La expulsión de campesinos acentúa la lucha por la tierra en Brasil

En la mañana del 2 de mayo, 30.000 militantes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) ocuparon decenas de edificios públicos (la mayoría ligados al Ministerio de Finanzas) en 20 de los 27 estados de Brasil, incluidas sus grandes capitales (Brasilia, San Pablo, Río de Janeiro). La “jornada de lucha del 2 de mayo” se desarrolló en un cuadro de creciente convulsión social: una huelga general de los docentes de las universidades y obra de los docentes primarios del Estado de San Pablo y, por sobre todo, una masiva y prolongada huelga de camioneros (que en algunos estados del norte armaron piquetes conjuntos con los campesinos ‘sin tierra’).


Con esta movilización, el MST denunció la impasse de las discusiones con el ministerio de Reforma Agraria y reclamó tratar directamente con Cardoso y con Pedro Malán, ministro de Finanzas. Hace poco, el Ministro de la Reforma Agraria confesó su impotencia frente al veto que impone el ministro de Finanzas, un hombre del FMI, a las partidas presupuestarias destinadas a la compra de tierras para asentar a los campesinos y para financiar estos asentamientos.


En Curitiba, la movilización fue salvajemente reprimida. Cuando los ‘sin tierra’ intentaban cortar una autopista en la cercanía de la ciudad, fueron baleados por la policía. Un compañero resultó muerto, 40 fueron heridos (incluidos mujeres y niños) y 400 fueron detenidos. El MST denuncia que cinco de sus militantes fueron secuestrados en estos choques; varios testigos afirman haber visto cómo la policía baleaba en la nuca a uno de los ‘sin tierra’ desaparecidos.


Después de varios días de ocupación, los edificios públicos fueron desalojados. En parte por las amenazas de Cardoso de utilizar el ejército contra trabajadores desarmados. El principal papel en el desalojo, sin embargo, lo jugaron los partidos de oposición que presionaron sistemáticamente a los ‘sin tierra’ para abandonar los edificios ocupados. El PT fue el principal ‘articulador’ de este operativo contra el MST (ver aparte). Pero poco después, otros edificios públicos en el interior del país fueron ocupados y el MST amenaza con retomar masivamente las ocupaciones en las capitales si el gobierno no atiende sus reclamos. La lucha continúa.


Los explotadores preparan la guerra civil contra los ‘sin tierra’


La prensa derechista vio en la “jornada de lucha” del 2 de mayo “un notable cambio en la estrategia del MST” (O Estado de Sao Paulo, 4/5), que habría pasado de ocupar haciendas privadas a “atacar al poder político y a la democracia”. Reclamó que “las invasiones de los edificios públicos deben ser evitadas a cualquier costo pero, una vez consumada la violencia criminal, la desocupación debe ser inmediata y manu militari, sea al precio que sea” (ídem). Los explotadores brasileños quieren ver sangre de los ‘sin tierra’.


Al segundo día de ocupaciones, cuando Cardoso –después de calificar al MST como “subversivo” y “fascista”– amenazó con llamar al ejército y creó un cuerpo especial de policía para reprimir las ocupaciones, fue unánimemente aplaudido por los explotadores.


Cardoso califica como “fascistas” a los campesinos pobres y sin tierra pero no a los policías que los masacran a sangre fría, ni menos a los hacendados que arman bandas parapoliciales para atacarlos. En las mismas horas en que el MST ocupaba los edificios, una banda parapolicial atacó a los ocupantes de una “fazenda” en Sergipe, golpeando a decenas de mujeres y niños y quemando sus pertenencias.


Los latifundistas han salido a reivindicar abiertamente su “derecho” de formar sus ejércitos parapoliciales y a asesinar campesinos. Uno tras otro, los principales dirigentes “ruralistas” amenazan con “una guerra y muertes” si continúan las ocupaciones. Almir Guedes Soriano, que ha sido elegido hace pocos días como presidente de la UDR (que agrupa a los latifundistas) y representa su ala más dura, reclama, directamente, la intervención del ejército contra los ‘sin tierra’.


El fracaso de la política de Cardoso


La guerra de clases que se extiende en el campo brasileño tiene lugar bajo el gobierno que ha asentado más familias ‘sin tierra’ que todos sus antecesores: Cardoso asentó 400.000 familias en una superficie similar a la de Bélgica. Basándose en estos números, los funcionarios oficiales denuncian que la movilización del MST tiene “motivaciones ideológicas”.


Pero la lucha se ha vuelto más aguda porque pese a los asentamientos, el número de ‘sin tierra’ sigue creciendo. Es que la política oficial expulsa de la tierra a miles de campesinos y tiende a facilitar su concentración. Con la devaluación del real, por ejemplo, se beneficiaron enormemente los terratenientes que dedican sus tierras a producir para la exportación; los campesinos que producen para el mercado interno (deprimido por la devaluación) han quedado en ruinas y muchos de ellos han debido abandonar sus tierras.


La entrega de la tierra no alcanza a resolver la situación desesperante de los campesinos pobres: sin financiación, sin tecnología, sin acceso directo a los mercados, los asentados son rehenes de los pulpos comerciales y de los terratenientes que monopolizan el financiamiento del Estado.


La movilización campesina no sólo cuestiona el régimen de tenencia de la tierra sino toda la estructura económica y social del campo brasileño e, incluso, la inserción de Brasil en el mercado mundial. Raul Jungmann, ministro de la Reforma Agraria, lo dice sin pelos en la lengua: “El MST se está radicalizando contra el Estado y el poder público (…) no tanto porque procura la distribución de la tierra sino porque intenta convertirse en un partido campesino” (Clarín, 4/5). Para el “demócrata” e “izquierdista” Jungmann, que los campesinos tengan un partido propio es un acto “subversivo”.