El sábado pasado, luego de casi una semana, fue suspendida la huelga petrolera que paralizó la producción del combustible en Ecuador, concentrada en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos. Se anunció una tregua, mientras sus dirigentes “bajaban” a Quito a negociar con el gobierno. No es una huelga cualquiera: el paro fue convocado por las asambleas provinciales, con el apoyo de los alcaldes de la región y en medio de una gigantesca crisis política en el país. Los huelguistas reclaman que se utilice la renta petrolera para el desarrollo de la infraestructura de las respectivas provincias y plantean también la ruptura del contrato con la empresa yanqui Occidental Petroleum.

Días atrás, por plantear lo mismo había sido obligado a renunciar el presidente de Petroecuador. Poco después, a principios de este mismo mes de agosto, fue echado el ministro de Economía, Rodolfo Correa, que había anunciado, además, un pacto con Chávez para obtener un préstamo de 300 millones de dólares. Correa acababa de denunciar el corte de un fondo de 100 millones de dólares del Banco Mundial, en represalia por su decisión de reorientar los fondos de los subsidios a las petroleras para programas sociales. Finalmente, el ministro renunciante había anunciado la suspensión de las negociaciones por un tratado de libre comercio con los EEUU.

La huelga de los petroleros estalló en este escenario de dislocación del gobierno. El ministro de Defensa debió renunciar cuando se negó a militarizar las provincias en huelga. Un nuevo ministro ordenó el toque de queda y la ocupación militar pero para buscar, por ahora, un compromiso con los dirigentes del paro, en estos momentos en Quito. Un informe de la localidad de Sucumbíos dice que durante la huelga “los enfrentamientos con el ejército y la policía fueron realmente muy crudos, dejando un saldo de heridos, detenidos, niños y mujeres asfixiados por la indiscriminada utilización de gases, después de enfrentamientos muy duros. La población retuvo a un militar y un policía, los mismos que en horas de la tarde fueron canjeados con 69 detenidos”. Según la agencia de informaciones norteamericana Stratfor, el ahora ex ministro Correa “es muy popular entre los sindicatos ecuatorianos, las organizaciones indígenas y diversos movimientos sociales que presionan a favor de un giro del país hacia la izquierda” (10/8) en alianza con el gobierno venezolano. La situación del presidente Palacio, por el contrario, es de mucha “debilidad” y podría “renunciar”, a pesar de las presiones de grupos empresarios para que mantenga el “alineamiento con los Estados Unidos” (ídem).

Está claro que la situación abierta en abril, cuando el presidente Gutiérrez fue derrocado por un movimiento popular que comenzó a plantear reivindicaciones nacionales, está muy lejos de haberse cerrado. Palacio asumió entonces de emergencia, cercado por Lula y Kirchner, para que mantuviera buena letra con los yanquis mientras una parte de su gabinete se hacía eco de los reclamos nacionalistas. Ahora han tomado nueva forma en torno al reclamo de los huelguistas de la zona amazónica. El petróleo y las petroleras vuelven al centro de la escena, cuando en la vecina Bolivia la cuestión es el eje de una crisis irresuelta. La consigna de una campaña latinoamericana por la nacionalización del petróleo en el continente, la confiscación de los monopolios saqueadores y la gestión de la producción energética por los trabajadores está a la orden del día.

En abril, una Asamblea Popular de las organizaciones de la Capital que impulsaron el derrocamiento de Gutiérrez había lanzado un llamamiento para convocar una Asamblea Popular de todo Ecuador, con mandatos populares revocables.