El respiro que representó para el PT la victoria electoral en Sao Paulo duró menos de lo esperado. Contrariando hasta a sus más acérrimos enemigos políticos, el resultado del PBI brasileño derribó todas las esperanzas de Dilma y sus aliados de cerrar 2012 con números mínimamente presentables. Esto, después de un año en que las concesiones a las empresas privadas alcanzaron una dimensión sin precedentes.

La decepción con el PBI se debió, antes que nada, a la caída en picada del sector de servicios, en particular de la intermediación financiera como consecuencia de la reducción de las tasas de interés. Este hecho delata el carácter parasitario del boom precedente. Desde agosto de 2011, el Banco Central redujo de 12,5 a 7,25% la tasa básica, con la pretensión de estimular el consumo y facilitar la renegociación de las deudas empresarias. La expectativa de crecimiento pasó de 4,5 al 1%. La tasa de inversión cayó en los últimos cinco trimestres, y en lo que va del año, un 4%, por lo que acumula así una caída de la producción industrial del 2,9%.

Para los voceros de la gran industria, "el modelo económico brasileño basado en el consumo está agotado"; pretenden una reducción de los "costos del trabajo" por medio de una devaluación. The Economist calificó a la economía brasileña de "moribunda" y pidió montar un nuevo equipo económico.Pero los problemas del gobierno petista no acaban en el frente económico.

La operación Porto Seguro de la Policía Federal sacó a la luz un esquema de tráfico de influencias al más alto nivel de la estructura del gobierno, organizado nada menos que desde la oficina de la Presidencia de la República en Sao Paulo. Liderado por su coordinadora, Rosemary Noronha -cuyas credenciales se reducían a ser la amante de Lula, según ella misma se encargaba de ventilar públicamente-, el grupo se dedicaba a elaborar informes técnicos fraudulentos para favorecer a empresas privadas en contratos públicos. La consecuencia política principal, sin embargo, es que puede sepultar las aspiraciones de Lula de volver al Planalto en 2014.

Cuando faltan dos años para las elecciones generales, la ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvati, reconoció que la carrera electoral "ya está en la calle". Del otro lado, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso se apuró en lanzar la candidatura de Aécio Neves, gobernador de Minas Geráis. Otra manifestación significativa es la ruptura oficial con el gobierno de la Fuerza Sindical, el segundo aparato sindical del país. Hasta el momento ligada al brizolista PDT, que conduce el ministerio de Trabajo, FS estaría preparando el lanzamiento de un nuevo partido político para sustentar la candidatura presidencial de su jefe, Paulinho Pereira.