Al igual que en Guatemala, la tormenta tropical Agatha golpeó fuertemente el territorio hondureño dejando al menos 17 muertos y grandes pérdidas económicas. La dictadura hondureña, en un intento de ganar legitimidad a costa de la tragedia, declaró el estado de emergencia a nivel nacional y elevó a los gobiernos mundiales el pedido de reconocimiento del gobierno golpista y la ayuda humanitaria. El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), denunció la campaña mediática impulsada por la dictadura de Porfirio Lobo, “que explota la crisis y la aprovecha política y económicamente para pretender dar estabilidad y credibilidad a su régimen ilegítimo”. El FNRP prosigue con su campaña de recolección de firmas para exigirle al gobierno la convocatoria a una Constituyente. La expectativa depositada en esta herramienta jurídica ocupa por completo la atención de la dirección del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). El proceso de lucha que se desarrolla en Honduras se encuentra contenido a partir de iniciativas de presión al parlamento y a la Justicia, ambas integradas por golpistas.

En este contexto, y como parte de esta estrategia política, las huelgas de hambre se han transformado en la medida de lucha por excelencia en Honduras. Junto a los dirigentes sindicales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), que llevan 35 días de ayuno por los más 200 despidos ilegales en esa institución, se han sumado los jueces, magistrados y defensores públicos que fueron despedidos por oponerse al golpe. A pesar del temporal, estas huelgas, junto a la de los campesinos que exigen se les restituyan tierras expropiadas por terratenientes locales, y la de familiares y víctimas de los asesinatos cometidos por la dictadura, se mantienen instaladas en la Plaza La Merced, bautizada como “De la Resistencia”, aledaña al Palacio Legislativo de Honduras.

La movilización popular se desarrolla a pesar del régimen de terror impuesto por los golpistas. Según datos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), en los últimos dos meses ocho miembros del FNRP han sido asesinadas, más de 50 enfrentan amenazas de muerte y 26 se han visto forzados a abandonar el país para conservar su vida e integridad. Según el mismo organismo, en los días de toques de queda impuestos por los golpistas, se han registrado 101 homicidios cometidos con armas de fuego calibre 5.56 mm, el mismo usado por la Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional.

Desde el 28 de junio de 2009, el día del derrocamiento del presidente Zelaya, han sido detenidas más de 5.000 personas. Si bien la mayoría de ellas fueron puestas en libertad, son obligadas a presentarse todos los viernes en la posta policial correspondiente, manteniendo un control permanente por sobre los sectores movilizados.

Como parte de este plan de exterminio, en las últimas semanas fue asesinado el compañero Olayo Hernández Sorto, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y secretario del comité comunal del FNRP de la comunidad de Pueblo Viejo, de tres disparos y una herida de machete (la principal herramienta de trabajo del campesinado de la zona) en la cabeza.

Fueron masacrados además un hermano y un cuñado de la ministra de enlace social del gobierno de Manuel Zelaya, Arcadia Gómez, acribillados a balazos de escuadrones de la muerte en el auto en que viajaban. Un día antes de este hecho, unos hombres armados entraron violentamente, en la oficina del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys), el sindicato más importante de Honduras y miembro activo del FNRP, y dispararon contra Douglas Gómez, directivo de esa seccional, quien todavía permanece hospitalizado.