En un raid mediático internacional, en las últimas semanas se visibilizó un conflicto de meses entre el gobierno nacionalista de López Obrador y la comunidad científica, personificado en el debate entre María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y Antonio Lazcano Araujo, biólogo de la UNAM.

La noticia sobre la separación de Lazcano de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores generó una ola de acusaciones cruzadas entre la titular del CoNaCyT y distintos referentes de la ciencia mexicana, encabezados por el propio Lazcano. Mientras que desde el gobierno justifican esta decisión por “reiteradas faltas a las reuniones plenarias”, desde la comunidad científica denuncian una persecución política hacia el investigador de la UNAM por un texto publicado en la prestigiosa revista Science titulado “Quo vadis, Mexican science?” (¿A dónde vas ciencia mexicana?).

En dicha publicación, el biólogo denuncia un desguace presupuestario del sector CyT en su país, como así también el intento por parte de Álvarez-Buylla de que el estado tome control directo sobre los institutos de investigación, cambiando la ley de ciencia y suprimiendo los comités de revisión por pares y las juntas asesoras. La propia directora tuvo su derecho a réplica en la misma revista la semana pasada, donde desmiente las acusaciones y asegura que la actual administración está “haciendo más con menos”. 

Un gobierno Nac&Pop ajustador

López Obrador asumió la presidencia el pasado 1 de diciembre con una contundente victoria en las urnas y un discurso político antiimperialista. Sin embargo, esa fachada se derrumbó rápidamente. Es que la decisión de no ir a fondo contra el capital generó un agravamiento de su crisis económica; más aún, el sometimiento a Trump en política migratoria profundizó también su crisis social.

En un cuadro de fuertes recortes del gobierno para “combatir la corrupción del pasado”, el sector científico y tecnológico fue uno de los primeros en ser atacado. En mayo pasado, AMLO firmó un memorándum que establecía recortes del 30% al 50% en los montos asignados a los centros de investigación científica. Esto generó que más de 11.000 investigadores, encabezadxs por Lazcano, llevaran al Palacio Nacional una carta en repudio a esto.

La comunidad científica denuncia un 12% de reducción en el presupuesto del CoNaCyT, como así también la baja de los salarios y la anulación del seguro médico.

Álvarez-Buylla define al sistema científico internacional como “ciencia occidental hegemónica racional”. Desde su perspectiva, “es importante lo que se está haciendo en otros países en todas las áreas”, pero al mismo tiempo decreta la intervención del Estado en los centros de investigación, oficiando de filtro para las publicaciones. Con el objetivo de desarrollar un esquema “más eficiente”, el gobierno de AMLO prioriza “proyectos verdaderamente innovadores y con aplicaciones claras que tengan impacto para solucionar problemáticas de raíz en México”, desechando “trabajos científicos que carezcan de brindar significativas aportaciones”. Esta selectividad y orientación elitista que toma México en materia científica es repudiable y es una jugada de los gobiernos capitalistas que ya conocemos -en Argentina lo vimos durante estos años con el ataque sobre todo a las ciencias sociales-.

En su carta en Science, Lazcano afirma que esta dirección podría desalentar las colaboraciones internacionales, como así también la inversión en el sector y así generar una próxima fuga de cerebros.

Sin embargo, ambas posiciones tienen un punto en común. Es que en su afán de defender el sistema científico, el biólogo omite una crítica a los intereses capitalistas que existen hoy en la ciencia mundial, que son los mismos que llevan al gobierno mexicano a querer privilegiar los “temas estratégicos” que imponen las empresas a la investigación científica.

Por ejemplo, en febrero pasado se pidió la renuncia de la directora del Centro de Investigación Científica de Yucatán, dicen, por ser una histórica investigadora en el desarrollo de biotecnología mientras que Álvarez-Buylla es abiertamente opositora a los cultivos transgénicos. Este ejemplo es muy clarificador: mientras Lazcano lo denuncia sin repudiar el agronegocio, el gobierno de AMLO elige atacar a la investigación científica en lugar de a los capitalistas que se enriquecen con la transgenia a costa del medio ambiente y de la salud de las poblaciones.

Una orientación para el sistema científico internacional

Es indudable la injerencia que tiene el sector privado en las investigaciones científicas de todo el mundo. Este hecho consumado tiene fuertes repercusiones en la propia ciencia, ya que el desarrollo de distintas áreas se ve condicionado a que exista una retribución de ese conocimiento al capital internacional.

La presión de las farmacéuticas con la Química y la Biología, de las empresas de software con las Ciencias de la Computación, de las grandes ONG con las Ciencias Sociales, de las potencias imperialistas con las Ciencias Económicas, solo por dar algunos ejemplos, hace que lxs científicxs no seamos realmente quienes decidimos lo que investigamos, si no quienes elegimos qué investigar dentro de lo que el sistema nos ofrece.

Esa privatización de la ciencia va en contra del desarrollo mismo de esta, ya que el propio conocimiento científico se choca con el techo que le imponen los grandes capitales. Esto no es más que la propia contradicción del capitalismo, que es un obstáculo cuando las fuerzas productivas se desarrollan. Lxs científicxs tenemos que tomar en nuestras manos la responsabilidad de luchar por liberar al sistema científico de la opresión de las multinacionales y de los gobiernos, para así tener una ciencia independiente que esté a disposición de los pueblos trabajadores y no del capital.