La crisis sin precedentes en la Iglesia católica chilena

Alcanza también al Vaticano

El 17 de mayo pasado fue el último día de reuniones entre el Papa Francisco y los treinta y cuatro obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, luego de la cual el conjunto de los obispos presentaron su renuncia como autoridad de la iglesia católica de ese país. Esto fue el resultado de los escandalosos casos de abuso sexual por parte de curas chilenos que fueron sistemáticamente encubiertos y negados por el episcopado chileno y el Vaticano. En esta oportunidad el Papa Francisco recibió un informe de 2.300 páginas que incluyen 64 testimonios de chilenos que sufrieron abusos. Estos, según dijo, lo llenaron de “dolor y vergüenza”. Sin embargo, las denuncias son de larga data y el mismo Papa que ahora siente “dolor y vergüenza”, en 2015 acusó a quienes se oponían del nombramiento en Osorno de Juan Barros, uno de los mayores encubridores del pederasta Karadima, de “zurdos” y desestimó cualquier denuncia.


El caso más conocido en el prontuario de abusos de la iglesia católica chilena es sin dudas,  el del mencionado sacerdote Fernando Karadima. James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz en 2010 hicieron pública la denuncia de abusos sexuales y psicológicos por parte de este párroco, responsable de la formación de decenas de curas. El caso se archivó en la justicia chilena por haber prescripto y en 2011 fueron reconocidas por el Vaticano. 


Fernando Karadima, a quienes todos conocían como “el santito” comenzó a ejercer como sacerdote diocesano a fines de la década del 50. Era el cura preferido de la alta burguesía chilena, relacionada directamente al pinochetismo, era cercano a Jaime Guzmán —cerebro de la Constitución de 1980- y a Eliodoro Matte —uno de los hombres más ricos de Chile. Los acusantes denunciaron que los abusos psicológicos y sexuales comenzaron en la década del 80, pero aparecieron también denuncias de la década del 60. Juan Barros era uno de los curas señalados por los acusantes por encubrir a Karadima ya que no solo fue informado de los abusos, sino que presenció algunos.


Al mismo tiempo que seguían apareciendo más casos de abuso por parte de “el santito”, estalló un nuevo escándalo; la Cofradía, un círculo hermético de más de una decena de funcionarios de la iglesia quienes se organizarían de manera jerárquica para cometer abusos sexuales de todo tipo.  La Diócesis de Rancagua tuvo que salir públicamente a anunciar que decidió suspender de sus funciones a 14 sacerdotes, tras tomar conocimiento de las denuncias de presuntos abusos sexuales. 


En Chile, el lugar de la iglesia católica y su estrecha relación con el Estado fue impreso con sangre a la sombra de la brutal represión pinochetista. Tan hondo caló la iglesia en la política chilena, que es quien ha formado en su Universidad Católica a la enorme mayoría de funcionarios del Estado y ha tenido una gran influencia en decisiones políticas muy importantes. La Iglesia católica en Chile es una verdadera potencia económica, dueña de innumerables propiedades, accionista en empresas. No olvidemos además que en Chile, por presión de la iglesia, la ley de divorcio se obtuvo recién en 2004 y que recién el año pasado se discutió la legalización del aborto en tres causales.



Disciplinamiento


Los lamentables casos de abuso por parte de funcionarios de la iglesia católica no son una novedad, sin embargo impresionan por su perversidad y porque generalmente se trata de abusos en los que también actúan sectores políticos, económicos o la policía, ya sea para encubrir o participar activamente de los mismos. Cuando los casos se vuelven escandalosos e innegables el Papa lanza un ridículo pedido de disculpas pero el Vaticano ha encubierto históricamente estos delitos porque entiende perfectamente que son parte de su ADN, una especie de “daño colateral” del rol disciplinador que debe cumplir en la sociedad. 


El abuso sexual es una herramienta de disciplinamiento brutal. La víctima se encuentra en una situación de debilidad total, generalmente se siente culpable porque siente que provocó el abuso. En el caso Karadima, donde algunos acusantes fueron víctimas de abuso siendo adultos, se puede ver claramente cómo la sumisión a ese ser supremo, que es el cura que transmite la palabra de Dios y es presentado como un “Santo”, puede sojuzgar psicológicamente a una persona al punto de inmovilizarla o hacerle creer que lo que sucede es correcto.


Mujeres movilizadas


Esta vez, el Papa Francisco, luego del papelón de haberse paseado en Chile con el cura Juan Barros, el mencionado anteriormente encubridor de Karadima, y haberle dicho a quienes lo acusan que “Piensen con la cabeza y no se dejen llevar de las narices por todos los zurdos que son los que armaron la cosa”, tuvo que dar un paso atrás y se vería obligado a remover buena parte de los 34 obispos que presentaron la renuncia. ¿Por qué?


La visita del Papa a Chile fue un verdadero fiasco, no solo fue repudiado por desestimar denuncias de abuso, sino que muy poca gente asistió a las actividades planeadas. A la baja popularidad de la iglesia católica y del propio Papa, indicada por numerosas encuestas, se suma un movimiento de mujeres chileno en alza que viene del triunfo del año pasado de haber salido de la vergonzosa lista de países que prohibían el aborto en tres causales. Hoy, a raíz de numerosas denuncias de abuso por parte de académicos, en 26 universidades el movimiento de mujeres exige protocolos para acabar con los abusos y menoscabos que sufren las mujeres tanto física como psicológicamente. La semana pasada miles marcharon para exigir el fin de la violencia y los abusos. 


El ascenso de un movimiento de mujeres que lucha por sus derechos, contra la violencia, los abusos, etc. inevitablemente choca con una institución que sistemáticamente se opone al avance de los derechos de las mujeres y a un Estado atado por mil y un lazos a ésta. A la iglesia católica chilena se la debe despojar de empresas, propiedades y todas las riquezas que le ha robado al pueblo chileno sobre la base de la sumisión, la represión y los abusos.  


La lucha por la separación de la Iglesia del Estado es fundamental para arrancar todos los derechos y para conseguir verdadera justicia a las víctimas de abuso. 



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