La ‘caducidad’ de Mujica

Defendió la impunidad e impuso un veto político

Partido de los Trabajadores, Uruguay

Después de que la ley interpretativa de la ley de caducidad sorteara todos los obstáculos -el desacato del senador del Espacio 609, Jorge Saravia, y la amenaza de no votar de Fernández Huidobro (quien renunció a su banca, luego de votar por disciplina partidaria)- José Mujica entró en acción. Días antes de que la ley se votara en Diputados, reunió a la bancada del Frente Amplio para pedirles que no la votaran. El veto político de Mujica se impuso en la sesión final, a través del diputado del Espacio 609, Víctor Semproni, que se retiró de la sala, quitándole así la mayoría al FA. De esta manera, quedaron de manifiesto los pactos políticos que tiene el gobierno con los militares y genocidas de la dictadura. Cabe destacar que Astori y Vázquez también salieron al cruce para que la ley no se apruebe. Tampoco existía la certeza de que si la ley se aprobaba, la Justicia habilitara los juicios y fueran encarcelados los terroristas de Estado que son protegidos por la ‘caducidad’.

El discurso de Mujica en el día del Ejército (un día antes de la votación en el Parlamento) había dejado en claro que defiende abiertamente la impunidad. Desplegó todo un programa de “reconciliación nacional” con los genocidas, tendió nuevos puentes a la ‘oposición’ derechista y le dio definitivamente la espalda a los familiares de desaparecidos.

Crisis en el Frente Amplio

En los días previos a la votación, se multiplicaron las cartas de renuncia al Frente Amplio, y el descontento de las bases frenteamplistas se potenció al punto de que muchos decían que estaban hartos de comerse sapos y abrazarse con las culebras (dichos populares del Presidente, frente a las sucesivas concesiones del gobierno a los capitalistas). A esto se le sumaron las amenazas de ruptura de algunos diputados y senadores, que planteaban que en esto estaba en juego la unidad del FA. Sin embargo, ante esto, el PCU, en el editorial del semanario El Popular, planteó con toda crudeza que no hay nada que los haga romper con el Frente Amplio: “Ante muchas cosas que se han dicho y escrito (…) sólo cabe recordar una definición que Rodney Arismendi siempre recomendó y aplicó: ‘El límite del debate ideológico en la izquierda es la unidad'” (13/5).

Quiere decir que la unidad no está limitada por el programa, sino el programa por la ‘unidad’, o sea con independencia del contenido de esta ‘unidad’ y con independencia de que encubra el ultimátum de una minoría. Esta orientación ha llevado al aniquilamiento del partido Comunista, una sombra de lo que fue, y acabará por ponerle el último clavo al ataúd. En medio de toda esta crisis, el PCU votó en conjunto con todo el FA y la derecha la ley de asociación público-privada que habilita las privatizaciones de las empresas públicas.

Miles se movilizaron

La votación de la ley se efectuó en el marco de una gran movilización y de un paro parcial del PIT-CNT, que rodeó el Palacio Legislativo. La bronca popular recorre las más amplias bases. Para decenas de miles de trabajadores, jóvenes, militantes de base de la izquierda, quedó manifiesta la “caducidad” del gobierno. Esto se expresó el 20 de mayo con la participación de 100 mil personas en la marcha del silencio, convocada todos los años por familiares de desaparecidos.

Las contradicciones propias de la etapa transicional que vivimos se han agudizado.

La defensa de la impunidad por parte de Mujica ha marcado un punto de inflexión en la situación política uruguaya, y para muchos fue la gota que derramó el vaso.

Del mismo modo que en España la nueva generación ha salido a la lucha, rompiendo con los gobiernos de derecha y con los falsos socialistas. En Uruguay, esa tendencia se expresa cada vez más, luego de la frustración de las expectativas populares en el gobierno de centroizquierda.

Ahora, más que nunca, es necesario poner en pie una oposición obrera y socialista al gobierno capitalista del Frente Amplio.