A casi un mes de su votación en el parlamento, esta semana entró en vigencia la normativa que, detrás de una ley “anti pedofilia”, sanciona la aparición de contenido relacionado con la diversidad sexual en todo tipo de producción (gráfica, audiovisual, etc.) que sea destinada o pueda llegar a ser consumida por menores de edad.

La ley no apunta solo contra la divulgación de información que apunte a la educación en cuestiones de orientación sexual o identidad de género, sino incluso a la mera aparición de personas LGBT en dicho contenido. Que no se trata de un fuego de artificio lo prueba el hecho de que rápidamente la editorial Fundación para las Familias Arcoíris fue multada por editar un cuento para niños en el que hay una pareja homosexual entre sus protagonistas. Este último arrebato discriminatorio del gobierno de Viktor Orban no es un rayo en cielo sereno y ha abierto una crisis en la Unión Europea.

Hungría no es una excepción en la persecución que sufren las diversidades sexuales del viejo continente. El reciente asesinato de Samuel Luiz en España es la muestra más cabal de la situación por la que atraviesa la comunidad LGBT.

Un gobierno reaccionario

Desde su segundo arribo al poder ocurrido en 2010, Orban ha ido cimentando un régimen autoritario caracterizado por la concentración del poder político en su persona, así como de las palancas económicas que vienen de la mano del manejo del Estado. De este modo, a través de sucesivas reformas, el Poder Judicial, los medios de comunicación, pero también las universidades, han quedado bajo el control del nacionalista y conservador partido Fidesz.

Uno de los aspectos con los que busca cohesionar a su base social, y también desviar la atención pública de la corrupción y del deterioro económico, es generando una polarización en contra de los derechos de las mujeres y de la población LGBT, sectores que, de acuerdo al discurso oficial, estarían horadando a las familias. La última ley, aprobada gracias a la mayoría con la que el Fidesz cuenta en el Congreso, es el corolario de toda una serie de disposiciones homofóbicas, que apuntan a transformar en parias a las personas LGBT.

En este trayecto se ubican la prohibición del casamiento entre personas del mismo sexo, la negativa a que la ley tome en cuenta la identidad de género por sobre el sexo biológico y la prohibición de la adopción para parejas homosexuales. El ahínco del gobierno en este objetivo lo ha llevado incluso a poner bajo la órbita del estado a las instituciones de fertilidad asistida con el objetivo de dificultar que lesbianas u otras personas con capacidad de gestar por fuera de las mujeres hetero y cisgénero puedan quedar embarazadas.

La deriva reaccionaria de Orban se completa con una feroz xenofobia, por lo que ha cercado casi todas las fronteras para impedir la inmigración, y un carácter profundamente anti obrero. Uno de los hitos de su gobierno ha sido la aprobación en 2018 de la llamada “ley de esclavitud laboral” por la que las empresas pueden exigir a sus trabajadores la realización de hasta 400 horas extra al año las que pueden ser pagadas en un lapso de 36 meses. Con la excusa de la pandemia, Orban se dio nuevas prerrogativas que reforzaron la arbitrariedad de los poderes del Ejecutivo y que aumentaron las restricciones a la libertad de expresión.

El ascendiente que conserva Orban entre un sector significativo de la población húngara se asienta en el desastre que significó para las masas el desmantelamiento privatizador de la economía del país ocurrido desde la caída de la URSS y del “Bloque del Este”, proceso comandado por la centroizquierda del partido socialista. Que la oposición a Orban no representa una alternativa del todo antagónica a los intereses que representa el Fidesz lo pone de manifiesto que la alianza multipartidista con la que buscan desbancar al gobierno en las elecciones del 2022 incluye al partido ultra derechista Jobbik, el cual también votó la ley homofóbica.

La danza de la UE

Ante la reciente ley homoodiante, las rispideces entre Hungría y la Unión Europea (UE) parecen haber alcanzado su clímax. Desde Bruselas se amenaza a Orban con hacer uso de los artículos del recientemente aprobado reglamento de la Unión que habilitan a cesar el envío de fondos comunitarios ante eventuales violaciones del Estado de derecho. El Parlamento Europeo ha votado una resolución por amplia mayoría en este sentido. Sin embargo, las instituciones de la UE expresan que no están al servicio de defender las libertades y derechos democráticos de los pueblos del continente. Tanto Hungría como Polonia (bajo el ultra conservador gobierno de Ley y Justicia), han recusado el nuevo reglamento ante el Tribunal Europeo, por lo que un eventual recorte de fondos deberá esperar una sentencia. A la vez, la mayor parte de las resoluciones del Consejo Europeo necesitan la unanimidad de sus miembros y allí Orban cuenta con el llamado Grupo de Visegrado, un bloque reaccionario integrado por Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia, cuyos gobiernos rechazaron la votación del Parlamento comunitario contraria a Hungría.

Con todo, las vociferaciones y proclamas de los gobiernos y partidos “democráticos” del resto del continente constituyen un acto de gigantesca hipocresía. Distintas leyes y medidas discriminatorias vienen avanzando en varios países contra los inmigrantes (como en Francia o España) como de reforzamiento de la discriminación a personas LGBT. A la disposición de municipios “libres de LGBT” en Polonia se le suman retrocesos en el reconocimiento legal de las personas trans y un crecimiento en el discurso público odiante en países como Letonia, Bulgaria o Rumania (El País, 27/6). En Italia, el Vaticano viene operando para impedir la educación sexual en los colegios católicos. Los partidos de derecha (la mayoría del bloque del PP español se abstuvo en el Parlamento europeo) o extrema derecha son parte de todos los regímenes de la UE y son una herramienta más de las utilizadas por las burguesías de la UE para avanzar contra los trabajadores.

Más en general, la burguesía del continente ha usufructuado el carácter anti obrero de los gobiernos de Europa del Este para que el capital imperialista occidental pueda pagar menos salarios y gozar de las condiciones de súper explotación de los trabajadores. Los principales beneficiados de la “Ley de esclavitud” de Orban han sido empresas como Audi, Opel o Mercedes Benz.

Derrotar la política anti LGBT de Orban

La última ley homoodiante ha generado un amplio rechazo y una movilización de miles, cuya importancia se multiplica habida cuenta que el objetivo de Orban es segregar a la población LGBT. Numerosas instituciones, docentes y ONGs han señalado que no piensan acatar la nueva normativa. Estas primeras iniciativas deben ser el puntapié de la derrota del gobierno en este y todos los planos mediante medidas de lucha, objetivo para el cual no debe depositarse confianza alguna ni en la oposición local ni en las autoridades de la UE quienes defienden no a los pueblos de Hungría y del continente sino a los capitalistas.