada con una represión que dejó más de 400 heridos; unas 100 personas quedaron ciegas (en la mayoría de los casos sostenes de hogar y jóvenes con un promedio de edad de 25 años). Teniendo muy presente además, que para levantar la huelga, el presidente Ricardo Martinelli debió comprometerse además a un aumentó del salario mínimo a los trabajadores bananeros, y otorgó subsidios indemnizatorios a las víctimas de la represión.

La preocupación de los capitalistas, es que a pesar de la vuelta a las actividades, resuelta, según los propios medios de prensa, en asambleas divididas, ante la exigencia de algunos dirigentes de continuar hasta la caída definitiva de la ley, se pronunciaron a favor de la huelga nacional del martes 13.

La primera huelga general contra la Ley 30 y el gobierno derechista de Ricardo Martinelli, culminó su acto central con el ingreso de los dirigentes gremiales Genaro López, Saúl Méndez y Marco Andrade, todos con orden de arresto, al Parque Porras, donde se concentraron miles de trabajadores de los gremios convocantes. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) ya lanzó la convocatoria a la segunda huelga general de 24 horas prorrogables para el próximo 5 de agosto.

A un año de asumir, con una popularidad superior al 60%, el derechista Ricardo Martinelli culminó su semana de recule, abucheado por las más de 30.000 personas que concurrieron al estadio Rommel Fernández para presenciar el juego de exhibición de “Messi y sus Amigos” vs “El Resto del Mundo”, donde el argentino se “reencontró” con el gol.