La estratégica ley minera


En Bolivia acaba de sancionarse la ley minera. Es una pieza maestra de entrega y depredación ambiental y laboral.


La gran minería privada tiene hoy el 49% de las superficies en explotación (8.000 trabajadores), las cooperativas y unipersonales el 36% (120.000) y la minería estatal un 15% (8.000). La ley aprobada, con el acuerdo de la COB, da por válidos los 7.920 contratos vigentes hasta la fecha, que abarcan 2,5 millones de hectáreas en la proporción indicada. Además, en un período de cinco años, el Estado se compromete a entregar las reservas mineras en sus manos a los actores privados. Una proyección indica que se pasaría de 120.000 cooperativistas a 230.000 en una suerte de ocupación masiva de áreas armadas desde el Estado. Comibol -empresa estatal- no será más propietaria de los minerales que se encuentran en el subsuelo nacional y su lugar, a pedido de los cooperativistas, lo ocupará la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.


La preeminencia de los cooperativistas está en el corazón del régimen económico del nacionalismo “indígena”. Se trata de un sistema de explotación de fuerza de trabajo contratada por la cooperativa. Las cooperativas pagan monedas en impuestos, no asumen cargas sociales y tienen un régimen de depredación ambiental y laboral que ha vuelto a sacar a luz el término “mitayo”. Los grandes pulpos mineros se asocian con las cooperativas y le compran el mineral, lo que convierte a estas últimas en empresas tercerizadas, que acaparan la parte menor del valor agregado.


No hay fronteras en materia ambiental. El trámite para obtener autorización estatal para el uso de los recursos naturales -como el agua-ha sido reemplazado por el “acuerdo entre partes”, que luego se informa al Estado. Es la vía libre al atropello de los cooperativistas y las empresas, que tienen varios muertos en la pelea por los “acuerdos”. La ley, además, liquida la consulta previa a los habitantes de una zona para decidir sobre la afectación de sus recursos.