La clase obrera venezolana frente al chavismo residual

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La lucha de Sidor, una radiografía de la crisis en Venezuela: desorganización económica, escasez de productos básicos, inflación anual del 60%, contratos colectivos vencidos, incremento de la persecusión sindical y crecientes luchas obreras. Dos brutales represiones no pudieron doblegar la lucha de Sidor. En la industria automotriz, los trabajadores enfrentan despidos y suspensiones. El chavismo busca paliar la falta de dólares vendiendo activos de PDVSA y promoviendo una megadavaluación de la moneda. Maduro lanzó una consulta popular para legitimar un gasolinazo. La clase obrera y sus organizaciones como obstáculo fundamental para una reorganización plena de la economía al servicio del capital financiero internacional.

Los trabajadores de Sidor protagonizaron una lucha extraordinaria. Reclamaron un aumento salarial y el pago de un bono compensatorio por los cuatro años que lleva vencido el convenio colectivo de trabajo. En julio, el Sutiss, sindicato siderúrgico, lanzó una huelga que paralizó la planta. Cabello y Maduro atacaron la “guarimba en Sidor” como parte de un supuesto plan desestabilizador. Como recurso último, el gobierno intenta imponer un convenio trucho e ilegal, firmado a espaldas de los trabajadores por burócratas afines. Pero los obreros votaron en asamblea desconocer el convenio firmado, exigiendo el respeto a la autonomía sindical y el cumplimiento de sus reclamos. La lucha de Sidor se ramificó a la Corporación Venezolana de Guayana, donde el administrador estatal pretende desconocer un convenio colectivo firmado en junio. En la Ferrominera Orinoco se vive el mismo clima de lucha. En ambos lugares, los trabajadores estallaron cuando el gobierno homologó el convenio trucho de Sidor y adelantó pagos para planchar la lucha de los siderúrgicos, mientras que los trabajadores de la CVG y Ferrominera aún no vieron un bolívar de sus nuevos convenios.

Más luchas obreras

En la industria automotriz, cuya producción se desplomó, se vienen produciendo despidos y suspensiones. Ford, General Motors y Chrysler solicitaron la aprobación de más de 1.500 despidos, mientras cierran líneas de producción, suspenden y promueven retiros forzosos. La Futacc, sindicato nacional de trabajadores de automotrices y autopartes, promovió movilizaciones regionales en Carabobo y Bolívar, y marchó a Caracas, pese a una prohibición oficial, a exigir que el gobierno rechace los despidos y cese la importación de 13.000 autos de China.

A fines de junio, en Barquisimeto, trabajadores llevaron adelante movilizaciones “por el control obrero y contra la represión a la clase obrera”. En esa ciudad, trabajadores fueron condenados a varios años de cárcel. En Valencia, los trabajadores del grupo Polar (alimenticia) pelean por sus puestos de trabajo, que la empresa pretende suprimir en nombre de la falta de divisas para adquirir materia prima. Los recolectores de residuos de la empresa estatal Supra de Caracas enfrentan el hostigamiento laboral, la falta de uniformes y la paralización de camiones por falta de repuestos. En la avícola Beneagro, donde los obreros tienen tomadas las instalaciones, la Guardia Nacional Bolivariana intentó un desalojo para restituirla a los dueños que la abandonaron. Las luchas obreras tienen al gobierno de Maduro sentado sobre una olla a presión.

Bancarrota del nacionalismo

Tanto el caso de Sidor, como la industria automotriz, expresan la bancarrota del postchavismo. La gestión estatal en manos de la burocracia militar tiene a la empresa produciendo al 30 por ciento de su capacidad. Maduro aspira a paliar esta crisis mediante una asociación con capitales chinos -es decir, un principio de reprivatización. Este no es el único caso. Para obtener recursos, el gobierno se apresta a vender las joyas de la abuela”, la empresa Citgo, una red de refinerías perteneciente a PDVSA en Estados Unidos. Maduro espera obtener unos 10.000 mil millones de dólares para cubrir deudas inmediatas. La brecha actual entre el dólar oficial y el paralelo es de 1.200%. El déficit fiscal, que alcanza el 13% del PBI, se financia mediante emisión por parte del Banco Central Venezolano. Los bolívares son usados para comprar bonos de deuda de PDVSA que, al ingresarlos en la economía a través del pago a proveedores, aumentan la presión inflacionaria y la demanda de dólares en el mercado paralelo. Los precios se fijan sobre la base de un dólar paralelo que ronda los 70 bolívares, mientras el gobierno mantiene el dólar a 6,3. La pretendida unificación del tipo de cambio, que los funcionarios chavistas prometieron a sus eventuales rescatistas internacionales, sólo sería posible con una megadevaluación, que dispararía una espiral hiperinflacionaria en una economía paralizada. O sea, un rodrigazo.

Tarifazo y descomposición

Aunque el gobierno cede a las presiones de la boliburguesía y el capital financiero con diversos aumentos y remarcaciones, el principal desequilibrio de la economía venezolana aún no ha sido abordado: es el tarifazo de las naftas en el mercado interno. El Congreso del PSUV sancionó la necesidad de aumentar los precios del combustible, pero no cómo implementarlo, lo que quedó en manos de una conferencia económica del PSUV convocada para noviembre. Meter el gasolinazo antes de la unificación del tipo de cambio convertiría a la impopular medida en inútil.

Uno de los sectores que ven con desconfianza el aumento de las naftas son las Fuerzas Armadas, las principales beneficiarias del contrabando diario de 140.000 mil barriles de combustible a Colombia. El aumento del precio interno equipararía el costo del gasoil venezolano al colombiano, reduciendo el lucro negro. Maduro, que se mueve entre varios focos de tormenta, pretende evitar una ruptura del ejército que termine en un golpe. Por eso, coloca militares en los principales ministerios y multiplica los ascensos (214 generales en menos de seis meses contra siete en 2013).

Para la tribuna, Maduro cerró las fronteras con Colombia y desplegó tropas para frenar el contrabando, algo así como poner un zorro a cuidar las gallinas. Pero éste es sólo uno de los negocios y corruptelas de la descomposición del régimen. El Congreso del PSUV se vio sacudido por las denuncias del destituido ex ministro de Planificación Giordani sobre la entrega de 20.000 millones de dólares a empresas importadoras truchas. La derecha endógena, afincada desde puestos del Estado, obtiene divisas que luego utiliza para importar bienes que el Estado compra con sobreprecios. Según estimaciones desde 2003 se fugaron con estos métodos 180.000 mil millones de dólares. La corrupción estructural, plataforma de despegue de la boliburguesía y su fracción joven, los bolichicos, alimentó la reactivación del mercado inmobiliario de Miami y la compra por parte de banqueros venezolanos del banco español Novagalicia.

La estrategia del imperialismo

El congreso norteamericano votó un paquete de sanciones, retiro de visas y pedido de captura contra importantes funcionarios de Maduro por la represión a las movilizaciones opositoras de febrero. En ese momento, el imperialismo no cerró filas con los destituyentes López y Machado. En cambio, promovió junto al Vaticano las mesas de negociación, en la misma línea que Capriles, esperando que el gobierno haga el trabajo sucio del ajuste. Pero la implementación de sanciones no obedece a un cambio de estrategia por parte de imperialismo: su norte es la reapropiación de la totalidad de la renta petrolera a través del desmantelamiento de las regulaciones estatales y el fin de la tutela estatal en el ámbito laboral. Las luchas obreras reseñadas que se interponen son el obstáculo fundamental para una reorganización económica al servicio del capital financiero internacional. Sidor y las demás luchas expresan un principio de fractura de la base obrera chavista con el gobierno. Es una gran lección política para la izquierda continental que sigue militando en las filas del gobierno de Maduro en defensa del “legado de Chávez”.


Martín Corbatta