En “una de las acusaciones más graves jamás realizadas contra el gobierno y los militares en Israel” (Haaretz, 18/9), un comité investigador de la ONU estableció que el ataque sionista contra Gaza se dirigió “contra la población civil en su conjunto” aunque el gobierno israelí “haya pretendido presentar sus operaciones como un ejercicio de autodefensa y una respuesta a los ataques con cohetes”. Durante la operación Plomo Fundido, murió un israelí cada 200 palestinos; 1.400 personas fueron asesinadas en Gaza (un tercio, niños) y miles quedaron sin techo y sin medios de vida. El comité también indica como crímenes de lesa humanidad el lanzamiento de misiles desde Gaza, aunque reconoce que los 778 cohetes disparados sólo causaron cuatro víctimas.

El informe, de 600 páginas, prueba que la estrategia bélica israelí fue la masacre: “Castigar a la población de Gaza por su resistencia y por su aparente apoyo a Hamas, y posiblemente con la intención de forzar un cambio de ese apoyo”. Todas las denuncias previas –incluidas las de los propios soldados israelíes– son confirmadas por el comité: el uso de bombas de fragmentación y de fósforo blanco, el bombardeo de escuelas y hospitales, el uso de escudos humanos, el ataque a los equipos sanitarios para que no socorrieran a los heridos, la matanzas de civiles a los que se había ordenado replegarse. Aparte del número de muertos “sin precedentes”, el informe dice que “la destrucción de las instalaciones para el almacenamiento de los alimentos, los sistemas de potabilización de agua, las fábricas de concreto y casas residenciales fueron el resultado de una política sistemática por parte de las fuerzas armadas israelíes”. “Los graffitis en las paredes, las obscenidades y a menudo los slogans racistas constituyen una imagen completa de humillación y deshumanización de la población palestina” y, añadimos, un retrato acabado de la descomposición de la fuerza ocupante.

De acuerdo con el informe, Israel debería enfrentarse a un proceso ante la Corte Penal Internacional, a no ser que abra investigaciones independientes completas sobre las “repetidas violaciones de la ley internacional, posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.

Todo el arco político israelí y el gobierno sionista, que rehusó de partida colaborar con los investigadores, se han desgañitado contra “el antisemitismo” de la ONU y afirman que “formó el comité con el objetivo predeterminado de acusar a Israel”. El jefe de la investigación, el jurista sudafricano Richard Goldstone, fue acusado monolíticamente de antisemita. Sin embargo, la ONU había elegido como presidente del comité a “un activo y ardiente sionista con estrechos vínculos con Israel” (ídem 17/9). Su hija declaró: “La participación de mi padre suavizó el informe de la ONU… si él no hubiera estado ahí, habría sido mucho peor” (ídem 16 y 17/9). Ajá.

Tel Aviv, ante la posibilidad de que sus cuadros políticos y militares sean procesados en el exterior, reclamó que Estados Unidos, Rusia y otros miembros del Consejo de Seguridad involucrados en la invasión a Irak y Afganistán respondan “el golpe de la ONU a los países que luchan contra el terrorismo”. Después de una semana de “tenues reacciones”, la Casa Blanca criticó agriamente el informe por “desleal” hacia Israel y por minimizar “las agresiones de Hamas”. También rechazó que Israel sea juzgada en La Haya porque “tiene las instituciones democráticas para investigar y perseguir a los abusos”, omitiendo que esa investigación ya se hizo y Tel Aviv llegó a la conclusión de que había actuado en legítima defensa y acorde al derecho internacional.

Ury Avnery, destacado pacifista israelí, señala que su gobierno boicoteó al Comité de la ONU porque “sabía muy bien que cualquier comisión tendría que llegar a las mismas conclusiones”. Y aunque dice que la comisión investigadora anterior fue una farsa, propone formar otra para evitar la comparecencia ante La Haya. Si no, advierte, Israel dependerá exclusivamente de un veto de Obama en el Consejo de Seguridad, una medida que lo habilitaría a “cobrar un alto precio de Israel”. En la misma línea, el prestigioso periodista Gideon Levy reclamó: “Ahora que el informe está en camino a la Comisión Penal Internacional, y las órdenes de detención se conocerán en breve, todo lo que queda por hacer es establecer inmediatamente una comisión investigadora del Estado con el fin de evitar la desgracia en La Haya”.

Atajos inútiles. Un Estado ocupante y genocida, al que el mismo Levy califica de “Estado paria y detestado”, no juzgará las bases sobre las que fue creado y se sostiene, no se juzgará a sí mismo. La única alternativa consecuente para los demócratas israelíes es abrazar sin condiciones la causa de la liberación del pueblo palestino.