A comienzos de septiembre, se formó un nuevo gobierno en el Líbano, después de casi un año de negociaciones fallidas entre los distintos partidos. El mismo, ratificado por el parlamento, está encabezado por Najib Mikati, el hombre más rico del país, un magnate del sector de las telecomunicaciones que ya había sido primer ministro en tres ocasiones.

La designación de este personaje, que además aparece mencionado en las recientes filtraciones de los Pandora Papers por la compra de propiedades a través de paraísos fiscales, es una burla contra las masas, que se rebelaron en 2019 contra el acelerado deterioro de sus condiciones de vida al grito de “que se vayan todos”. Mikati, un sunita, llega al cargo como parte de los desprestigiados acuerdos de reparto del poder entre los distintos grupos religiosos, que reservan, a su vez, a los cristianos la presidencia (lugar que hoy ocupa Michael Aoun) y a los chiítas la jefatura del parlamento (puesto que está en manos de Nabih Berri, del Movimiento Amal -una fuerza que tiene una relación dual de competencia y cooperación con Hezbollah).

La hoja de ruta de Mikati consiste en retomar las negociaciones con el FMI para lograr un nuevo préstamo. Con una deuda que equivale al 170% del PBI, el país ingresó en default en 2019. Los bancos impusieron un corralito que impide la extracción de los depósitos en dólares, tolerando nada más que el retiro en la depreciada moneda local, que se devaluó un 90% en dos años, y a un tipo de cambio que está muy por debajo del valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo. El Banco Central acaba de convalidar esta confiscación, aceptando que se extienda por lo menos hasta comienzos del año próximo (como dato adicional, el titular de este organismo también está involucrado en los Pandora Papers). Los bancos vienen presionando para verse favorecidos por un rescate estatal.

El imperialismo norteamericano y europeo condicionan cualquier auxilio económico a la aplicación de reformas estructurales, o sea a un ajuste mayor sobre las masas. Pero la situación social en el país de los cedros ya es verdaderamente desesperante. Veamos algunos ejemplos:

• Al menos la mitad de la población vive en la pobreza (algunos medios elevan la cifra hasta el 70%). En especial, el millón de refugiados sirios vive en condiciones misérrimas.

 

• El desempleo se acerca al 40%.

 

• Los alimentos aumentaron un 628% en los últimos dos años (Al Jazeera, 11/10).

 

• Son recurrentes los apagones eléctricos, debido a la falta de combustibles para alimentar las centrales eléctricas (el 80% de los bienes se importan y escasean las divisas). A raíz del racionamiento, los hogares tienen luz unas pocas horas diarias. Hay generadores privados, pero los precios de los carburantes son muy elevados (como parte de la política de recorte de subsidios, el nuevo gobierno debutó con un aumento).

 

• La falta de energía eléctrica ha tenido su impacto sobre el sector sanitario, con el cierre de salas hospitalarias en plena pandemia. También escasean los medicamentos y el personal de salud se va del país.

 

Este cuadro calamitoso explica que en las crónicas de los medios internacionales, muchos habitantes afirmen que la situación es igual o peor a la de la guerra civil de 1975-1990. El régimen, sin embargo, insiste en encumbrar a los mismos personajes que hundieron el país y son repudiados por la población. El nuevo primer ministro es accionista de un banco, cuando estos son blanco de las protestas y del repudio popular debido al corralito. Su antecesor Saad Hariri, que fue eyectado por el levantamiento de 2019, volvió al poder en octubre de 2020, a raíz de la rosca política -aunque tampoco duró mucho tiempo en el cargo.

El malestar se incrementa como fruto de la impunidad en la causa por la explosión en el puerto de Beirut. En agosto de 2020, una deflagración dejó más de 200 muertos, miles de heridos y vastas pérdidas materiales. Las movilizaciones masivas lograron la salida del primer ministro Hassan Diab, pero el régimen viene montando un operativo para preservar a las autoridades implicadas en la investigación judicial.

En este cuadro crítico, apretar las clavijas del pueblo puede conducir a un nuevo estallido popular, en una nación que es clave para la preservación de los precarios equilibrios en la región.

Las masas necesitan retomar el camino de la rebelión para barrer con el régimen hambreador y corrupto, y abrir paso a un gobierno de trabajadores.