Hace cuatro meses, en julio pasado, los “líderes” del “mundo desarrollado” (Grupo de los 7), se reunieron en Tokio para anunciar “el más importante acuerdo comercial de post-guerra”. Se trataba de una rebaja generalizada de aranceles y de cuotas de importación, que debían incrementar el intercambio mundial. Con rapidez asombrosa, los analistas de renombre vieron en el anuncio el inicio de una nueva era del capitalismo mundial.

Pero bastó que pasara una semana del “histórico anuncio” para que los “líderes”, de vuelta en sus países, produjeran una “diferencia de interpretación” acerca de los alcances del mencionado “acuerdo histórico”. “Para la Comunidad Económica Europea, leemos en “El Economista” (5/11), el ‘acuerdo de Tokio’ proveía una fórmula para la reducción arancelaria generalizada. En cambio, para Estados Unidos, Japón y Canadá, el ‘acuerdo de Tokio’ constituía un objetivo que debía concretarse a través de negociaciones puntuales”. Casi enseguida, después de la reunión de Tokio, Peter Sutherland, director del GATT (Acuerdo General de Tarifas y Comercio), el organismo que “regla” el comercio internacional, había reconocido que “la ‘cumbre’ había fracasado en resolver cuestiones claves” en “agricultura, textiles y una serie de áreas marginadas de los accesos a los mercados” (Newsweek, 26/7).

Esta diferencia de interpretaciones volvió a revelar la profunda “impasse” en que se encuentran las principales potencias capitalistas y la dura lucha comercial en la que están envueltas. La situación, desde entonces, no ha hecho más que agravarse. Estados Unidos, por ejemplo, amenazó  recientemente a Japón con imponerle sanciones económicas a partir del 1º de noviembre si no abría su mercado de obras públicas a las empresas constructoras norteamericanas. Simultáneamente, se descubría en Japón una “tangente” (coimas a altos funcionarios) que “envuelve a las 6 más importantes compañías constructoras japonesas” (Financial Times, 27/10), en lo que no es más que un intento de quebrar el monopolio de ese puñado de contratistas nipones. Al final, EE.UU. pospuso la aplicación de las sanciones cuando el gobierno japonés anunció que liberaría el mercado de la construcción, aunque no especificó cómo lo llevaría a cabo.

La sospecha que existe es que la promesa de liberación sería sustituida por un nuevo reparto del mercado entre yanquis y japoneses, en detrimento de los rivales europeos y de otros países asiáticos.

EE.UU. también anunció represalias contra todos los países que restrinjan el acceso a su mercado financiero a los bancos norteamericanos. Para presionar en este sentido se dispone a aprobar una norma de “juego limpio en los servicios financieros”, que otorgaría “el derecho de EE.UU. a denegar la expansión de los bancos e instituciones financieras de países que no ofrecen similar acceso a las entidades norteamericanas en los términos de la ronda Uruguay del GATT” (Financial Times, 26/10). Esta medida venía siendo discutida desde hace tiempo, con muchas reservas por parte del anterior gobierno de Bush y de la Reserva Federal, el Banco Central de EE.UU., que la verían más como una excusa para limitar el acceso de los otros países al mercado financiero estadounidense que como un medio idóneo para penetrar los mercados extranjeros.

El caso del acero es significativo, porque las siderúrgicas de EE.UU. lograron incrementar sus precios internos y sus beneficios, gracias a que consiguieron hacer prohibir la importación de acero del resto del mundo, con el argumento de que esos países subsidian sus exportaciones.

Ahora la “guerra” se ha extendido al campo impositivo. “El tema se ha convertido en muy sensible en los últimos años, luego de las amenazas de EE.UU. de aumentar los impuestos a las compañías en EE.UU.” (Financial Times, 28/10). El argumento norteamericano es que las compañías extranjeras arman una “ingeniería impositiva” que minimiza su exposición al pago de impuestos en EE.UU. El gobierno norteamericano ha decidido usar la claúsula de “salida”  en los compromisos impositivos que discute el GATT para poder aplicar unilateralmente una política impositiva discriminatoria con las compañías extranjeras que operan en su territorio.

A tan sólo un mes de la fecha establecida para que concluya la “ronda Uruguay”, iniciada en 1986, la “guerra de posiciones” se ha acentuado. Parece existir un cambio en la estrategia de EE.UU., cuya política de decisiones y golpes unilaterales no apunta ya a doblegar en la mesa de negociaciones, sino a inviabilizar  cualquier negociación, hacer fracasar  las reuniones de comercio, con la finalidad de impulsar una política de decisiones unilaterales. El problema es que EE.UU. tiene simultáneamente una fuerte deuda externa con sus competidores, que si se retiraran del mercado de títulos públicos de los Estados Unidos, hundirían a éste en una abominable crisis financiera. Esto explica que los yanquis se manejen con cierta “sutileza”: hacen acuerdos con Japón, en el área construcciones públicas, contra Europa; con Europa, en materia textil, contra los países del sudeste asiático; con China, en materia financiera, contra Japón, etc.

Este es el marco mundial que afecta la posibilidad de una aprobación del NAFTA, el mercado común con Canadá y Méjico, porque la función que quiere adjudicarle la burguesía norteamericana al NAFTA,  es servirse de él para luchar contra Europa y Japón.

El comercio mundial ha perdido los pocos “marcos regulatorios” que aún quedaban en pie y ha entrado en un definitivo proceso de dislocación.

Que esto ocurra, cuando la especulación financiera llega a topes impresionantes, revela que es inminente un crac económico de incalculables proporciones.