Huelga revolucionaria en Rumania

En lo que fue la más importante lucha obrera de Europa Oriental en la última década, los mineros rumanos acaban de propinarle una soberana paliza al gobierno fondomonetarista de Emile Constantinescu.


Después de 15 días de huelga y de dos días de una marcha imparable de 10.000 mineros hacia Bucarest, la capital rumana, el presidente y su gabinete se vieron obligados a marchar a la ciudad donde acampaban los mineros para conceder todas las reivindicaciones planteadas: un aumento salarial del 35% y la reapertura de dos minas cerradas pocos días antes.


La “capitulación del gobierno ante los mineros” (Financial Times, 26/1) ocurrió después que los trabajadores quebraron en dos oportunidades las barreras que les puso la policía militar para impedirles el avance. Con piedras, barras de hierro y topadoras, y al grito de “¡Bucarest! ¡Bucarest!” los mineros derrotaron dos veces a la policía. En esta batalla, contaron con el respaldo activo de las poblaciones que atravesaban, “a las que galvanizaban con el reclamo de la caída del gobierno” (Washington Post, 25/1). Derrotada la policía militar, sólo el ejército se oponía entre los mineros y la capital.


Aunque cedió todo, la prensa patronal sostiene que “es difícil criticar al gobierno” porque “lo primero era parar a los mineros” (ídem). Ocurre que la marcha minera despertó una ola de manifestaciones y huelgas en una gran parte de los trabajadores rumanos (metalúrgicos, automotrices, portuarios). Si los mineros hubieran llegado a Bucarest, la concentración de todas estas luchas habría planteado inmediatamente la caída de un “gobierno muy débil y sin respaldo” (ídem). El resultado de la huelga es “potencialmente devastador para el gobierno” (Financial Times, 23/1) que, debilitado, deberá enfrentar ahora una oleada de luchas.


La rebelión obrera es la directa consecuencia del derrumbe económico que han provocado los restauracionistas en Rumania: en tres años, el producto bruto cayó el 15% y la inflación anual es del 45%. Rumania está al borde de la cesación de pagos: sus reservas apenas alcanzan a 1.800 millones de dólares y los vencimientos de su deuda externa estipulados para julio superan los 2.000 millones. Las condiciones que impusieron el FMI y el Banco Mundial para montar un ‘salvataje’ son el cierre de las minas, la privatización de las empresas estatales rentables (pulpos como Renault y General Electric ya mostraron su ‘interés’) y el cierre de las restantes. Esta barbarie dejará 150.000 trabajadores en la calle.


La victoria de los mineros y el alza obrera han puesto knock out al gobierno que debería llevar adelante este plan de guerra contra los trabajadores.